Chihuahua, Chih.
*En esta lucha de David contra el gigante Goliat, los ejidatarios combaten solamente con la razón de su lado, mientras que la empresa Mina Real (Gatos Silver, de Denver, Colorado) está siendo apoyada, de manera incondicional, por el Gobierno del Estado de Chihuahua y sus fuerzas policiales.
Por: Froilán Meza Rivera
Chihuahua, Chih.- De manera harto justificada, la indignación de los pobladores llegó al límite, y por ello decidieron tomar medidas más enérgicas que un simple oficio dirigido a la autoridad. Se apersonaron en el Palacio de Gobierno en la capital del estado, y cuando corroboraron que ni sus personas ni su causa eran bienvenidas en esa hipotética casa del pueblo; cuando el diálogo fue cortado por los funcionarios, ellos también cortaron, pero la circulación vehicular de la avenida Aldama, en pleno centro de la ciudad. Es uno de los últimos recursos para presionar por soluciones, cuando te cierran las puertas. Al mismo tiempo, en su comunidad, en el poblado de Valerio, otro grupo de ejidatarios bloqueó el paso de los pesados camiones de carga propiedad de la empresa propietaria de la mina Los Gatos.
La inconformidad de estos campesinos radica en el hecho de que la actividad minera está invadiendo y trastornando su forma de vida, la tranquilidad de su pueblo, y perjudica a la ganadería y la agricultura, y porque -entre el cúmulo de quejas por afectaciones- el nivel del agua de los pozos está bajando de manera alarmante.
La Mina Los Gatos, que se encuentra en territorio del municipio de Satevó, se localiza en el perímetro del pueblo de San José del Sitio, colindante con el Ejido Valerio, ubicado en el vecino municipio de Valle de Zaragoza. La explotación de mineral rico en plata, se realiza en catorce socavones a cielo abierto, y para la mala suerte de los ejidatarios de Valerio, el más reciente de estos socavones, el número decimoquinto, está siendo excavado por máquinas gigantescas, pero ahora en el municipio de Valle de Zaragoza, en terrenos precisamente de su propio ejido.
Ese día, el jueves 20 de mayo pasado, los ejidatarios llegaron a la ciudad de Chihuahua para tener una reunión y un presunto diálogo en la Procuraduría Agraria con representantes de la empresa, pero los abogados de la mina no llegaron. Sin embargo, recibieron una llamada para que acudieran al Palacio de Gobierno a dialogar con el director de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, así como con los apoderados legales de la mina, para tratar el problema del Ejido Valerio.
A la reunión, esta vez tampoco llegaron los representantes de la mina, pero sí estuvieron presentes cuatro ejidatarios y su asesora legal, la abogada Edelia Lozoya. Con la reunión en calidad de un fracaso rotundo, en ausencia de los acusados, el diálogo con Joel Gallegos se tornó agrio y rasposo: “No voy a permitir una huelga de ningún tipo”, les espetó en tono imperativo el funcionario, quien se les reveló de manera evidente como decidido partidario de los mineros transnacionales. A la abogada de los ejidatarios, Gallegos le dijo tajante, con el dedo índice apuntándola: “Usted no tiene derecho a hablar, esta es mi oficina, y yo decido quién habla y quién no”. A estas alturas, el director de Gobierno ya había olvidado, si alguna vez lo hubo aprendido, que el Palacio de Gobierno es propiedad de los chihuahuenses, y que él mismo tiene la función de servirles.
“¡Te doy veinte minutos para que me quites a éstos!”, le ordenó Gallegos Legarreta a la apoderada legal del Ejido Valerio, en referencia a la brigada que, en el exterior, estaba bloqueando con valentía, la circulación de la Aldama. Le habló de tú, arrebatando una confianza que nunca se ganó con ella, y le ordenó, aunque Edelia Lozoya no es su subordinada. Y pretendió pisotear los derechos de petición, de libre manifestación y de protesta contra actos de autoridad que, por mandato de la Constitución, gozan todos los ciudadanos de la república. ¿Así o más autoritario? ¿Así o más prepotente?
¿Qué más les podrían hacer la empresa y sus fieles escuderos del gobierno? Ya se verá más adelante, que la protección que está otorgando el gobierno del estado a los inversionistas del sector minero, al llamado Proyecto de la Mina del Cerro Los Gatos, podía llegar (y de hecho llegó) a niveles de abyecta sumisión, así como a pisotear literalmente a los ejidatarios.
EN EL FONDO, LAS GANANCIAS DE LA PLATA
Se llama Proyecto Los Gatos, y así lo describe la empresa matriz, Gatos Silver (de Denver, Colorado): Nuestro primer proyecto operativo, la Mina del Cerro Los Gatos -dice el texto explicativo- está ubicada en el centro del Cinturón de Plata mexicano, aproximadamente 120 kilómetros al sur de Chihuahua, Chihuahua. “A través de una operación conjunta con Dowa Metals & Mining Co, adquirimos el terreno y derechos de acceso para crear el modelo líder actual de operación de minería platera en México. El distrito Los Gatos abarca aproximadamente 103,000 hectáreas e incluye 14 zonas de mineralización actualmente conocidas. GSI tiene planeado expandir progresivamente la exploración y producción a lo largo del (así llamado por ellos) Distrito Los Gatos”. La explotación y ampliaciones abarcan territorio de dos poblados: San José del Sitio, municipio de Satevó, y Valerio, en el vecino municipio de Valle de Zaragoza. Es en esta última comunidad donde están padeciendo desde hace 8 años diversas afectaciones al suelo, al agua y, por ende, a la agricultura y ganadería, que es a lo que se dedican los pobladores.
¿Entonces, cuáles son las razones de la inconformidad de los campesinos, cómo llegaron a la protesta pública?
LAS RAZONES DE DAVID CONTRA GOLIAT
La demanda de los campesinos consiste, en primer lugar, en que ellos no quieren que los pesados camiones de carga que transportan el mineral, pasen más por sus tierras, porque destruyen el camino, que, siendo una carretera revestida de sello de asfalto, está convertida en un nido de baches y de bordos que les rompen los muelles y las suspensiones a sus vehículos particulares. Al menos unos 110 camiones de este tipo, con cargas de hasta 40 toneladas cada uno, les pasan por enfrente cada día en su camino hacia Manzanillo, Colima, donde se realiza el beneficio del material y la separación de la plata.
Además, los denunciantes alegan que la cadena alimenticia se quebrantó en las inmediaciones, con la desaparición de las liebres y la proliferación de los depredadores, como los coyotes, que, ante la falta de su alimento natural, están atacando ahora al ganado, sobre todo a los becerros. “Se fueron las abejas también, por el estrés y el ruido”, y ya no es posible tampoco que las colmenas tengan una producción regular. Disminuyó asimismo la producción de maíz, frijol temporalero y de pasto. Las norias están bajando de nivel, signo inequívoco de que se están colapsando los niveles freáticos.
Y ahora, como no sucedía desde que la gente tiene memoria, los arroyos, sobre todo los más inmediatos a las explotaciones mineras, ya no tienen las zonas verdes que en años anteriores eran un indicador de que, aún en tiempo de secas, había corrientes subterráneas en los lechos de arroyos como La Tinaja, el Aguilar o el arroyo Tres Hermanos, entre otros. Ya tampoco hay conejos. Y, en vista de que se han detectado algunos padecimientos inusuales entre la misma gente, como síntomas de aparentes alergias, cansancio, debilidad, náuseas, vómitos y diarrea, están en el proceso de enviar muestras del agua, así como de realizarse análisis clínicos para descartar afectaciones a la salud que, a estas alturas, ya alcanzaron a la población en la forma de miedo. Es que las minas quedan arriba del nivel de las tierras de Valerio y de su poblado, por lo que las aguas vertidas tienden a correr hacia el Sur-Sureste, “hacia acá”, señalan con preocupación.
EL PISOTEO DE TODA LEY Y TODO DERECHO
Los ejidatarios llegaron a la protesta pública, porque, a pesar de que han acudido a reuniones en la Procuraduría Agraria para tratar el asunto fundamental para ellos, que es la imposición por parte de la empresa, de la ruta de transporte de carga, precisamente por en medio del ejido, lo cual consideran los afectados que es ilegal y arbitrario. “No hay un derecho de paso establecido, nunca ha querido la empresa formalizarlo, ni siquiera considerar realizarlo por una ruta diferente”, explicó para Buzos la apoderada legal del Ejido Valerio, la abogada penalista Edelia Lozoya. Se sabe, por otra parte, que la Minera Los Gatos presume en su propaganda institucional, que tiene esos derechos legales, pero en la práctica nunca se preocupó por hacerlo de manera efectiva. “De esta manera, jurídicamente es una invasión, porque, aunque la carretera de Valerio a San José del Sitio es un camino público, no tiene especificaciones para soportar las cargas ni las dimensiones de los vehículos que les están imponiendo a los ejidatarios, ni mucho menos la frecuencia de estos desplazamientos”.
El 11 de mayo pasado, en una primera reunión con representantes de las dos partes implicadas, el Ingeniero Mario Alberto Arzaga, en representación de la Procuraduría Agraria, registró el hecho de que la llamada “servidumbre de paso” hacia la mina y desde ella, “es ilegal”, porque no existe la condición previa, que era que el ejido tendría que haber vendido una franja para el uso de la empresa minera. De todas maneras, se pactaron acuerdos, se firmó el acta donde constan las intervenciones de los ejidatarios y de dos apoderados de la minera, así como la recomendación para que el asunto se resolviera en la jurisdicción del Registro Agrario Nacional (RAN). A la siguiente reunión, el 19 de mayo, víspera de las manifestaciones en la capital y en Valerio, los representantes de la minera ya no se presentaron, y se canceló todo. Y los empresarios no llegaron, ya se supo por qué: porque obtuvieron el apoyo del Gobierno del Estado y de sus fuerzas de seguridad.
EL GOBIERNO DE JAVIER CORRAL, A FAVOR DE LA MINERA
Después del ya relatado “Te doy veinte minutos para que me saques a éstos” de Joel Gallegos, se desplegó en tierras del ejido el bloqueo del camino contra los camiones de la empresa, y hacia allá fue desplazada una fuerza combinada de corporaciones policiacas del estado en número de 70 elementos de la Policía Ministerial y de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes llegaron con la orden de hostigar a los campesinos para poder desalojarlos de la protesta.
De manera increíble, hasta allá llegó en menos de dos horas también, el Licenciado Joel Gallegos Legarreta, director de Gobierno, quien se puso al frente del desalojo. Este funcionario les gritaba a los campesinos que debían quitar el bloqueo, “porque estas manifestaciones son ilegales, y voy a hacer todo lo que esté de mi mano para impedirlas”. Vociferaba desencajado, Gallegos. “¡Quítenmelos!”, ordenaba a grito abierto a las fuerzas armadas, aunque en su calidad de director de Gobierno, él no tiene facultades de colocarse al mando de una fuerza policial. Sus funciones, por definición, consisten en ponerse a las órdenes de los manifestantes y demás inconformes, para servir de intermediario con las otras instancias del gobierno que pueden resolver los problemas.
La función de Gallegos Legarreta debe ser la de un intermediario, y no la de un representante y ejecutor de los intereses de empresarios extranjeros, como lo fue en ese episodio.
Para meter miedo a los manifestantes en Valerio, los agentes estatales se centraron en atacar a individuos sueltos. A un hombre de 70 años, lo desalojaron y se lo llevaron arrestado cuando lo vieron indefenso. Y aunque lo regresaron al poblado después, don Eleazar Quintana estuvo en peligro grave, porque es diabético, hipertenso y tiene un padecimiento del corazón.
¿Y qué es lo que sigue? Pues como suele decirse, en este caso, en esta lucha “la moneda está en el aire”. Ya dijeron los ejidatarios que no se van a rendir luego de estas primeras batallas. “Y menos ahora, cuando la empresa acaba de abrir otro socavón, pero ahora en terrenos del ejido”, declaró Marisela Quintana, comisaria de Policía de Valerio. Ella hizo notar también el hecho de que estos socavones, que hasta ahora son 14, “se están tragando el agua de nosotros”. Es decir, al abrir estas explotaciones, hacia ellas se precipitan los depósitos de agua subterránea, y eso se nota porque los pozos, todos los pozos, van hacia abajo en sus niveles.
Por otra parte, se supo que alrededor de 40 vacas y 25 becerros murieron en un periodo de tres meses en el rancho El Aguaje, ubicado en el poblado de San José del Sitio, cerca de la explotación de plata, al parecer envenenados por arsénico, denunciaron ejidatarios. Exámenes practicados por veterinarios determinaron que los animales presentaban niveles tóxicos de arsénico en la sangre. Los ejidatarios afectados aseguraron que detrás de esta problemática está la mina Los Gatos. Pero ese es otro frente de batalla, motivo de otro material periodístico.
La moneda está en el a
