Chihuahua, Chih.
El pasado 6 de febrero la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO) del Estado recibió a un grupo de mujeres rarámuri que tenían a bien –como último recurso- denunciar problemas de vivienda acontecidos en la colonia Fundadores y el asentamiento Carlos Arroyo en perjuicio de su comunidad asentada en esta ciudad. El bochorno acaparó páginas de periódicos, noticieros nacionales y celebridades internacionales como Alfonso Cuarón manifestaron su parecer en redes sociales. La de él, como la suya, seguro no dista mucho: el agravio refleja lo que es ser indígena en México.
Dicha comisión, integrada por legisladores de todas las bancadas parlamentarias, han hecho lo que a su consideración ha sido necesario a razón, no de reconocer un error, sino -más bien de tratar de evadir costos políticos- de contener daños a su imagen ya que algunos están por la reelección y el daño ya vertido, afecta en un espectro amplio la imagen de todos las y los integrantes de esta esta legislatura; porque ¿de bien a bien sabe usted quién integra la JUCOPO? Es probable que no y al saber del hecho la gente no distingue entre unos y otros. Imagen bien ganada, se puede decir.
Si ampliamos, de acuerdo al sector fue la molestia. Existe quien acusa de “nacos sin educación” (motes por demás clasistas) a quien no tuvo a bien hacer lo necesario por convidar a la mesa a las mujeres rarámuri y quien de modo más amplio, aprovecha para señalar (al igual que yo) la serie de privilegios y canonjías de las que gozan legisladores locales. Sería de suponerse que los sueldos estratosféricos que se autoconfieren bien podrían ser suficientes para satisfacer su necesidad de alimentos y peor aún, ¡desayunar en horas de trabajo! (así, en signos de exclamación porque para cualquiera es impensable que podamos hacerlo).
Sin embargo; hay cuestiones de fondo y estructurales que hace tiempo en el país se vienen moviendo para su visibilización, una de ellas es el racismo que en un país diverso como somos, sigue permeando y predominando sobre las acciones que en nuestra cotidianidad realizamos y que derivan en actos de discriminación como la consumada por legisladores a mujeres indígenas por racismo, misoginia, clasismo y xenofobia.
Sin ser una sociedad de castas se sigue manteniendo retirado y sin compartir la mesa a quien es de diferente clase, raza y género y le damos poca relevancia a lo que tenga que decir o padecer. Si sirve a ciertos fines, entonces se toma en serio y se le politiza o como suele ser, solo decora -en una suerte de nacionalismo funcional-, su imagen del tarahumara que corre ultramaratones campañas políticas.
En medio de la controversia se debe resaltar que el grupo de mujeres indígenas desairadas estaba compuesto por traductoras y la Consejera de Derechos Humanos, María del Refugio Bustillos, que pretendían denunciar el despojo de pertenencias personales, robo, desalojos irregulares por parte de las personas que administran el asentamiento con el pretexto del no pago de la renta sin tomar en cuenta la situación de las afectadas. Una de ellas, Catalina, madre de un hijo esquizofrénico y otro con diversidad motriz, fue incluso llevada lejos sin apoyo de ningún tipo y abandonada a su suerte, lo que desembocó en la muerte de uno de sus hijos y el otro, quedó en situación de calle.
Acá hay un agravio mayor, incluso más serio y delicado que el del legislativo y es la violencia institucional de la que han sido sujetas las víctimas de los hechos antes mencionados. Primeramente la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), entidad con presupuesto propio y capacidad de gestión y vinculación con otras áreas y dependencias, de la que dicen, no haber recibido ningún tipo de apoyo y (en una infamia más), de modo violatorio a todas los tratados internacionales y convenciones de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado que no recibe denuncias sin traductor a personas indígenas y a la vez, no ofrece ninguno para recibirlas. Eso también es corrupción, palabra de moda en el actual gobierno.
La xenofobia y el racismo son formas de discriminación que se encuentran tan normalizadas socialmente que se toleran perfectamente y se invisibilizan los estragos de la misma. Por ejemplo, la diputada Isela Torres del PRI se excusó del acto discriminatorio aduciendo que “la obligación de atender a los invitados es del área logística y de relaciones públicas del congreso estatal”, el resto de integrantes de la comisión no dejó de comer para escuchar mientras las mujeres indígenas exponían y ninguno, ni uno solo, se manifestó para señalar que lo que estaba ocurriendo no era moralmente correcto.
Porque lo “moral” y lo “correcto” son construcciones deontológicas que se configuran de acuerdo a lo que es decente y deseable según nuestro contexto y realidad histórica. Y lo que se lleva dentro como los prejuicios se reflejan así, en condiciones de esta naturaleza y no únicamente en situaciones extremas como suele suponerse.
Por eso las autoridades no atienden los reclamos de justicia, por la consideración que hace creer que las personas indígenas no son sujetas de derechos, no al igual que cualquier otra.
Para el 2015, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en colaboración con la Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaria de Gobernación, la Organización Internacional para las Migraciones y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), lanzaron la primera campaña contra la xenofobia y discriminación a personas migrantes en México (incluida la migración interna) como el primer esfuerzo serio para visibilizar esta grave problemática e involucró a los gobiernos estatales y congresos locales, ¿adiviné usted por qué no recuerda alguna acción institucional o de parte del Congreso local en relación a esta campaña? Precisamente.
Por el sector al que estaba dirigido.
Y es que en Chihuahua como en todo el país, ser indígena, mujer y ser migrante interna es un coctel para el abuso que suele derivar en sentencia de muerte para personas a las que les atraviesa alguna otra opresión como al hijo de Catalina, que murió por la falta de atención a un problema por demás conocido y que por racismo interiorizado llevado a la práctica colectiva institucional, se dejó pasar de largo.
En cuanto a las reacciones de quién cometió la falta y quién la juzga detrás de un monitor, en la mesa de café, leyendo su periódico en un cómodo sillón mientras se repite la frase: “nuestros hermanos tarahumaras”, le pregunto: ¿cuándo le ha dejado de provocar fastidio cuándo un niño rarámuri le pide kórima? Sepa que debe molestar no solo que se les niegue el desayuno a unas cuantas mujeres, también cuando se asume que el desarrollo de las personas indígenas se traduce a que limpien las mesas en los centros comerciales.
marielacastroflores.blogspot.mx
@MarieLouSalomé
