Chihuahua, Chih.

Lo ocurrido en los últimos doce meses en el estado, en materia de seguridad pública, es -debiera ser- espeluznante.

El pasado está, ominoso, entre nosotros. Con otros actores, con distinto ritmo; quizá hasta con un perfil diferente; con diferentes gobernantes, con nuevas modalidades, pero lo que sucede apunta, sin duda, a una reedición de aquellas imágenes, escenarios, conductas, hechos y tendencias.

Pareciera regresar al estado de Chihuahua, incluso con una serie de factores que debieran llevarnos a concluir que podrían -deberían- cambiar las expectativas, entre ellos el de la llegada de un gobernante “antisistema”, como se le denominó en los círculos de los analistas políticos y hasta en algunos académicos, a Andrés Manuel López Obrador.

Y deberá hacerse la precisión de que ese pasado pareciera regresar a nuestra entidad porque en el resto del país fue un pasado que no se fue, por el contrario, los índices delictivos de todo tipo crecieron en el sexenio de Peña Nieto, respecto del de Felipe Calderón, y que cambiara, además, el mapa delictivo, que llevó a los primeros lugares a entidades que no aparecían en esos niveles, como lo muestran los análisis del portal “Semáforo delictivo”, que ubicó a Chihuahua, como ha sido a lo largo de más de una década, en los primeros lugares nacionales. Chihuahua se ubicó, en el 2018, en el 4o. lugar, con 47.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (NH100MH).

Pero las novedades las constituyen los estados de Colima (82.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, 1o. lugar), Quintana Roo (45.8, 5o. lugar) y Guanajuato (44.2, sexto lugar).

¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se hizo para que persista, o reaparezca tal situación?

Coincidentes las expresiones, el aún Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, ante pregunta expresa de qué se había hecho en materia de Seguridad Pública para que se presentaran los elevadísimos índices delictivos del período 2008-2012 y, también, que habíamos realizado para que se atenuaran en el tramo 2013-2015.

La respuesta es la misma. No se puede afirmar, con certeza, que tal o cual política o estrategia de seguridad pública -que se dejó de hacer, o se realizó- fue la que permitió el descenso de la ola criminal del primer período (2008-2011); ni tampoco, las que dieron pie al descenso entre 2012 y fines de 2015, pues ya desde el principio de 2016 se advertía un gradual incremento de la oleada criminal.

Puede afirmarse que un factor descollante de la violencia de aquellos años fue la estrategia federal de dirigir sus esfuerzos fundamentalmente al Cártel de Juárez (La Línea) y “favorecer” al de Sinaloa.

No es una aventurada afirmación, son numerosas las notas publicadas por la prensa juarense, en particular El Diario, que dieron cuenta de la enorme desproporción entre un grupo y otro en el número de víctimas fatales, heridos o detenidos en aquellos años.

¿Qué originó, con certeza, el estallido de la guerra entre los cárteles, acrecentado por la activa participación de las fuerzas federales, policiales y militares?

Imposible saberlo.

¿Qué factores influyeron para que disminuyera tajantemente a partir del 2012 y hasta fines de 2015?

¿Sería que existió, como insistentemente se dijo, una tregua alcanzada con la activa participación de los gobernantes del momento?

Tampoco podremos afirmarlo a ciencia cierta.

Sin cambios verdaderamente estructurales, los problemas de seguridad, en el país, continuarán. Pero, además, esos cambios deberán transitar, también, por los agrupamientos policiales y la puesta en marcha de un vasto programa de rehabilitación del tejido social.

Porque las crisis de seguridad se presentarán con altibajos, seguramente de manera creciente, como ahora lo sufrimos en todo el territorio nacional.

Además, la degradación del entramado social, producto de muchos factores, pero fundamentalmente a causa del incremento de las actividades del crimen organizado y de la acelerada depauperación de la población, producen un incesante incremento de los índices delictivos, que llevan, también, a la elevación de la percepción de que son “normales” las actividades delictivas.

Las escalofriantes escenas del incendio de las tomas clandestinas en Tlahuelilpan son claras muestras de lo anterior, así como las no menos espeluznantes imágenes de los vehículos, instalaciones y elementos policíacos atacados en días pasados, tanto en Juárez, como en Chihuahua capital.

Como en la oleada violenta del 2008-2012, nuevamente el antiguo Paso del Norte es el escenario de crímenes con las mismas características de esa época.

Desde muchas semanas atrás, el incremento de homicidios nos lleva a aquellos años.

¿Qué cambió en materia de seguridad pública que nos llevara a esperar resultados distintos a los del pasado?

Nada.

Quizá una cosa sí ocurrió. A diferencia de entonces, el aumento en el consumo de la droga conocida como cristal es impresionante. Su bajo costo y sus nocivos efectos, de corto y mediano plazo, la convierten en la más peligrosa de casi todas las drogas existentes.

Y no solamente en el aspecto del consumo individual, sino en el de, al ser de muy bajo costo, convierte en sus primeras presas -y casi únicas- a las personas de las más bajas condiciones económicas, lo que hace de los barrios y colonias más pobres, auténticas bombas explosivas de muy inquietantes perspectivas pues la incorporación de jóvenes de estos estratos sociales -del mismo modo que en el pasado, pero llevada a muy elevadas cifras- a las actividades criminales es, casi, masivamente y a un muy bajo costo para los jefes de las bandas delictuosas, tanto en la sociedad, como en la parte gubernamental.

Seguramente tal fenómeno explica el hecho de que uno de los principales objetivos de los grupos criminales sean las corporaciones policiacas, las que han sufrido múltiples ataques a mansalva, a manos de delincuentes que actúan con plena impunidad y con un increíble descaro, en operativos coordinados, que han hecho presa de las corporaciones, tanto la municipal, como la estatal.

Y como nada cambió en la estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia; todo aumentó en ese aspecto, no sólo los homicidios se incrementaron, también el número de los delitos acompañantes del tráfico de drogas; éste continuó del mismo modo y volumen que en el pasado y la corrupción, además de crecer en el seno de la sociedad, abarcó a más esferas, y más influyentes, del mundo de la política y el gobierno, de tal modo que la impotencia es, por muchos momentos, la principal sensación en cada vez más amplias capas de la población.

Un aspecto de lo cual es el hecho de que “desde el inicio de la administración de Javier Corral han sido asesinados 66 elementos policiacos de las diferentes corporaciones que hay en Chihuahua. (Y) En total, ha informado la FGE, se han detenido a 14 personas acusadas de participar en los ataques en contra de la Agencia Estatal de Investigación”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 20 enero 2019).

Igual ocurre en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en lo que va de la actual administración, que no es nada distinto al pasado previo: La impunidad más rampante.

A esa realidad no se le pueden oponer mezquindades de ningún tipo.

Por eso sorprende que el gobernador Corral encabezara una reunión de seguridad en el antiguo Paso del Norte el lunes 21 de enero, sin la participación de la parte municipal, a pesar de que durante las semanas previas se habían efectuado, diariamente, las reuniones del Grupo de Coordinación Chihuahua, como parte de la estrategia del gobierno federal para combatir la inseguridad en el país.

Más preocupante resultó que se efectuara a solo 4 días después de que las fuerzas policiales municipales fueran objeto de por lo menos 5 ataques de los grupos delincuenciales, además del incendio de un camión de transporte urbano y los bloqueos de distintas vialidades.

¿Cómo aceptar tal hecho, sin criticarlo, si, además, el mandatario chihuahuense se ufanó -a través de su cuenta en Facebook- de que “Seguimos trabajando por brindar paz y seguridad a tod@s l@s chihuahuenses. Esta mañana en Ciudad Juárez encabecé el Grupo de Coordinación Chihuahua en el que participan mandos militares, federales y estatales”.

¿Qué ocurrió, tan importante, que se realizara sin la participación de la fuerza que más elementos posee en la frontera?

Imposible saberlo, nadie informa, nadie explica; en tanto la espiral delictiva crece paulatinamente, a veces aceleradamente y sus consecuencias empiezan a abarcar a cada vez más extensas capas de la población.

Todo lo anterior lleva a muchos a optar por las soluciones más “extremas”.

Como a los nuevos gobernantes en el plano nacional, al de pretender militarizar la seguridad pública, sin percatarse que la salida consiste en la construcción y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas y la incidencia real en el fortalecimiento del entramado social, así como la puesta en vigor de un proceso de legalización del tráfico de drogas, de manera escalonada y con el pleno control, tanto de autoridades confiables, como de representantes de la sociedad civil, así como de organizaciones internacionales que coadyuven en estos propósitos, como la ruta a seguir para salir del infierno actual.

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