La ola de irregularidades cometidas presuntamente en la administración estatal anterior, y denunciadas por los funcionarios del gabinete de Javier Corral, ya tuvo una concreción jurídica, la presentación de una denuncia ante la Fepade por el descuento realizado más de 700 servidores públicos, como cuotas partidistas al PRI.

La existencia de supuestas cartas de los empleados dirigidas a los dirigentes partidistas, mediante las cuales aceptaban que se descontara el monto de la cuota partidista determinado por los ingresos procedentes del erario, es el argumento central de la defensa que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, ha esgrimido para asegurar que el cobro de las cuotas se realizó “de manera legal”.

El secretario de Administración y Finanzas del partido, Pedro Mauli Romero Chávez, dice la denuncia, recibió el efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”. (Nota de O. Chávez/J. Armendáriz, El Diario, 6/XII/16).

La cantidad recibida por el PRI estatal, por este concepto, durante el sexenio de César Duarte, asciende a más de 79 millones de pesos.

A juzgar por la información publicada de la denuncia, sólo se pretende sancionar lo relacionado a la prohibición a los servidores públicos a solicitar “a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política” y deja de lado otro aspecto, quizá el central: El hecho de utilizar la estructura gubernamental para beneficiar a un partido político.

No se trata, solamente, de que se coaccionó -o no- a los funcionarios públicos para que cotizaran al PRI, sino de que este partido usó la estructura de gobierno para recaudar las cuotas de sus militantes, lo que incluyen las operaciones administrativas y bancarias para calcular y efectuar los descuentos; impactarlos en los ingresos de los servidores y, ya fuera, transferirlos a las cuentas del partido, o cobrar las cantidades acumularlas y entregarlas a la tesorería del PRI, lo que implicaba emplear recursos, instrumentos y horas-trabajo del personal de la Secretaría de Hacienda para hacer todo lo anterior.

Las pruebas presentadas en la querella incluyen la relación de los funcionarios, las cantidades descontadas, los talones de pagos, copias de los cheques endosados y cobrados cada mes y los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal.

Lo ahora denunciado judicialmente en el ámbito estatal tiene como precedente lo develado por el reportaje “Recaudan cuotas del PRI en Municipio” (Gabriela Minjárez, El Diario de Juárez, 16/II/14), publicado a raíz de las inconformidades de algunos empleados del municipio juarense por los descuentos aplicados a sus salarios sin su consentimiento.

A diferencia de lo denunciado por el gobierno de Corral, pues no habrá algún ex funcionario que declare públicamente, en aquel entonces -¡Cómo estaríamos!- el mismísimo alcalde, Enrique Serrano, ¡¡¡¡“afirmó que se llevó a cabo a petición de su partido”!!!!. (Ibídem).

Serrano argüiría en su defensa que él solo tuvo conocimiento de “un inconforme”. O sea, no era tanto el problema, no sé porque hacen tanto escándalo…

Ante los reclamos, suspendieron el cobro de las “cuotas”, sin que hubiese repercusión alguna.

No es todo. Para “regularizar” la situación, la dirigencia municipal priista envió un formato para que los empleados, “de manera voluntaria”, decidieran si aceptaban la deducción a su salario.

Si tal cosa es imposible de creer, le agregamos que el informante de tal regularización fue el ínclito edil juarense, luego convertido en candidato a la gubernatura, que de esa manera preparaba a su partido para la elección.

No tiene desperdicio la nota: “Serrano señaló que ahora, a petición de la dirigencia local priísta se estableció un convenio formal entre las partes —el Municipio, el partido y los empleados— para descontar de la nómina las cuotas para su agrupación política”. (Más ibídem).

N’ombre, la concepción patrimonialista está tan arraigada en una parte de la clase política que no alcanzan a diferenciar entre lo legal y lo ilegal; interrogado acerca del número de empleados a los que se les descontaba, pidió que la información fuera solicitada a Recursos Humanos ¡del municipio!

¡Nunca se le ocurrió que la instancia adecuada era la dirigencia de su partido!

Y, además, ofreció ese mecanismo a todos los partidos. ¡Increíble!

Bueno, pues ahí están los elementos para incluir a otros presuntos responsables de la comisión de delitos como los ahora denunciados.

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