Chihuahua, Chih.
A pesar de ser uno de los principales problemas sociales, de urgente atención y con las más terribles consecuencias, en una lamentable y negligente omisión, esta legislatura dejará pendiente la mal denominada “Ley Antichancla”, de la que todo apunta se irá a la congeladora a dormir el sueño de los justos.
Y nunca mejor aplicado el término, ya que era de todo sentido de justicia y reparación de daño social haber hecho lo propio para darle herramientas a las instituciones y a la sociedad para culturalmente motivar el cambio a la salvaje noción de que las niñas y los niños pueden ser sujetos de castigos corporales para ser “corregidos” o peor aún, “educados”.
Desde el nombre se demuestra el arraigo de la costumbre de golpear para corregir. Esta forma parte de nuestro imaginario -al menos en México- con una mujer-madre furiosa incapaz de contenerse con una chancla en la mano imponiéndose a través del terror que provoca la agresión; en el caso de los hombres, al “educar” a sus hijos varones trasmiten la construcción violenta de la masculinidad que todo arregla de la misma manera; lo anterior, a pesar de que toneladas de ciencia y estudios psicológicos han demostrado que el abuso y la agresión física no tienen efecto positivo en las infancias y provoca graves daños a la salud mental a corto, mediano y largo plazo, eventualmente, a toda la sociedad.
Y es que tras la aprobación en el Senado de la reforma que prohíbe el castigo corporal y humillante a niñas, niños y adolescentes, como método correctivo o disciplinario, que posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que se instó a los estados a realizar lo propio, que para Chihuahua, el Código Civil de nuestro estado faculta, en su artículo 400 a “quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo”. Y aunque es específico al señalar que “La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica”, con el fin de cumplir con el artículo 300 tercero, que “están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar”, no prohíbe el castigo corporal tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el Estado de Chihuahua. (17 febrero 2020/El Diario de Chihuahua. Redacción).
Pero, ¿qué es el castigo corporal? Se define ahora como “cualquier acto cometido contra niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluidos golpes con la mano o con cualquier objeto, empujar, pellizcar, morder, tirar del cabello u oídos, obligándolos a mantener posturas incómodas, quemaduras, ingestión de alimentos u otros productos hirviendo o cualquier otro acto que tenga por objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve”. No dejemos al margen el castigo humillante, que comprende un trato ofensivo, degradante, devaluado, estigmatizante, ridiculizante y despectivo. Además, la ley establece que todos los miembros de la familia, especialmente niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a que se les respete su integridad física, mental y emocional para contribuir a su sano desarrollo.
Puesto así, reconocer y atender la problemática pareciera una alternativa para la erradicación de la la violencia de género porque se deja de enseñar a violentar, al cuidado urgente y obligatorio de la salud mental de las personas y la comunidad, a construir una cultura de paz; entonces, ¿cómo se entiende que en Chihuahua persista la necedad de seguir negando a la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes tengan una vida libre de violencia para un desarrollo pleno?
Pues porque hay grupos que se abrogan el derecho de seguir ejerciendo conductas criminales; estos son los llamados “pro-familia” que presionaron para detener el dictamen para la homologación de la legislación federal y marcos jurídicos internacionales con los que el estado se mantiene en la tradición de un par de siglos atrás; tampoco pueden dejarse de mencionar las complicidades: la de Martha Lemus del extinto PES y la de Lourdes Valle de Morena, que vienen trabajando tiempo atrás en contra de los derechos de las infancias y las mujeres y que ratificaron operando políticamente el pasado jueves 1 del presente mes, al ausentarse de la sesión de la Comisión de Juventud y Niñez para impedir quorum legal para desahogar el tema.
Todo lo anterior es una pequeña muestra del pensamiento obscurantista que prevalecerá si la ciudadanía no construye una férrea defensa de las conquistas sociales logradas y que se tradujeron en una batería de derechos que se encuentran en riesgo de perderse por la influencia de quien está a favor de golpear a niñas y niños y del avance de las mujeres en todos los ámbitos.
Y a las legisladoras, que se vieron beneficiadas de las luchas de las mujeres y que ahora van en contra de ese mismo espíritu…
Que las infancias se los demanden y la sociedad a la que se le negó la posibilidad de aplicar una de las fórmulas más básicas e importantes para abatir la violencia exacerbada, también.
@MarieLouSalomé
