Chihuahua, Chih.
En los últimos días grupos conservadores han pretendido –siguiendo la inercia de iniciativas extranjeras no adecuadas a nuestro contexto- instalar una discusión sobre contenidos educativos que haciéndola pasar como una cuestión de derechos “preferentes” sobre padres y madres de familia cuando atañe a las infancias y adolescentes exclusivamente y que tiene que ver con la educación sexual, en el entendido de vetar o tener bajo vigilancia los enfoques de la misma y así decidir si las y los menores pueden recibirla, privando o permitiendo el acceso a dichos materiales.
Independientemente de que padres, madres o tutores legales de menores no pierden el derecho de educar y decidir el tipo de educación que sus hijas/os recibirán en ningún momento y que obvian enfatizar la obligación que tienen de hacer llegar este derecho y que niñas, niños y adolescentes son personas con derechos propios que nadie debe tutelar, transferir o negar, poco hemos abierto el espacio para hablar de que la educación sexual integral puede contribuir a un esquema democrático y de participación ciudadana a largo plazo.
En este y otros espacios nos hemos permitido compartir con estadísticas, hechos concretos y experiencias, sobre lo lesivo que iniciativas como el pin parental resultarían en la socialización de las infancias y la forma en que agravarían serios problemas sociales como la discriminación y el abuso sexual infantil, que por norma cultural y la pobre educación sexual que se imparte en casa, nos tiene en los índices más altos a nivel mundial.
Reiteremos, porque nunca está de más recordar que México es el más alto, globalmente, en violencia sexual contra niños y niñas y producción de pornografía infantil y que solo detrás de Brasil, somos el país que más crímenes de odio comete y cuando se pretende discutir sobre la solución a estas dolorosas problemáticas, lo que se dice es que la respuesta está en la educación; sin embargo, ¿cuál educación?
¿La que actualmente dan padres y madres en casa? Porque es esa precisamente y sin pin parental lo que nos tiene metidos en esta vorágine destructiva de la integridad de las infancias y que solapa normas culturales y dinámicas familiares que encubren la pederastia doméstica, porque se presume más importante el honor de los agresores sexuales que la salud mental y emocional de niñas y niños cuando las agresiones sexuales se dan al interior del hogar o son personas de autoridad quienes las cometen.
El pretendido veto que promueven grupos de derecha y ultra conservadores a través de fracciones parlamentarias como el PAN y el acéfalo PES solo vendría a acendrar más el problema porque la “perspectiva de familia” tiene como objeto mantener a la familia unida a toda costa a pesar de las infamias que se dan dentro de la misma.
Empero, el antídoto esta dado, opera hace 8 años a pesar de que aún en los centros educativos hay mucha resistencia para impartirlo y se llama Modelo de Educación Sexual Integral y se instaló desde la reforma educativa de 2011 incorporándose al plan y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria con una visión que considera parte de la sexualidad humana factores sociales, emocionales, de género y reproductivos.
Es decir, mucho más allá de lo que la sexualidad judeo-cristiana nos ha obligado a considerar en términos reproductivos, para descartar también discusiones como el empoderamiento que deviene cuando las infancias y juventudes se asumen sujetas de derechos.
La educación sexual integral es parte de la educación fundamental, entendiendo la educación como uno de los derechos más importantes que las infancias y juventudes poseen.
Su desarrollo no puede desligarse del desarrollo democrático de la sociedad porque contribuye a la calidad de la democracia por su relación con diversos enfoques: el de derechos humanos, el de las infancias y juventudes como actores del desarrollo social sostenible, el de desarrollo humano y salud, el de promoción y protección de derechos y necesidades socioeconómicas, el de derechos reproductivos, el de derechos sexuales, el de género, interculturalidad, intergeneracionalidad y el de desarrollo sostenible.
¿Cómo? Respetando, protegiendo y haciendo cumplir los derechos sexuales y reproductivos, logrando el acceso de la educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, asegurando que infancias, adolescentes y juventudes tengan acceso a la educación sexual integral, dentro y fuera de las escuelas, eliminando, así, la violencia contra las mujeres y niñas y velando por los servicios necesarios para la recuperación y protección de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
Y es que, además, la educación inclusiva para el desarrollo sostenible en su modalidad de rentabilidad reduce los costos de atención por VIH, otros riesgos de salud y embarazo adolescente; promueve el acceso universal a la educación y con él, la reducción de la discriminación contra las niñas, infancias con discapacidad, comunidades rurales e indígenas ensanchando las posibilidades de desarrollo y la base económica, porque quien tiene posibilidades de educarse, tiene un mayor acceso a condiciones de vida plena y lo más importante: crea la capacidad de exigir a los gobiernos rendir cuentas a través del ejercicio de sus derechos.
En este punto, es muy probable que considere disparatado hacer coincidir las puntas de dos discursos tan distintos como lo son el ejercicio de una ciudadanía plena y la educación sexual integral, pero no lo es tanto si consideramos que, si a niñas, niños y adolescentes, sabiéndose sujetos de derechos, comienzan con plena conciencia a ejercerlos, pronto estarán motivando los cambios necesarios para transformar sus condiciones de vida, dignificar sus gobiernos, reivindicando sus derechos.
Porque a la soberanía la antecede la autonomía y la ciudadanía, primero se ejerce en el cuerpo, para luego hacerlo en la sociedad y para ello se requiere conciencia y libertad.
Que no sea la experiencia de la sexualidad adulta la que medie y defina la sexualidad de las infancias porque, de a poco, se las está enfermando de adultez.
@MarieLouSalomé