Chihuahua, Chih.

O se coordinan, o se coordinan. Expuesta de esa manera la necesidad existente entre los dos niveles de gobierno -estatal y federal- pareciera que la responsabilidad recayera por igual.

No es así.

El gobernador Javier Corral deberá entender que los cambios políticos presentados en el país y en la entidad son de reales; que sus aliados -los del PRD- y sus compañeros del PAN, ya no cuentan con la fuerza suficiente como para imponer, ni su agenda, ni sus objetivos y metas y que está obligado a negociar con Morena, con sus representantes federales y con las fuerzas locales.

Y deberá hacer algo a lo que no está acostumbrado: A aceptar que le pueden imponer condiciones no atractivas y a que le pueden otorgar algunas positivas, para él y para su gobierno.

Los tiempos de la reyerta política quedaron atrás para el mandatario chihuahuense, por lo menos mientras está a cargo de la administración estatal; ahora su papel es ése, el de administrador de la hacienda estatal, de una de las entidades que más problemas -de todo tipo- posee en el país.

A su vez, las distintas fuerzas políticas locales están obligadas a adecuar sus actuaciones a esta nueva realidad.

Pareciera que están ancladas en el pasado.

El gobernador Corral -creyendo que tiene mayoría calificada en el Congreso- ha propuesto una reestructuración del total de la deuda, sin antes conversar con el total de los representaciones parlamentarias y políticas para convencerlas de su punto de vista.

Morena amenaza con la toma de la tribuna si se pretendiera aprobar tal reestructuración, sin percatarse que puede construir la minoría suficiente como para impedir tal hecho y que, además, cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados que puede obligar al gobierno de Chihuahua a reconsiderar su postura, además de que la Secretaría de Hacienda (federal) es la instancia que, finalmente, aprobaría una reestructuración de esa magnitud, la que comprometería el total de las participaciones federales y de los ingresos por peaje carretero ¡Por los próximos 35 años!

Además, la fracción parlamentaria de Morena está más que obligada a actuar de la manera más transparente posible y a convocar a que un asunto como éste sea discutido, no sólo de frente a la sociedad, sino invitándola a participar.

El PRI, por su parte, inmerso en el autismo político, como si no fuera autor del desastre financiero del estado, le reclama a Javier Corral el que no realice obras, que no tenga recursos para afrontar el pago de aguinaldos y prestaciones de los trabajadores al servicio del estado, debido, dice, a “la pésima planeación y administración de las finanzas estatales”, cosa en la que se puede coincidir, pero no totalmente, debido al monto de la deuda que los gobernantes priistas, encabezados por César Duarte, le heredaron a los chihuahuenses.

Y tendrá que reflexionar sobre lo anterior, porque los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, sabedores del desastre financiero en que su compañero de partido, Duarte, provocaría en Chihuahua, le aprobaron cuanta solicitud les presentó de nuevos empréstitos y/o reestructuraciones de la deuda, además de otorgarle la concesión de diversos tramos carreteros -hasta por 30 años- para que Duarte bursatilizara los ingresos generados por el peaje.

No sólo eso, Peña Nieto autorizó -un año tras otro- la entrega discrecional de los recursos del ramo 23 -los dirigidos a solventar problemas financieros de las entidades- a los gobiernos más endeudados, o a los más cercanos a sus afectos políticos, esos que Corral exigió le fueran entregados del mismo modo que a Duarte y que ahora se han terminado, de acuerdo con las directrices del gobierno de López Obrador.

Una cosa sí debe rechazarse: La negativa del gobierno de Corral a realizar una drástica disminución del presupuesto dirigido a los salarios de los funcionarios de los primeros niveles.

En lugar de eso, como si tuviese un presupuesto superavitario, propone elevarse el salario, y lo anuncia justamente cuando una buena cantidad de los trabajadores del gobierno estatal afrontan la incertidumbre acerca de sus quincenas y aguinaldos.

Ahora bien ¿Qué pretende Javier Corral con la reestructuración del total de la deuda, al incluir los bonos carreteros?

Parece clara la intención: Obtener algunos cientos de millones de pesos mediante el alargamiento del plazo de la deuda, que le servirían para iniciar algunos proyectos de obras -ante la creciente crítica desatada por la ausencia de ella en el actual gobierno-, de cara a las próximas elecciones, que le permita aparecer como un gobernador exitoso, con posibilidades de ser candidato presidencial en 2024.

Pero el costo es muy alto.

En primer lugar ¿Cómo justificar la reestructuración de la deuda carretera?

Imposible, debido a que esa deuda se paga con los ingresos del peaje carretero, comprometidos en su totalidad, salvo el incremento en los ingresos, generados por el aumento del número de vehículos, fruto del crecimiento económico normal, que le puede aportar a las finanzas estatales alrededor de 100 millones de pesos anuales, si se calcula un incremento del 5% del flujo vehicular.

Y si no afecta mayormente a los ingresos estatales ¿Entonces para qué reestructurarla? ¿Porqué no, en lugar de ello, buscar una nueva bursatilización de los excedentes que, convenimos, sería una nueva deuda, pero la única que tendría alguna viabilidad de ser aprobada, siempre y cuando el presupuesto del gobierno del estado para el 2019 contemplara mecanismos claros, diáfanos, de plena austeridad?

Luego ¿Cómo se atreven a plantear una nueva reestructuración si la recién concluida es un verdadero desastre, justamente cuando los incrementos a las tasas de interés convertirán a las deudas en casi impagables, a menos que, insistimos, realicen un drástico corte presupuestario?

Al insistir en que la discusión de tal asunto debiese pasar por el análisis de la sociedad y sus distintos agrupamientos, de frente a ellos, e impedir que se convierta en un mecanismo de coerción política de las fuerzas parlamentarias, es en donde la responsabilidad de los legisladores de Morena se catapulta, lo que les impediría actuar como en el pasado, y negociar temas tan trascendentales, de espaldas al conjunto del Congreso y a la sociedad e, incluso, a los órganos de gobierno del Congreso del Estado, justamente cuando se debaten las cuentas públicas más importantes de la entidad, en las que, presumiblemente, se han encontrado serias irregularidades que, de no transparentar el contenido de las revisiones y su discusión, originará que crezca la percepción que estamos frente a una nueva etapa de negociación, “en lo oscurito”, de la aprobación del ejercicio irregular del presupuesto público.

Y si en lo financiero, el gobierno de Javier Corral está obligado a discutir con las fuerzas políticas, y aceptar modificaciones mayores a sus pretensiones presupuestarias, en el tema de seguridad pública deberá actuar con la responsabilidad que no lo ha hecho en este aspecto.

¿Cuál razón, válida, se puede esgrimir para no participar decididamente en las reuniones diarias de las mesas de coordinación realizadas en los principales municipios de la entidad, los más atosigados por la violencia, con la participación de los otros niveles de gobierno y destacadamente, en el ámbito chihuahuense, de los mandos de la policía federal y los militares?

¿Puede ser razón suficiente su rechazo a la participación de los representantes del delegado federal -el llamado superdelegado- como secretarios técnicos de las mesas, cosa que muy bien podrían haber subsanado y hacer que apareciera, por primera vez a lo largo de muchos meses, la debida coordinación en materia de seguridad de los agrupamientos federales y estatales?

Tal reclamo es mayor debido a los acontecimientos de los últimos días, en los que, primero en Cuauhtémoc, el alcalde, emanado de Morena, Carlos Tena, exigió la salida de los policías estatales, a quienes acusó de estar coludidos con los grupos criminales, lo que dió pie a una ríspida confrontación con el Comisionado de Seguridad, Oscar Aparicio; y luego, que el alcalde de Madera, Jaime Torres, de procedencia panista, exigiera la salida de los policías federales, por las mismas razones expuestas por su homólogo cuauhtemense.

Con estos dos casos, sería suficiente para ilustrar la gravedad de la crisis de seguridad pública existente en la entidad, la que, además, contiene ingredientes verdaderamente alarmantes, como lo es el hecho de la seria ofensiva de los grupos criminales, lanzada en contra de las corporaciones estatales, la que ha causado -hasta fines de noviembre- 75 elementos caídos a manos de los criminales, sin contar los más de 4 mil 500 homicidios ocurridos en el gobierno de Javier Corral y los 138 feminicidios en el presente año, hasta el mes de septiembre (Nota de El Puntero, 23/XI/18).

¿Serán suficientes argumentos para obligarlos a coordinarse?

Lo que sí es seguro, es que el gobernador Corral está obligado a replantearse toda su actuación; está sumido en una verdadera crisis de credibilidad, no obstante que Mitofsky lo ubique como un probable aspirante a la presidencia en 2024.

Es el panista más adelantado de esa encuesta ¿Qué tan profunda será la crisis del PAN?

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