Chihuahua, Chih.

Una escena inédita ocurrió en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del domingo pasado: cinco de las once consejerías propusieron no validar la elección judicial del 1 de junio.

Nunca en la historia del INE, antes IFE, los propios consejeros electorales habían cuestionado tanto una elección al extremo de llamarla viciada, antidemocrática y con deficiencias legislativas de origen.

La moción no prosperó porque seis consejeros aprobaron la declaratoria de validez.

El escándalo ha pasado inadvertido para la mayoría de la población y prevalece una opinión favorable de la reforma judicial.

Según una encuesta publicada por El Financiero, el 52% evalúa bien o muy bien la manera en que se llevaron a cabo las elecciones judiciales.

Pero los datos muestran que se violó el principio de voto libre y secreto. El consejero Martín Faz explicó que en más de 19 mil casillas -el 23% del total- ganaron en bloque (straight win) los nueve candidatos a la Corte incluidos en los acordeones oficiales. Y en 61% de las casillas ganaron al menos seis de los nueve candidatos de los acordeones.

Para dimensionar lo improbable, Faz recuerda que existían 7 mil 468 millones de combinaciones posibles para elegir cinco ministras y cuatro ministros entre 64 aspirantes.

Acertar esa combinación por puro azar equivale a una probabilidad de 1 entre 7.47 mil millones, mientras que ganar el Melate, por ejemplo, exige "solo" una probabilidad de 1 en 32 millones.

En otras palabras, era 230 veces más fácil llevarse el Melate que replicar, sin inducción, el resultado que terminó imponiéndose en la elección judicial.

La consejera Dania Ravel exigió una indagatoria para saber quién diseñó, financió y distribuyó los acordeones. Advirtió, además, que en las casillas de votación ocurrieron otras anomalías: participación superior al 100%, boletas sin dobleces y paquetes sustraídos.

Si esos patrones se confirman, la inducción podría considerarse "generalizada y determinante", umbral que la ley exige para anular una elección federal.

Si a los candidatos de partidos se les demanda legalidad durante las campañas, a quienes impartirán justicia se les debe exigir pulcritud completa, sin gota de duda.

Hay un pecado de origen cuando un ministro o una magistrada es elegida mediante la inducción masiva del voto.

Esa fragilidad se vuelve aún más grave porque dos de los magistrados electorales que calificarán las elecciones intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030 provienen de este escrutinio cuestionado.

Sin embargo, esta crítica es de nicho.

Según la misma encuesta de El Financiero, el 45% de las personas calificó muy bien o bien la manera en que quedó integrada la Suprema Corte de Justicia. El 56% calificó muy bien o bien que la participación haya sido de 13 millones de personas.

Las impugnaciones que se presenten serán definidas a más tardar el 28 de agosto por el Tribunal Electoral.

En el caso de las dos personas magistradas electorales, será la Suprema Corte quien defina la validez de las elecciones, ya que la Sala Superior no puede ser juez y parte en esta decisión.

La gran indiferencia de la población respecto a la elección judicial permite que el gobierno se salga con la suya sin dar cuentas de las irregularidades señaladas.

No hay costo político ni movilizaciones en las calles ni disputas en el Congreso porque la elección ha pasado de noche en la conversación pública.

Nunca había habido una elección tan cuestionada desde dentro del INE que haya tenido tan poca resonancia en el debate público.

López Obrador perdió la elección presidencial de 2012 y denunció "la compra masiva de votos" mediante tarjetas Soriana.

Tildó de cínicos a quienes trivializaban ese delito: "Es de dominio público porque estamos hablando de millones de votos comprados" -acusaba entonces. Dijo que el recuento de votos fue "muy irregular" y que por lo tanto procedería legalmente mediante dos vías: la nulidad y la invalidez de la elección.

Hoy, su reforma judicial enfrenta el mismo reclamo.

La congruencia impone a todos los actores -y al gobierno en primer lugar- la obligación de esclarecer el financiamiento de los acordeones y cualquier otra práctica de coacción del voto.

Si no se aclaran las irregularidades, el precedente para futuras elecciones será devastador.

*Publicado por Reforma el 18 de junio de 2025