Lo que nos faltaba por saber de lo realizado en el gobierno de César Duarte. De acuerdo con la información proporcionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en el período del 2013 al 2015, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua espió ilegalmente casi 7 mil celulares, para efectuar operaciones de geolocalización, -esto es, la de ubicar a los aparatos, y, por tanto, presumiblemente, a sus propietarios-. Lo hizo sin la autorización judicial requerida y por fuera de lo legalmente establecido, esto es, a través de las empresas telefónicas.

Con esa cantidad de aparatos vigilados, el gobierno de Chihuahua se ubicó como la autoridad que más espionaje efectuó sobre sus gobernados. Sólo fue superado por la Procuraduría General de la República.

En 2013 la Fiscalía de Chihuahua vigiló a 2 mil 747 celulares; en 2014, mil 941 y una cantidad semejante en 2015.

Sirva, para comparar el tremendo despropósito de tal vigilancia, que en 2014 la PGR sólo pidió vigilar, en todo el país, a 473 aparatos, una quinta parte que lo realizado en Chihuahua.

En 2014, la cantidad de celulares vigilados por la Fiscalía de Chihuahua, corresponde a “casi el 80 por ciento de todas las solicitudes de ese año” en el país.

“Prácticamente la totalidad de las solicitudes fueron llevadas a cabo sin autorización judicial”, señala el informe elaborado por esa organización con recursos de la fundación Open Society, entre otras instituciones. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 1/XII/16).

“Llama la atención que durante los años 2013 a 2015, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE Chihuahua) haya sido la autoridad que, por mucho, intentó obtener la geolocalización de un dispositivo en más ocasiones”, indica el reporte de la organización.

Sin embargo, esa vasta operación de espionaje no corresponde con los informes oficiales que las empresas telefónicas deben ofrecer acerca del número de celulares vigilados. Ninguna de las empresas reportó haber recibido petición alguna, lo que lleva a pensar que muy probablemente la Fiscalía de Chihuahua utilizó mecanismos “que no requieren la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, lo cual, en su caso, sería muy cuestionable desde el punto de vista legal”. (Ibídem).

A pesar de la vastedad de tal espionaje, el gobierno estatal encabezado por César Duarte, no emprendió ninguna acción penal. (Nota de José Pérez-Espino, El Diario, 2/XII/16).

Así lo reportó la organización responsable de esta investigación, lo que sugiere, entonces, que no tenían pretensiones de carácter judicial, la mayoría de las vigilancias: “En la gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”, señaló, lo que confirmó, por lo menos para Chihuahua, la denominación del informe de R3D: “El Estado de la vigilancia: Fuera de control”.

Las conclusiones del informe son apabullantes, pues al argumentar, las autoridades, que se efectúa para mejorar los índices de seguridad, “se ha intentado justificar la eliminación de contrapesos institucionales y controles democráticos mínimos a la vigilancia”.

Lo que, sumado a la información que ahora se acumula de las numerosas irregularidades encontradas en toda la estructura de la administración estatal, de las presuntas corruptelas ahora evidenciadas; del enorme desastre financiero, complementa la visión de quien gobernó Chihuahua; no sólo llevó a la entidad a un grave quebranto financiero, sino que, además, pretendió vigilar ilegalmente a sus gobernados.

De nada le sirvió, nunca se enteró del desmesurado rechazo que su gobierno había concitado.