Chihuahua, Chih.
La investigadora Adriana Borjas Benavente sostiene que “la campaña foxista constituyó un factor determinante en la configuración del modelo propagandista de comunicación política que existe actualmente en México… (a pesar de) que muchos medios mantuvieron su lealtad al régimen priísta; y con el propósito de que éste refrendara el poder lo ensalzaron, al tiempo que omitieron, distorsionaron y criticaron las acciones y discursos de los demás actores políticos”.
Recordemos que dos años antes de la elección presidencial del 2000, Vicente Fox -en aquel entonces gobernador de Guanajuato- dio a conocer su deseo de participar en la contienda electoral “a través de acciones, discursos y de una estrategia de mercadotecnia política invitó a los ciudadanos a conquistar el futuro juntos…”
Para Adriana Borjas “la irrupción inesperada de un político que abiertamente manifestaba sus pretensiones, inauguró una forma distinta de hacer política e imprimió un ritmo diferente a los tiempos electorales”. Porque en aquellos tiempos, “la campaña electoral a la Presidencia se iniciaba formalmente con la designación o ‘destape’ del candidato del PRI a la Presidencia”.
De esta manera, “a través de la creación de Amigos de Fox, una estructura que operaba de la misma manera que las redes comerciales de USA, consiguió allegarse recursos materiales y económicos para la campaña; pero, sobre todo, imponerse como el candidato idóneo del PAN, ya que demostró una base social de apoyo plural que numéricamente rebasaba la membresía panista”.
Después del triunfo electoral de Fox, los partidos de oposición se propusieron frenar el prolongado período de las precampañas; y en especial, proscribir su financiamiento. Posteriormente, las precampañas electorales fueron incorporadas al sistema electoral mexicano.
Al respecto, el investigador Jaime Cárdenas afirma que “las precampañas no pueden seguir admitiendo dinero privado -es una fuente de corrupción y de corporativismo- ni tampoco en ellas puede haber contratación de medios electrónicos, porque se trata en los hechos de campañas anticipadas que rompen con la equidad y autenticidad de los procesos electorales”.
Sin embargo, a pesar de que la ‘Tremenda Corte’ ha establecido criterios jurisprudenciales en el sentido de que las precampañas constituyen parte del proceso electoral, “los propios partidos políticos, la ausencia de normas específicas en la legislación electoral ha dado lugar a la discrecionalidad y abuso tanto en la duración de las precampañas como en el uso de recursos por parte de los aspirantes a obtener una candidatura”.
El ejemplo más reciente es el de López Obrador, quien en su calidad de presidente de Morena, recorrió el país por más de tres años haciendo proselitismo político-electoral, con la abierta complacencia del PRI y del PAN. Esta tolerancia se sustentó en la ingenua idea que “AMLO no gana, cuando mucho sube su votación”.
En lo que respecta a los legisladores, federales y locales, un criterio del TRIFE precisa que toda vez que la legislación electoral “no prevé una fecha expresa y determinada para la rendición de informes de gestión legislativa -para evitar su postergación de manera indefinida- debe delimitarse su realización a una sola vez al año, después de concluir el segundo periodo de sesiones ordinarias”
Pero, para los políticos mexicanos las leyes se hicieron para violarse. De tal manera que los “informes legislativos” se han convertido -de hecho- en descarados actos de pre-pre-campañas. En los que se trata de demostrar, públicamente, a sus futuros contendientes, los apoyos políticos que ‘avalan’ su chapulinazgo político, a través de su próxima (¿?) postulación a otro cargo público.
Dígame usted, amable lector, ¿Qué diablos puede informar un legislador, como para realizar eventos multitudinarios? Nada. Así las cosas, habrá que denunciar (o cuando menos documentar) ante los órganos jurisdiccionales electorales a la nueva generación de “vicentes foxes”.
