Chihuahua, Chih.
El fundamento constitucional de la función electoral está plasmado en el artículo 41 del Pacto Federal, en los términos siguientes: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”
Por lo tanto, debe reconocerse que la función electoral es una actividad estatal que cumple el principio republicano, limitando la competencia de los organismos electorales a garantizar la renovación periódica y pacífica de los gobernantes.
Luego, la organización de los procesos electorales corresponde al Estado, a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales locales (OPLE’s) en cada entidad federativa.
Sin embargo, en los últimos años, a la función electoral se le ha dado una connotación política que va más allá de su finalidad constitucional. Así, por ejemplo, en el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) encontramos la siguiente referencia:
“El rol de las elecciones (competitivas) en los sistemas democráticos es fundamental. En primer lugar, las elecciones constituyen la base del concepto ‘democracia’. Hay democracia cuando los detentadores del poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre por el poder”.
“En segundo lugar, las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político, como de sus líderes o dirigentes. En tercer lugar, las elecciones son el medio a través del cual se verifica la participación política en las grandes mayorías”.
A mi parecer, la definición del IIDH es errónea, toda vez que la renovación periódica y pacífica de los gobernantes es un acto esencialmente republicano y, por ende, ajeno al ejercicio del poder.
En otras palabras, a través de los procesos electorales los ciudadanos participan en la renovación periódica y pacífica de sus gobernantes, independientemente de que el sistema político sea democrático o no.
Resulta falso entonces, que las elecciones “constituyan la base del concepto democracia” ya que los procesos electorales legitiman el acceso al poder de los gobernantes y/o representantes políticos. Sin que ello signifique la fuente de legitimación del sistema político.
De igual manera, el IIDH confunde los conceptos de participación política y participación electoral. Ambas son especies de la participación ciudadana, pero cada una de ellas tiene sus propias características.
La participación ciudadana puede ser de dos tipos: POLÍTICA (o de control de gobierno) y ELECTORAL (o de renovación republicana). La primera, representa cualquier actividad realizada por ciudadanos, que de manera organizada o no, tiende a ejercer control sobre determinados actos de gobierno; la segunda, permite la renovación periódica de los cargos de elección popular.
La participación electoral es 100% institucional: se lleva a cabo en un día preestablecido y se agota con la emisión del voto. La legislación electoral establece otras formas de participación ciudadana como lo son los funcionarios de casillas y los observadores electorales.
A su vez, la participación política puede ser institucional cuando se expresa a través de los procedimientos establecidos en la legislación como lo son los instrumentos de participación ciudadana (el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa popular).
Pero, además, la participación política se expresa -casi siempre- en forma no institucionalizada a través de manifestaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales y/o de partidos de oposición, de grupos de presión, de reuniones de vecinos e, inclusive, por ciudadanos aislados.
Por desgracia, las recientes reformas constitucionales en materia electoral han provocado no solo una lucha intestina entre los partidos políticos para acaparar el control de los organismos electorales; sino lo que es peor, han afectado la imagen y la fama internacional de la función electoral en México.
Por ello, la propuesta de reforma ‘electoral’ de López Obrador es una estrategia política que, sin duda alguna, pervierte el actual sistema político mexicano.
