Chihuahua, Chih.

El 10 de agosto de 2003 Amnistía Internacional publicó “México: Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua” (AMR 41/026/2003/s), que es su primera investigación sobre feminicidios a nivel global.

Es tan lejano el recuerdo que hasta parecen imágenes percibidas a través de una especie de bruma, como si hubiesen sido cosas que vivimos, vimos, o sufrimos en un pasado más que remoto; sin embargo, para decenas de miles de juarenses y chihuahuenses fue una más que vívida tragedia, que luego, después de una decena de años en los que la noticia que no se esperaba, pero que se repetía diariamente, la de los cuerpos femeninos encontrados en los lotes baldíos.

Primero en Juárez, en números que avasallaban a la voluntad ciudadana, y luego en Chihuahua, en un número menor pero que igualmente concitaban el dolor, la impotencia y la indignación, para, a continuación, la oleada de fuego y sangre que envolvió especialmente a las dos grandes urbes chihuahuenses.

Eran los inicios de la década de los 90’s del siglo pasado y los dos gobernantes de esa década actuaron de la misma manera, -como si fuera un patrón ante las muertas, las primeras de las cuales recibieron la genérica denominación «de Juárez»- luego aparecerían las «Muertas de Chihuahua»: La mayoría de los crímenes-feminicidios no fueron, ni han sido resueltos; casi todas las familias debieron actuar por su cuenta en la búsqueda de su familiar desaparecida o muerta; fueron numerosos los casos en los que presentaron «chivos expiatorios» y a pesar de los avances jurídicos o institucionales en el combate a los feminicidios y la impunidad, la tragedia solo cambió de escenario pues apenas la sociedad chihuahuense se recuperaba de los feminicidios cuando apareció la racha más violenta en la historia de Chihuahua.

Y el recuento de lo efectuado por la autoridad en este tema se parece al de los feminicidios.

En todos esos años, como ahora, ha sido la sociedad la única que ha salido al frente, para encontrar a las muchachas, sus hijas, nietas, sobrinas, esposas. A lo largo de estos años supo hacerlo (por supuesto, casi siempre inermes y con la obstaculización gubernamental) y contribuyendo a la creación del nuevo marco legal vigente en México, que Amnistía Internacional (AI) ha compendiado magníficamente en su informe «30 años de muertes Intolerables».

En él, AI se hace una pregunta obligada «¿Qué ha cambiado en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en México a lo largo de estos 30 años?», pregunta que adquiere mayor pertinencia cuando el primer presidente emergido de un partido de izquierda confirmó que no ha asimilado-no sabe nada acerca de la violencia de género, que es uno de los principales problemas de la sociedad mexicana del momento.

Lo hizo en el momento en que se quejaba de «sufrir» violencia de los que considera sus adversarios-enemigos: «Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí ¿no es violación de género o el género es nada más femenino?»

El cuestionamiento de López Obrador desató la polémica en redes sociales en las que muchas mujeres le recomendaron tomar un curso sobre género.

Quizá lo anterior explica la escasa empatía mostrada por el presidente a las actitudes misóginas, a los feminicidios y a las familias de las víctimas de ellas, así como a los parientes de las y los desaparecidos, en un momento en el que se cometen diariamente 10 feminicidios en el país.

El informe de AI asienta que a mediados de los 90’s se reconocía que «la brutalidad con la que los victimarios secuestran y asesinan a las mujeres en un número significante de casos va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer”, pero pasaría más de una década para que se iniciara el proceso «de tipificación de los asesinatos de mujeres por razones de género, mejor conocidos como feminicidios y ese es un primer gran cambio».

El segundo sería la creación del andamiaje jurídico e institucional creado «para la tutela y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México». 

En ello fue cardinal la participación de las familias de las víctimas y sus organizaciones propias, y las creadas en el seno de sociedad civil organizada, en las que Chihuahua contribuyó, en esos años, como ninguna otra, a nuestro pesar pues tales aportaciones fueron provocadas por la enorme tragedia que vivíamos.

Eso explica, sigue el informe «que hoy tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 32 leyes homologadas en cada una de las entidades federativas; que contamos con el tipo penal del feminicidio, con protocolos y lineamientos que detallan cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres».

Y hace un recuento, puntual, riguroso de lo alcanzado gracias a esas participaciones: Mecanismos para el adelanto de las mujeres (institutos o secretarías); Fiscalías Especializadas para la Investigación del Delito de Feminicidio; Centros de Justicia para las Mujeres; y Policías de Género.

A pesar de todo lo anterior, la situación «para nada es positiva» pues lo ocurrido en Juárez y Chihuahua no es un hecho aislado ya que los feminicidios se han convertido en un problema nacional, incluso por niveles superiores a lo sufrido por los chihuahuenses.

Y asienta, «sin temor a equivocación que hoy no hay una sola entidad federativa libre de feminicidios, que ninguna de las instituciones de procuración de justicia investiga adecuadamente las muertes violentas de mujeres, por lo que, como en 2003, son las familias y conocidas quienes organizan las búsquedas y recaban las pruebas; la impunidad en ese delito continúa rondando el 98% y las familias de las víctimas, como entonces, son violentadas por las propias autoridades».

Es de tal gravedad la situación que AI recomendó la instauración de una «reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia», pues, afirma, «las fiscalías son cascarones vacíos, carecen de personal técnicamente calificado, de equipo, de recursos que les permitan cumplir con su deber de investigar con la debida diligencia los feminicidios».

El recuento de las carencias es apabullante: «México carece de una política pública para la prevención de este crimen de género, los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia son insuficientes y deficientes, como lo muestran los cientos o miles de mujeres que han sido víctimas de feminicidio pese a que tenían una medida de protección».

Al final del prólogo del informe, Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional escribió: «Por Lilia Alejandra García, Silvia Arce, Griselda Mares, Paloma Angélica Escobar, Rosalba Pizarro, Julieta Marleng González, Yesenia Concepción Vega, Minerva Torres, y por las miles de víctimas de feminicidio que hay en México, seguiremos saliendo a tomar las calles, que son nuestras ¡Hasta que podamos vivir libres, seguras y sin miedo!»

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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