Chihuahua, Chih.
Sin necesidad de ser adivino, nuestro pronóstico presupuestal se cumplió al pie de la letra: Con el voto en contra de los diputados de Morena, el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos 2023 (PE), mediante el cual se oficializa el dispendio institucionalizado del gasto público.
Por desgracia, resulta evidente que la política financiera del actual gobierno estatal no tiene contemplado implementar una drástica reducción del gasto público acorde a la austeridad que reclama y exige la sociedad chihuahuense.
Por lo tanto, el PE aprobado por el Congreso, mantendrá el déficit financiero del Gobierno del Estado, y con ello, la imposibilidad para promover acciones que beneficien -a corto y mediano plazo- a la sociedad chihuahuense; menos, para erradicar la histórica pobreza extrema de los grupos étnicos en el Estado.
Acreditar el dispendio institucionalizado del gasto público, es cosa de niños:
1. El PE no satisface uno de los lineamientos contenidos en la Ley de Planeación, referente a la ‘planeación para el desarrollo’; entendida como “la ordenación racional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de gobierno, a fin de elevar la calidad de vida de su población”.
2. En materia salarial, se mantienen los infames e inmerecidos sueldos de los organismos autónomos. En el caso del TEE, a pesar de que se redujo el número de magistrados electorales, el presupuesto autorizado es el mismo del año 2022.
3. Se mantienen los fideicomisos del FICOSEC y del FECHAC, con un gasto de 450 millones de pesos y 225 millones de pesos, respectivamente; lo anterior, a pesar de que las ‘atribuciones’ de estos dos fideicomisos estatales, son funciones duplicadas y propias del Estado.
4. El gasto autorizado a la Secretaría de Coordinación del Gabinete, es un gasto estratosférico e irracional: un poco menos de 450 millones de pesos; es decir, casi la misma cantidad del fideicomiso del FICOSEC; y más del doble del gasto autorizado al TEE, TEJA e ICHITAIP, juntos.
5. En el PE, se precisa el monto que habrá de erogarse por concepto de gasto corriente: 68 mil millones de pesos. Cantidad que representa el 68% del total del gasto público programado para el año 2023.
6. Obviamente, este año la inversión estatal en el rubro de obra pública, será mínima; a menos, claro está, que se soliciten empréstitos emergentes para mejorar la imagen de la actual Administración Pública estatal.
7. Por último, denunciar públicamente que, al igual que en el año 2022, el PE 2023 violenta lo dispuesto en la Constitución Local, toda vez que los tabuladores salariales burocráticos, no satisfacen los requisitos constitucionales.
8. En efecto, en el Art. 165-Bis de la Constitución Local se plasma el concepto jurídico del ‘sueldo íntegro burocrático’, por el cual se garantiza el derecho de los burócratas “a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, misma que deberá ser proporcional a la responsabilidad del empleo desempeñado”.
9. Asimismo, dicho mandato constitucional establece que “las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie”.
10. A pesar de ello, en el PE no se indica el monto que perciben -por concepto de compensación salarial- los burócratas del Poder Ejecutivo. ¿Evidente ineptitud? ¿Opacidad de mala fe…?
11. Por otra parte, la corrupción oficial por notoria ineptitud, tanto del Gobierno Estatal como del Congreso, es manifiesta. Lo anterior, dada cuenta que en el PE no se consignan los tabuladores salariales de todos los entes públicos del Estado.
12. No olvidemos que los dos últimos gobernadores (César Duarte (a) ’El Vulgar Ladrón’ y Javier Corral (a) ‘El Inútil’) emitieron sendos planes de austeridad, que no pasaron de ser una burda farsa política.
Yo me pregunto:
¿Habrá alguien que le explique a Maru que, sin una política de austeridad, se violenta el principio de racionalidad del gasto público?
¿De plano, Maru no tiene intención alguna de presentar su propio ‘Plan de Austeridad…?
