Chihuahua, Chih.

I.- El escándalo de los uniformes en el Colegio de Bachilleres, que deja ver un gobierno que convierte a la educación en negocio privado, es uno más de los errores en la conducción de la política educativa en el estado de Chihuahua. 

Pero este manejo equivocado de la educación, no es el único que se ha generado durante el gobierno de María Eugenia Campos. En julio pasado fue destituido de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEyD, Orlando Aguayo Orozco, por un escándalo relacionado con la falta de transparencia en la adjudicación de los contratos a las empresas que fabrican y venden uniformes escolares en el nivel medio superior. 

En la columna GPS de “El Diario de Chihuahua” (19 de julio de 2022), se publicó la siguiente información sobre el negocio turbio de la venta de uniformes en el nivel medio superior: 

«El pasado viernes a través de un boletín oficial, la Secretaría de Educación y Deporte informó sobre un cambio que se realizó al frente del Departamento de Educación Media Superior, puesto que dejó Orlando Aguayo Orozco y en su lugar fue nombrado José Luis Alvarado Montiel. 

Resulta que, el exjefe de esta oficina, Orlando Aguayo, pretendía realizar un “negociazo”, con la venta de uniformes escolares para las 21 preparatorias estatales que se tienen en el estado y crear un uniforme único, a un costo cercano a los 1,400 pesos, un golpe a la economía familiar…

Fueron precisamente los padres de familia los que denunciaron el intento del exfuncionario para imponer el uniforme que incluye la versión deportiva y de uso diario, en lo que implica un negocio de alrededor de 28 millones de pesos, pues son más de 20 mil estudiantes los que integran la matrícula de las “prepas” estatales. Incluso, el exfuncionario tenía en su oficina los maniquíes con los modelos del uniforme que se pretendía imponer.» 

Los operadores de la Secretaría de Educación y Deporte en el nivel medio superior, no fallaron una sola vez en el asunto de los uniformes, sino que fallaron dos veces. 

El error repetido es imperdonable para los funcionarios de la Secretaría de Educación y Deporte, y para la gestión de una gobernadora que comienza a perder reconocimiento ante el electorado chihuahuense. Los costos por los errores cometidos en el manejo de la política educativa, pasarán factura en el corto o mediano tiempo.

El mecanismo de los uniformes escolares contradice lo establecido en el artículo 3º constitucional. La historia educativa de las últimas décadas en México, se caracteriza por la puesta en marcha de una serie de dispositivos de privatización indirecta, entre los cuales destacan la imposición de cuotas y uniformes escolares. 

En los hechos, el dispositivo constitucional de la “gratuidad” educativa ha sido desplazado por dispositivos que imponen el pago de cuotas y uniformes, que van acompañados de medidas punitivas mediante las cuales se presiona a los padres de familia para que cubran estos pagos. 

Los uniformes escolares son uno de los mecanismos más fructíferos para la mercantilización de la educación en Chihuahua. 

En el estado existe una próspera industria relacionada con la fabricación y la venta de uniformes escolares, que se ha desarrollado de forma significativa en las últimas décadas. El crecimiento demográfico de la población estudiantil que se mantiene hasta la fecha en la educación básica y media superior, está directamente relacionado con el crecimiento del negocio de los uniformes escolares, que primero se imponen como obligatorios, y que enseguida se otorgan como concesiones a particulares que los fabrican y los venden. 

Cada nuevo alumno, es un cliente potencial para el negocio de la compra-venta de uniformes escolares. 

Aquí cabe preguntarse: ¿Cómo es que un alumno(a) de educación básica o del nivel medio superior, pasa de ser un sujeto de derechos (el derecho a la educación gratuita) a ser un cliente potencial que debe comprar y usar un uniforme escolar de forma obligatoria? La contradicción es obvia, los alumnos son concebidos como sujetos de derechos y como clientes potenciales, y hay momentos en los que la condición de clientes (la mercantilización educativa) se impone por sobre la condición de sujetos con derechos educativos (el derecho a la gratuidad).

II.- Los dispositivos mediante los cuales se imponen, fabrican, compran y venden los uniformes escolares han funcionado entre la formalidad y la informalidad institucional. 

Una parte de las decisiones sobre el uso de los uniformes escolares se toman hacia el interior de las instituciones educativas, bajo una cierta formalidad. 

Otra parte de estas decisiones son tomadas más allá de estas instituciones, en un plano informal que rebasa a las escuelas. Una parte de la economía de los uniformes escolares corresponde a los sujetos educativos, directamente son los padres de familia quienes deben cubrir los costos de los uniformes. 

Otro aspecto de la economía de los uniformes corresponde a sujetos que no actúan directamente en el proceso educativo, sino que actúan en un circuito de mercantilización educativa, que se ha ocupado de crear un nicho de mercado específico en el cual se fabrican, venden y compran los uniformes escolares. 

Entre estos últimos destacan los fabricantes y vendedores de uniformes, cuyo interés no es educativo, sino económico. Entre los sujetos de la educación, no es lo mismo un alumno(a), un maestro(a) o un padre(madre) de familia, que un fabricante o un vendedor de uniformes. Los alumnos, maestros y padres de familia tienen intereses estrictamente educativos, los fabricantes y vendedores de uniformes tienen intereses económicos, que van más allá de lo educativo. 

La figura de los fabricantes y vendedores de uniformes es un síntoma del mercantilismo educativo que se ha introducido en la educación desde hace décadas. 

Y junto con los fabricantes y vendedores de los uniformes escolares, actúan las autoridades educativas (directores y funcionarios educativos) que pueden ser partícipes de los beneficios económicos de los circuitos de imposición, fabricación, compra y venta de uniformes. 

En el gobierno de la panista María Eugenia Campos, los escándalos por los uniformes escolares en la educación media superior dejan ver que pesan más los intereses por mercantilizar la educación, que los intereses por resguardar los derechos educativos de los chihuahuenses.

En el caso del escándalo por los uniformes en los Colegios de Bachilleres en Chihuahua, queda la duda de los beneficiarios privados que estarán siendo partícipes de los procesos de mercantilización de la educación en Chihuahua. 

¿Cómo se otorgaron las concesiones de los uniformes escolares en el Colegio de Bachilleres, de tal forma que se pretende beneficiar a determinado(s) actor(es) privados? 

¿Quiénes son los beneficiarios privados del mecanismo de imposición-fabricación-compra-venta de los uniformes escolares en los Colegios de Bachilleres y en otros niveles educativos? 

¿Hay algunos de los funcionarios públicos que se benefician de manera privada, con el mecanismo de los uniformes, mediante moches o de otra forma?

III.- Uno de los argumentos para aprobar el uso de los uniformes escolares está relacionado con el principio de igualdad relacionado con las formas de vestir de los(las) estudiantes. 

El uniforme es un mecanismo para construir igualdad respecto a la indumentaria que usan diariamente los alumnos(as), pero este mecanismo no resuelve de fondo la inequidad que estructuralmente divide a los alumnos entre los que más tienen y los que menos tienen. 

Los uniformes funcionan como un enmascaramiento de las desigualdades educativas, donde se impone una semántica del vestir (Barthes, “El sistema de la moda”, 1978) que sirve de coartada para disimular las desigualdades socioeconómicas de las familias que pertenecen a distintas clases sociales. 

Los diseños, los colores y las formas de los uniformes escolares son arbitrarios. Y cuando las autoridades educativas lo deciden, sin consultar a los padres de familia, cambian los diseños, los colores y las formas de estos uniformes, con la finalidad de convertir en obsoletos los uniformes anteriores y vender los uniformes nuevos. 

De lo que se trata es de renovar el mercado de los uniformes escolares, para no dejar de fabricarlos, venderlos y comprarlos incesantemente. La renovación reiterada de los uniformes escolares tiene una lógica evidentemente mercantilista, que termina beneficiando a determinados actores privados.  

Más allá del mercantilismo que genera una privatización indirecta de la educación, y más allá del enmascaramiento de la desigualdad de clases entre los alumnos, el uso de los uniformes escolares puede ser analizado como uno de los varios mecanismos de disciplinamiento. 

Las escuelas son espacios de formación que pretenden la uniformidad en las formas de pensar y actuar de los sujetos. La caricatura “La máquina de la escuela” que fue elaborada por Francesco Tonucci (2006), deja en claro la manera en que funcionan los procesos de uniformización educativa. 

Esta caricatura plantea que la escuela funciona de la misma manera que una fábrica. 

En la caricatura de Tonucci los niños(as) ingresan al edificio de una fábrica a través de una banda que los desplaza a lo largo de un proceso de producción en serie. 

Además de la banda principal, en la caricatura hay otros dispositivos como engranajes, tensores y tuberías que son parte de la maquinaria usada en las fábricas. Todo el proceso es dirigido por adultos que conducen a los niños por distintas fases. En la caricatura de Tonucci se hace presente el adultocentrismo, en donde los adultos le imponen su visión del mundo a los menores de edad. Hay canastillas de materiales didácticos que se aplican de manera mecanizada y un tubo mediante el cual son desechados los niños(as) que no logran avanzar y certificarse, de esta forma quedan significados los mecanismos de exclusión escolar. 

Al entrar en la fábrica la indumentaria y el corte de cabello de los niños son diferentes.  

Al salir de la fábrica, la ropa y el cabello de los niños son idénticos. 

La caricatura significa un proceso de uniformización pedagógica y gubernamental, que en el fondo es una forma de disciplinamiento. 

La educación funciona mediante mecanismos que limitan o permiten, prohíben o autorizan, disciplinan y someten.