Chihuahua, Chih.

No se puede entender proceso político, ni cultural en nuestra historia reciente sin la presencia del narco y la violencia exacerbada que representa, sobre todo, en los estados que más han resentido sus estragos en el norte del país. 

Desde las elecciones, estilos de gobernanza y la cotidianidad son fuertemente influídos por las dinámicas violentas del intercambio comercial que las actividades del crimen organizado (venta, trasiego y compra de drogas, armas y personas) realiza. 

La reciente fuga de reos del penal estatal de ciudad Juárez y el jueves negro en Culiacán solo son reflejo de la derrota del Estado mexicano frente al narco y sus pobres políticas sociales y de reinserción social.

El punitivismo del sistema carcelario que plantea una mayor persecución e incremento en las penas y que evade de modo recurrente la controversia de la prisión preventiva solo vulnera a las poblaciones tradicionalmente en riesgo: personas de la diversidad sexual, mujeres e infancias que, en la simulación, la esfera gubernamental no resuelve ni ofrece medidas que al menos a mediano plazo, sirvan para paliar la crisis de seguridad. 

Abunda el llamado “populismo punitivo” que se define como “la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales” que, en voz de Chomsky, “funciona por la manipulación informativa que genera un efecto balsámico al ofrecer soluciones fáciles y rápidas ante un fenómeno complejo”.

Éste se contextualiza en el avance del neoliberalismo, la dilapidación del Estado de bienestar y el avance de la ultraderecha, que particularmente en nuestro estado nos gobierna y cuenta con la mayoría en el congreso.

El fenómeno descrito ha servido para sobrepoblar los centros penitenciarios y aumentar exponencialmente el número de mujeres que los habitan. 

En la edición de diciembre de 2021 del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional se registra que la población femenil privada de la libertad se incrementó al doble en tan solo un par de décadas.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, en los últimos 3 años el índice de presas por delitos federales se disparó en un 400%. Quienes están en la cárcel pocas veces son jefas o sicarias, generalmente son quienes participan en la cadena más baja del narcotráfico y de modo recurrente, ingresando droga al penal. 

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, la proliferación de armas de fuego ha incrementado sustancialmente el número de feminicidios. En entornos de violencia creciente y la ausencia del Estado para procurar seguridad y justicia, la exposición y vulnerabilidad de las mujeres aumenta puesto que tomar su vida se ha convertido en una táctica más en medio de la guerra entre cárteles.

Los roles y estereotipos de género que hacen sublimar la maternidad o los vínculos amorosos, la precarización de la oferta laboral, la feminización de la pobreza, entre otros, son tan solo algunos de los elementos que han contribuido al alza de las mujeres en reclusión, lo que se agrava con condiciones procesales como la prisión oficiosa preventiva cuando en su mayoría, las mujeres asumen el riesgo de cometer delitos contra la salud precisamente por su precaria situación; por otro lado, se encuentra el tema de la falta de garantías al debido proceso cuando no se ofrecen traductores a mujeres indígenas que son presas fáciles para transportar droga o son acusadas en el contexto de impunidad generalizada.

El asunto no es privativo de México, es un asunto regional. 

WOLA, organización que se dedica a la incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, afirma que en países de América latina las penas por tráfico de drogas son más duras que las impuestas por violación o asesinato, y las mujeres acusadas de estos delitos tienen muchas más probabilidades de permanecer en prisión preventiva que los hombres y ahí permanecer durante meses o incluso años antes de que se demuestre su culpabilidad. 

En medio de un agresivo sistema de criminalización, estas mujeres y sus situaciones de vida son borradas, por lo que es muy fácil ignorar las circunstancias específicas que hacen que su encierro en prisión sea particularmente severo para ellas.

De cara a lo anterior es fácil entender porqué a la gobernadora le resulta sencillo ofrecer acciones rápidas y fáciles de populismo punitivo -como el ahora sospechoso abatimiento del Neto- para simular que hace algo para atenuar la crisis de inseguridad en tanto discurren sin aclarar sendos escándalos de corrupción como el que reviste a la torre centinela que ante los presentes hechos cuesta trabajo entender cómo su construcción abonaría a mitigar situaciones como la presente.

Por otro lado, la forma en que se está operando la política criminal en el estado, sin labores de inteligencia y una clara ausencia del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que oriente y asesore las acciones en materia de seguridad con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, las mujeres y las niñas están llevando la peor parte de esta guerra contra el narco.

@MarieLou Salomé