Chihuahua, Chih.

Hay un legado, muy importante de los sectores más avanzados de la sociedad mexicana que de ninguna manera puede desestimarse: el de la lucha por construir un entramado institucional que preservara más allá de las fuerzas gobernantes, la vigencia de los derechos de los mexicanos.



En esa orientación y bajo ese influjo (en el que, por supuesto, participaron muchos de quienes son hoy poderosos gobernantes) nacieron instituciones y conceptos –muchos de ellos amparados en sus respectivas legislaciones– que hoy tienen plena legitimidad: Las comisiones de derechos humanos; la separación del Gobierno de los órganos electorales; los institutos electorales; los institutos y leyes de la transparencia; la fijación de reglas para la determinación de las partidas de los presupuestos a entidades y municipios; la creación de las auditorías superiores; la de los institutos de mujeres; de las fiscalías especializadas en combatir los delitos contra la familia y las mujeres; las regulaciones en contra de la discriminación; la lucha por convertir a las fiscalías en autónomas; por hacer que los delitos cometidos por militares, en los que estuvieran involucrados civiles, fueran de la competencia civil; la desaparición de las partidas secretas del presidente y gobernadores, y tantas otras.



Una de ellas pareciera ir rumbo a la derrota: la de evitar la militarización la lucha contra la delincuencia y, por tanto, la de la sociedad.



La creación –o más bien dicho, la transformación– de la Guardia Nacional pareciera ser la siguiente etapa de la estrategia creada en la década de los 70 para combatir al tráfico de drogas.



Esta estrategia ha sido señalada por todas las autoridades internacionales como fuente principal del crecimiento y fortalecimiento de ese fenómeno y de la degradación social e institucional de la totalidad de los países en los que se estableció.



López Obrador propone que las fuerzas armadas se conviertan en la principal fuerza de seguridad pública en el país mediante la creación de la Guardia Nacional que se integraría con elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.



Nadie, en el mundo, se atrevió a tanto; las experiencias negativas son infinitas.



Ahora bien, si nunca se puso en marcha un plan para fortalecer verdaderamente a las policías, como asegura en la exposición de motivos la iniciativa de Morena, ¿es motivo suficiente desechar tal objetivo?



El problema es que los militares están entrenados para eliminar al enemigo, no es lo suyo detener a los presuntos delincuentes, sino eliminarlos.



La propuesta de AMLO critica la “lógica de guerra” aplicada en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, “que agravó la inseguridad ciudadana, generó una catástrofe de derechos humanos” y argumenta cosas idénticas a las usadas por sus predecesores: “El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada”.



A diferencia del origen de la GN, que tenía un claro carácter civilista, la propuesta tendrá un claro carácter castrense en la cual al mando civil le asignan solamente las tareas de la planeación, elaboración de programas y acciones.



El súmmum de la discrecionalidad es el artículo 5 Transitorio de la propuesta:



“QUINTO. En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional… la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación…”.



¿Hacer una evaluación, en qué términos? ¿Con quién del Legislativo? ¿Cómo? ¿Cuáles serán los parámetros de la evaluación? ¿Y si se decide que, transcurrido el plazo, se continúa con esta transitoriedad, cuál titular del Ejecutivo presidirá la evaluación, AMLO o su sucesor?



¡Cuánta improvisación ante tema tan trascendente!



Parte esencial del gobierno de López Obrador debiera ser la consolidación de un nuevo armado institucional, y en éste, el del fortalecimiento del aparato policial del Estado Mexicano, que pasa, no por el del aparato militar.



No se puede pensar en el uso de la GN como instrumento esencial para abatir la violencia en los grandes centros urbanos, y no sólo de las dimensiones de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León o Puebla, sino, incluso, en las de poblaciones menores como Chihuahua, Juárez, Culiacán, Veracruz, etc.



Claramente las dimensiones y grados de la violencia existentes en ellas son diferentes y casi podríamos asegurar que en la mayor parte de los casos lo necesario para afrontarla tiene que ver más con las operaciones de inteligencia, es decir las de la investigación y las del combate a la corrupción en distintas esferas de la estructura gubernamental, pues es evidente que las mayores fallas de la seguridad pública se encuentran en los elevados índices de impunidad, en el muy consolidado entramado de autoridades policiales, militares y judiciales con el crimen.



Nadie podrá argumentar –válidamente– que lo siguiente es un caso aislado, atípico. Al contrario:



El miércoles fue asesinado en Juárez Roberto Olivar Romo, a quien apodaban “El Garfield”. Como en casi todos los casos semejantes, las autoridades nos espetaron que el muerto era uno de los delincuentes más buscados por la policía.



Pero resulta que “El Garfield” era sobreviviente de una ejecución, tres meses atrás y que tenía suficientes antecedentes como para cuestionarse la actuación de distintas autoridades, pues el 10 de octubre del 2009 fue detenido por un “problema intrafamiliar”. Casi dos años después, el 3 de septiembre del 2011, fue detenido por robo y el 31 de mayo del 2013, por homicidio.



El 10 de octubre del 2014 ya estaba libre pues fue detenido –nuevamente– por un “problema intrafamiliar” y el 16 de noviembre del 2016, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.



¿Qué autoridad le dio seguimiento a las actividades de persona potencialmente peligrosa para la sociedad?



Como ésas, infinidad de preguntas; y como este caso, miles.



¿Para ellos no sería lo más conveniente la conformación de una agrupación policial, con las suficientes capacidades, de todo tipo, que pueda acometer todas las facetas de la violencia en el país, en especial las que investiguen y fiscalicen todo lo referente al tema económico y de finanzas de delincuentes detenidos, policías, jueces, magistrados, procuradores de justicia, jefes policíacos, etc., desde el más abajo en el escalafón, hasta los más altos jefes?



No es poca cosa lo ocurrido en el país en esas dos décadas, que llevó, además, a que sea impostergable investigar a las empresas y bancos que sospechosamente manejan sumas increíbles de dinero en efectivo.



Todo lo anterior, obviamente, y como lo ha sostenido López Obrador, poniendo el acento en el combate real a la pobreza, a la marginación y a la desigualdad.



Pero si enfrentamos –como sociedad– un problema de muchas facetas, del mismo modo se deberán crear los mecanismos diferenciados para hacerlo.



De ahí que el plan de seguridad para varios municipios del occidente de Chihuahua –con alta prevalencia de los grupos criminales, fuertemente pertrechados, que hacen uso y alarde de su fuerza– deba ser diferente a la de ciudades como Delicias, Cuauhtémoc y Parral; y muy distinta a la de las ciudades mayores del estado, Juárez y Chihuahua.



Para hacer tal, en nuestra opinión, no sería necesaria la creación-transformación de la GN, sino la conformación de una poderosa e inteligente institución policial federal.



La experiencia en el uso de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico no es para desecharse:



… Un estudio del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) mostró que el índice de ‘letalidad perfecta’ creció dramáticamente durante la supuesta ‘guerra contra el narco' ordenada por Calderón. Entre 2007 y 2011, según el estudio, el 86.1 por ciento de los civiles asesinados que presuntamente confrontaron a las fuerzas federales fueron abatidos con ‘letalidad perfecta’, es decir, en ataques donde sólo se registraron muertos, pero ningún herido. Todo esto sin investigaciones ministeriales que demuestren que los civiles asesinados tenían algún vínculo con el ‘crimen organizado’.



La Marina tiene el mayor índice de letalidad: 17.3 muertos por cada civil herido. Le sigue el Ejército mexicano con 9.1 muertos por herido y después la Policía Federal con 2.6 muertos por herido. Los investigadores del CIDE señalan además que la violencia aumenta un seis por ciento con cada combate y durante un período de tres meses.



Y todavía más grave: de los 3 mil 327 enfrentamientos documentados, un 84 por ciento fue provocado por agentes del Estado. Sólo el siete por ciento fueron agresiones directas contra las fuerzas armadas federales. Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, interpreta los datos sin ambigüedad: ‘Los altos niveles de letalidad y letalidad perfecta son un indicio muy fuerte de que estamos ante ejecuciones extrajudiciales o ante el uso desmedido de la fuerza pública’: Oswaldo Zavala en “Los cárteles no existen”.