Chihuahua, Chih.

El lunes 28 de junio, el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, con el que sostuvo una conversación durante 2 horas. 

Declaró a medios nacionales y locales que la reunión fue positiva para ambas partes ya que “limaron asperezas” sin dejar de reconocer que “tenemos muchas más coincidencias que divergencias”.

 “Fue una reunión muy franca, muy respetuosa y debo agregar, afectuosa”. No solo eso, dijo que encontró a un presidente de la República “receptivo y empático” en relación a los planteamientos que abordaron, dijo a la Jornada.

No me sorprende ni convence en lo absoluto su declaración. La mayoría de los políticos tienen la costumbre de “quedar bien con todos y mal con nadie”, pero siempre terminan quedando mal con propios y extraños.

El gobernador Javier Corral Jurado es muy afín a ese hábito que se sustenta en el lenguaje obscuro, enredado y confuso que la Real Academia Española define como “discurso o escrito embrollado” que lo seduce a tal grado, que, sin recato alguno, termina mintiendo a todos y desmintiéndose así mismo.

Los temas que abordó Corral con el presidente fueron, de entrada, la crisis financiera que enfrenta al cierre de su administración estatal ante un alto déficit operativo y pasivos de sectores claves como la salud, la educación y la seguridad, el narcotráfico en la frontera y la sierra; el incremento del flujo creciente de migrantes de Centroamérica y desde luego, también “el proceso de extradición” del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, procesado penalmente en Miami

Temas relevantes para los chihuahuenses que, hay que decirlo, el gobernador desdeñó e hizo de ellos un galimatías con sus ambigüedades, durante los cinco años de su gestión. 

Por ejemplo. En un principio afirmó que no iba a firmar el convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar Social (INSABI) que él consideró que era un sistema de salud vertical, centralista y burocrático. En la reunión que sostuvo en Cd. Juárez con el presidente de la República a mediados del mes de enero de 2020, se retractó y públicamente dijo que sí iba a firmar el convenio referido, como “Estado no adherido”, por lo que, en voz de su secretario de Gobierno, dijo que “bajo ningún motivo el Estado cederá la infraestructura médica a la federación y los pasivos que se tienen en el sector salud. El estado se encargará de nóminas y operación de hospitales y Centros de Salud, pero la Federación destinará insumos y medicamentos”, dijo ufano.

En materia educativa, fue peor. Durante su campaña electoral prometió: “Vamos a trabajar de la mano de nuestras maestras y nuestros maestros; vamos a reivindicar la figura del profesor…, en mi gobierno vamos a respetar sus conquistas laborales…, vamos a respetar la jubilación dinámica. Nosotros no vamos a correr a ningún profesor por la evaluación educativa…”, dijo vehemente en 2016 el hoy mandatario estatal en retiro. Ninguna de las referidas propuestas se cumplió. 

Por lo que se refiere al combate a la inseguridad y la violencia, nuestra entidad es un fracaso. Ocupa uno de los primeros lugares de homicidios y violencia de la República, que mes tras mes se exacerba cada vez más, particularmente en Cd. Juárez enclave del tráfico de drogas y de migrantes, y poblaciones de la zona serrana que controla el narcotráfico.

No obstante, de buenas a primeras, el gobierno del Estado rompió relaciones de las corporaciones policiales y la fiscalía con la Guardia Nacional, por órdenes del mandatario estatal, que espero, se coordinen de nuevo en bien de los ciudadanos.

Es indudable que tema nodal que más le interesa al gobernador es la extradición de César Duarte, eje fundamental de su Operación Justicia para Chihuahua, que le abrió las puertas al gobierno del Estado, en 2016,  con el apoyo del abogado, activista  y fundador de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, quién el 23 de septiembre de 2014, interpuso denuncia penal en contra del ex gobernador César Duarte y su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero de 65 millones de pesos depositados a Unión Progreso, a la cual desviaron también 80 mil millones de pesos del erario para solventar se convirtiera en Banco.  

La PGR le dio largas al asunto y protegió a los imputados,--entre ellos a Jaime Herrera que posteriormente Corral lo calificó como “testigo protegido”-- por lo que el 28 de noviembre de 2016, Unión Ciudadana interpuso ante la fiscalía general del Estado de Chihuahua, una nueva denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y, peculado, que posteriormente, el gobernador Corral corroboró con el expediente “Nomina Secreta” que la Fiscalía localizó en la caja fuerte de César Duarte en su casa de Parral, en la cual tenía la lista de diputados locales del PAN, PRI, PRD; periodistas y sacerdotes, entre ellos, Maru Campos, presunta sucesora de su mandato.

Veremos y diremos, en lo que resta de su administración, si Javier Corral logra recuperar la “joya de la corona” de la Operación Justicia para Chihuahua con la extradición de César Duarte y el enjuiciamiento de su ex correligionaria partidista en proceso, antes de que asuma el poder ejecutivo y consecuentemente, el fuero constitucional que la protegería y pondría fin al proceso judicial en su contra, que como es de dominio público, sigue en el limbo.

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