Chihuahua, Chih.

•   A discusión el ejército en tareas de seguridad pública
  - Desnuda la participación de los altos mandos militares en narcotráfico
  -   La conexión Chihuahua
  
  

Cimbró al país.

Saber que el máximo jefe del ejército mexicano en el sexenio anterior  ha sido detenido por la justicia norteamericana, acusado de tráfico de drogas, va más allá de las más ácidas especulaciones -o realidades- sobre el involucramiento de altos jefes de las fuerzas armadas en el crimen organizado.

Asombra saber que las evidencias se encuentran contenidas en los miles de mensajes que el Gral. Salvador Cienfuegos efectuó en su aparato telefónico “Blackberry”.

Aún es temprano para siquiera imaginar las graves consecuencias de la detención del más alto jefe militar mexicano. Sin duda es un severo golpe a  la credibilidad del ejército, que había ocupado la posición de privilegio en la población.

Refuerza, sin duda, -a pesar de que no sea la más extendida- la oposición a la participación del ejército en las tareas de seguridad pública, al que se ha disfrazado de Guardia Nacional, que es, indudablemente, un organismo militar, con mandos militares y con comportamientos militares en las tareas de seguridad pública, cuyas consecuencias negativas empiezan a observarse con la aparición de los eventos en los que elementos de esta corporación han disparado en situaciones que no se justificaba el uso de medidas letales, como ocurrió en el caso de Jessica Silva y Jaime Torres,  los agricultores de La Cruz, acribillados por la espalda por elementos de la GN.

Quizá, ojalá, la detención de Cienfuegos sirviera para iniciar la construcción de agrupamientos policíacos civiles, porque finalmente la seguridad pública es, deberá ser, tarea de los civiles.

Las corporaciones militares deberán seguir siendo responsables de la seguridad nacional y coadyuvar en la seguridad pública bajo condiciones auténticamente extraordinarias, con funciones y zonas claramente delimitadas, con temporalidades también muy definidas, como ahora lo ha señalado un juez de distrito, que ha declarado inconstitucional el decreto del presidente López Obrador en el que ordenó que el ejército mexicano fuera utilizado en esas tareas hasta el mes de marzo de 2024 y señalando a todo el país como el área de trabajo de las fuerzas armadas en esa modalidad.

El juez ha ido más lejos en su resolución. Ha dictaminado que no puede haber “colaboración” entre las fuerzas armadas y las civiles, que deberá haber una subordinación de las primeras a las segundas, “como lo mandata la Constitución”.

Por ello adquiere mayor importancia la detención de Cienfuegos, porque pondrá, nuevamente, al día la discusión sobre la pertinencia del uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, como lo ha resuelto el presidente López Obrador.

Foto: Roberto Sandoval y Edgar Veytia, gobernador y procurador de justicia de Nayarit.

Importa detenerse en los detalles de la acusación de la fiscalía norteamericana: La detención del Gral. Salvador Cienfuegos se deriva de la petición de un gran jurado del Distrito Este de Nueva York, efectuada el 14 de agosto de 2019, que lo acusó de que “… mientras era Secretario de Defensa Nacional en México, el acusado, a cambio del pago de sobornos, ayudó al Cartel H-2 de numerosas formas, entre ellas: 

i) asegurando que las operaciones militares no se llevaran a cabo contra el Cartel H-2; 
iniciar operaciones militares contra sus organizaciones rivales de narcotráfico; 
ii) localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas;
iii) actuar para expandir el territorio controlado por el Cartel H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa;
iv)presentar a los principales líderes del Cartel H-2 a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos; y
v) advirtiendo al Cartel H-2 sobre la investigación policial en curso de los Estados Unidos sobre el Cartel H-2 y su uso de testigos e informantes que cooperaron, lo que finalmente resultó en el asesinato de un miembro de la Cartel H-2”. (De la denuncia presentada por Seth D. Ducharne, Fiscal de los Estados Unidos en funciones, 16/X/20).

Fue un golpanazo, seco, contundente, directo a la línea de flotación de un régimen que creemos ya desaparecido y que el presidente López Obrador cree superado, pero el que de muchas maneras nos recuerda que aquí está; que los tentáculos de la corrupción, del involucramiento en el crimen organizado, de la aguda degradación de los aparatos de justicia, de la seguridad pública y de la colusión de gobernantes de todos los niveles y partidos causantes del baño de sangre abatido sobre nosotros no se ha ido y que para haber llegado hasta los niveles de hoy sólo podía ser posible con la participación de autoridades de los más altos niveles.

Las especulaciones acerca de esa participación las nutrían las cada vez más frecuentes y más sólidamente sustentadas declaraciones de distintos integrantes del crimen organizado y, sobre todo, las vertidas en los juicios de El Chapo Guzmán, Vicente Zambada (Vicentillo) y Genaro García Luna.

Si hubiera algo que explicara la grave crisis de seguridad pública del país es el de que el principal responsable de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, y el de las fuerzas armadas en el de Enrique Peña Nieto, se encuentran tras las rejas enfrentando sendos procesos penales ¡En cárceles de Estados Unidos!

Y lo peor, que el Gral. Cienfuegos ni siquiera tiene una denuncia en nuestro país. No era investigado por causa alguna.

El problema es que Cienfuegos y García Luna, mientras ocuparon esos cargos, sólo respondían al presidente de la república que los designó.

¿Es posible que ambos mandatarios -Calderón y Peña Nieto- estuvieran al margen de las actividades de sus subordinados o que, como lo asientan, en distintos momentos y diferentes trabajos periodísticos, personajes como Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y en sus reportajes la periodista Anabel Hernández, que las actividades de los dos primeros narcotraficantes eran conocidas por altos mandos del ejército y, probablemente, por el presidente de la república en turno?

Hay, a lo largo de todos estos años, innumerables denuncias o señalamientos de la participación de altos mandos del ejército en las actividades del tráfico de drogas, que van más allá de los dos presidentes mencionados líneas arriba.

En el juicio de El Chapo Guzmán, Vicente Zambada mencionó que “cuando se entrevistó con (Roberto) Miranda, éste era el jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo” y que la entrevista se efectuó en la residencia presidencial de Los Pinos.

Igual situación podrá plantearse ahora con la detención de Cienfuegos que, además, pone en grave crisis al total de las fuerzas armadas porque, sin duda, se pueden cometer errores que no involucren al total del organismo al que pertenezca el funcionario, pero por el elevado rango del ahora señalado se puede presumir, con mucho sustento, que sus actividades criminales debieron ser concretadas por personal bajo su mando, lo que podría incluir a jefes militares del más alto rango, así como personal de menor rango, jefes policíacos civiles, agentes del ministerio público federal y local, así como funcionarios estatales, en este caso de Nayarit y Sinaloa.

Además, es imposible que el secretario de la Defensa Nacional, a lo largo de un sexenio, no estuviese involucrado con la mayoría de los nombramientos y promociones de los altos mandos del ejército.

A lo largo del libro “El traidor”, de Anabel Hernández, que combina declaraciones de Vicentillo en su juicio, con fragmentos de los textos escritos para la periodista, así como informaciones de la autora, se encuentran numerosas referencias a la presencia de generales en las reuniones con distintos jefes criminales.

Sin duda, en el gobierno de Peña Nieto se llegó a niveles inimaginables   de corrupción.

¿Se habrán acabado?

LA CONEXIÓN CHIHUAHUA.- De la detención de Cienfuegos podrían desprenderse probables implicaciones con lo ocurrido en Chihauhua en el sexenio pasado.

La causa penal en contra de Cienfuegos tiene su origen en el proceso seguido en contra del ex Procurador de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia, y en el que está involucrado el ex gobernador del mismo estado, Roberto Sandoval, a quienes acusaron de varios delitos, todos relacionados con el tráfico de drogas, por los cuales Veytia purga una condena de 20 años en EU. A Sandoval se le acusó de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis y Los Beltrán Leyva. (Nota de El Universal, 10 de julio de 2020).

Además, se le vinculó con delitos cometidos por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la existencia de una red de lavado de dinero en una asociación ganadera (la Asociación Ganadera División del Norte) que importaba animales de Nueva Zelanda, supuestamente para apoyar a este sector en Chihuahua. Las investigaciones señalan que la asociación también está vinculada con el exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda”. (Nota de Diana Lastiri, El Universal, 10 de julio de 2020).

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