Las muertes relacionadas con el crimen organizado en México no se han detenido desde el gobierno de Felipe Calderón. En Chihuahua, esa hidra se ha desplazado a lo largo de los sexenios de José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral.

Los efectos han sido devastadores y eso se comprueba con los recientes hechos ocurridos en el estado de Chihuahua: los diversos enfrentamientos entre dos grupos rivales de la Línea en el corredor que conecta las poblaciones de Cuauhtémoc y Rubio, y el asesinato de la periodista Miroslava Breach. La violencia se magnifica, los asesinatos de periodistas y ciudadanos no se detienen, las desapariciones continúan. Las intervenciones del estado en sus diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para detener este problema de grandes magnitudes, una y otra vez han resultado insuficientes e ineficaces.

Entre los especialistas en el tema se ha referido que México no ha llegado a ser un “estado fallido” como tal, que el Estado mexicano aún continúa manteniendo la hegemonía en lo político, lo social y lo económico, que el crimen organizado no lo ha logrado desplazar ni suplantar por completo. Pero, si bien es cierto que México no ha llegado a ser un “Estado fallido”, lo que ha tenido lugar de manera reiterada son las insuficiencias y errores del Estado en las políticas para detener al crimen organizado. Estaríamos hablando entonces de un Estado insuficiente, de un Estado errado, que una y otra vez implementa políticas para combatir al crimen organizado que no resuelven el problema y que se equivocan en su cometido.

En Chihuahua, las insuficiencias y los errores del Estado para detener al crimen organizado, nos han llevado a una vorágine de violencia que ha llegado a límites inaceptables. Y en este momento los responsables de atender ese problema son los gobiernos estatal (a cargo de Javier Corral), federal (a cargo de Enrique Peña Nieto) y los gobiernos municipales. Son ellos los principales responsables actuales, a los que se dirigen los reclamos, los que tienen que respondernos a los ciudadanos. Son ellos los que tienen que tomar las decisiones para que las políticas dirigidas a detener al crimen organizado no sigan siendo insuficientes y no se sigan equivocando.

Este es un reclamo puntual que debe ser atendido de manera inmediata, pero con solvencia a corto, mediano y largo plazo. Las preguntas que quedan flotando son las siguientes:

¿Pueden los gobiernos de los tres órdenes en Chihuahua (federal, estatal y municipal) responder de manera convincente, con políticas atinadas de seguridad pública, del orden social y educativo, a las acciones del crimen organizado que de nueva cuenta han puesto en jaque a las vidas de los ciudadanos?

¿O estaríamos esperando acciones que se quedan en el mero o paliativo, o que dan lugar a un agravamiento de la violencia en forma de asesinatos y desapariciones? ¿Tiene el Estado mexicano la potencia política en su capacidad de planeación y ejecución para poner un alto al crimen organizado en Chihuahua y en otros estados del país, o su perfil es el de un Estado incapaz e impotente ante esta fuerza oscura que no ha podido ser siquiera limitada?

A lo largo de los sexenios y los trienios va dejándose ver una incapacidad y una impotencia gubernamental ante las fuerzas vivas del narcotráfico, que han profundizado sus raíces y aumentado los ramales de su acción criminal. El problema del narcotráfico bajo la forma del crimen organizado se ha convertido en un monstruo, en una hidra de mil y más cabezas que ha arrinconado al estado mexicano en uno de los callejones más obscuros de la historia de México. El horizonte no es nada alentador. Pero algo tiene que hacerse, algo tiene que construirse en los años por venir para salir de esta oscuridad que sigue atosigándonos…