Chihuahua, Chih.

El viernes terminaron las participaciones de distintos invitados del Senado de la República a fin de aportar sus opiniones en la aprobación de la reforma más importante propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien las expresiones ahí efectuadas fueron muy importantes, de una buena cantidad de especialistas en el tema, de todo tipo, de académicos, derechohumanistas nacionales y extranjeros, de representantes de organismos extranjeros y hasta de la ONU, la nota más descollante fueron las sorpresivas declaraciones del presidente López Obrador.

En un desusado ataque a las organizaciones de la sociedad civil, el tabasqueño le endilgó a los “especialistas“ ponerle “trabas a la Guardia Nacional”. (Nota de Juan Pablo Sibilla y Martha Lorena Pérez, La Jornada, 13/Feb/2019).

“En vez de ayudar, la sociedad civil y los especialistas ponen trabas para solucionar el problema de la inseguridad y de la violencia en México, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrado… el mandatario federal aseguró tener en su poder una encuesta que afirma que más del 80 por ciento de los mexicanos están a favor de la creación de dicha corporación…”.

“En vez de que ayuden, están poniendo trabas. Ojalá los legisladores hagan caso a la gente, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil, y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera. Hay que acabar el elitismo, unos pocos opinando por todos”.

Estas cuantas frases pudieran resultar las más emblemáticas del gobierno de la 4a Transformación (4a.T). Encierran un conjunto muy grande de concepciones acerca de lo que los mexicanos hemos construido y efectuado a lo largo de por lo menos el último medio siglo de luchas populares de todo tipo y, también, las concernientes a los derechos de la llamada “tercera generación” y otros más, los mismos que generaron la posibilidad de contar con organismos especializados en la conducción de los procesos electorales, los organismos derechohumanistas, de la transparencia; y en la transformación del marco legal a fin de que se garantizaran derechos de ese tipo, y otros.

¿Cómo ubicará el presidente el nacimiento de diversos organismos derechohumanistas y feministas en Chihuahua, nacidos al influjo de la terrible tragedia que significaron “Las muertas de Juárez”, y antes, el nacimiento de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Cosyddhac) pionera nacional en este tema?

¿O la aparición, por desgracia, de las múltiples organizaciones integradas por los familiares de los miles de desaparecidos y secuestrados en todo el país, todas integrantes de la sociedad civil que, entre otras cosas, fueron forjando una clara conciencia de oposición al régimen autoritario?

Y, por supuesto, el hecho de que miles de mexicanos se dedicaran de tiempo completo, con becas o salarios universitarios, o no, a investigar, a analizar las causas de la inmensa tragedia criminal en México.

Esos, los especialistas que ahora critica el mandatario son responsables, también, del vasto movimiento popular que hizo posible su ascenso a la presidencia de la república, porque éste -y bastaría con que revisara las biografías de varios de sus colaboradores- fue el resultado, no sólo de su incansable trabajo al recorrer infinitamente el país, sino también al de una inmensa cantidad de luchas, mayores, menores, más grandes, más o menos importantes que produjeron la vasta riqueza de dirigentes sociales y políticos a lo largo de todo el país.

Esa es la sociedad civil. En su seno se construyeron, no sólo las organizaciones ligadas al panismo y a los grupos empresariales, sino las más cercanas a las concepciones del presidente, las integradas por los más desfavorecidos económicamente y que, por pura casualidad, se encuentran en las entidades mayormente golpeadas por la violencia, que nacieron debido a la terquedad de quienes perdieron a sus familiares y que decidieron, en contra de todo, crear esas organizaciones que en todos los tonos se oponen a la militarización de la seguridad pública, que eso es y no otra cosa la creación de la Guardia Nacional propuesta por López Obrador.

Y ahora, a vuelta de unos meses, cobra mayor significado el hecho de que el gobierno de AMLO cancelara la celebración, en los meses previos a la toma de posesión, de los foros de “construcción de la paz” en varias de las entidades con mayores índices de violencia, entre ellos los eventos de Morelos, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero.

Ahí, en esos estados, las organizaciones de la sociedad civil -las ajenas al panismo y al empresariado- que reclaman la aparición de decenas de miles de desaparecidos, que cuentan con el mayor número de fosas clandestinas y número de cadáveres encontrados, se oponen resueltamente a la creación de la Guardia Nacional.

En esos estados, y no es coincidencia, se han documentado el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas.

La diferencia fundamental entre lo propuesto por infinidad de protagonistas, de todo tipo, durante los últimos 20 años, y la del presidente López Obrador, es la de la urgente necesidad de fortalecer a las instituciones policiales, influir determinantemente en el cambio del entorno social y económico, o la creación de la Guardia Nacional, mediante la incorporación de las fuerzas armadas, abiertamente y someter bajo su mando a la seguridad pública.

Pero si lo que se necesita -de acuerdo a la visión del presidente López Obrador- es sustituir a todas las policías por la Guardia Nacional, entonces ¿Porqué las fuerzas armadas tienen su propia policía?

Las frases del presidente encontraron pronta e inteligente, además de documentada, respuesta del conjunto de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la “Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos” que, para nada, podría identificarse con los organismos empresariales, que reafirmó su postura de rechazar la creación de la Guardia Nacional y declarar como inaceptables “lanzar críticas generalizadas a opositores y disidentes”. (Comunicado del 15/II/19).

Más aún, al igual que Amnistía Internacional, la ONU y múltiples especialistas, mantiene su posición en contra de la militarización y sostiene que “la Guardia Nacional sólo será viable si mantiene mando, composición y formación civil…”. (Ibídem).

La defensa de la actuación de la sociedad civil, realizada por este conjunto de organismos es puntual y debería servir como referente a lo que debiera construirse a partir del primer gobierno de izquierda (en el cual, aún, pudiera ubicarse el de AMLO), pues plantean que “Desde hace más de 30 años las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hemos acompañado a víctimas de violaciones a derechos humanos de todos los estratos sociales, pero especialmente los más desfavorecidos. Desde finales del siglo pasado nos opusimos a los retenes militares que después fueron legitimados por la SCJN”.

Debieran reaccionar los nuevos gobernantes.

No es fortuito que un conjunto grande de organizaciones y de activistas, así como de especialistas en el tema y académicos coincidan en que la creación de la Guardia Nacional no hace más que fortalecer el “paradigma militar”, hoy representado por el “regreso -dicen- de militares a Ciudad Juárez, una localidad emblemática por la valiente denuncia y las graves afectaciones que se sufrieron por la militarización”.

No es un llamado cualquiera a la reflexión, máxime cuando el organismo empresarial más ligado al PAN, la Coparmex, después de haber mantenido una opinión contraria, ha anunciado, por voz de su presidente, Gustavo de Hoyos, el apoyo del organismo empresarial a la conformación de la Guardia Nacional, encuadrada en el Plan de Seguridad que omitió a las Policías.

Pues de acuerdo con la opinión de Marcela Figueroa, de la red “Prevención y castigo”, (Nexos, 3/I/19) el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, consideró que “la reforma policial no se consideró como un elemento “estratégico” del Plan, ya que “éste es la claudicación absoluta ante el problema policial. No sólo acepta que las Policías no están en condiciones de hacer frente a la situación actual de inseguridad del país, sino que, con la propuesta de la Guardia Nacional, oficialmente hace suya la estrategia de militarización de los sexenios anteriores con la agravante de que la plantea, ya no como un remedio a corto plazo, ‘mientras las Policías se desarrollan’, sino que institucionaliza su permanencia y se abandona por completo el anhelo de un regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles”.

Además, “el Plan conceptualiza a la seguridad pública como un subnivel dentro de la seguridad nacional. Esto, irremediablemente coloca a las Fuerzas Armadas y al poder militar, sobre las Policías y el poder civil”.

Todo lo anterior son sólo algunas de las expresiones de la sociedad civil a la que tan arbitrariamente denostó el presidente de la 4a. Transformación.

No tiene razón.

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