De juegos de tenis y testigos protegidos
Sin Retorno

De juegos de tenis y testigos protegidos 8 de diciembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih.

En dos asuntos, a cual más de controversiales, nuevamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha trasgredido el marco legal, y en dos de los aspectos más sensibles para la sociedad: El del estricto respeto a la libertad de expresión y -paradójicamente- en el del combate a la corrupción, a propósito de los procesos seguidos en contra de los ex funcionarios de César Duarte.

El primero de ellos pudiera aparecer como trivial, pues se deriva de una de las actividades más lúdicas para el mandatario chihuahuense, la práctica del tenis.

No lo es a la luz de las dimensiones de los actos cometidos por el gobernador y su equipo de guardias que, justo es decirlo, estos sólo acataron las órdenes de Corral.

Molesto porque el reportero Gabriel Venzor le tomaba fotos mientras practicaba tenis en las canchas públicas de la Cd. Deportiva de la ciudad de Chihuahua, exasperado, le ordenó a sus guardias que lo detuvieran, al tiempo que lo señalaba como narcotraficante, sin tener elementos para hacerlo a pesar de que el reportero inmediatamente se identificó como trabajador del portal digital La Opción.

Al tiempo que el mandatario chihuahuense lo increpaba, los guardias le quitaban el celular, el que transcurrido una semana no se lo han devuelto. 

Un día después, el gobernador Corral, en el curso de una conferencia de prensa -celebrada de manera inusitada pues se cuentan con los dedos de la mano las que ha celebrado en domingo- señaló como mentiras lo dicho por el reportero Venzor.

Pero éste ratificó su versión y su queja de no habérsele reintegrado su aparato telefónico. Y lo hizo por la vía más transparente: Denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado en la que solicitó castigar a los responsables, además de la devolución del aparato.

En la conferencia de prensa, cuestionado por otro reportero del mismo portal, el gobernador se negó a responder acerca del paradero del celular. Molesto, dio por terminada la conferencia de prensa, luego de ofrecer su versión, además de acusar reiteradamente al portal de mentiroso, del mismo modo que al reportero Venzor, sin dar tiempo a que los reporteros presentes le hicieran preguntas

Pero en ella informó que sus guardias, obedeciendo sus órdenes, revisaron el aparato.

El episodio es el más grave de los protagonizados por Javier Corral, o su equipo de seguridad, en contra de los reporteros a lo largo de su gestión. Por si faltara algo, el reportero fue citado por la Fiscalía a fin de darle curso a un incidente vial ocurrido en 2017 en el que se le encontró culpable y aún no se reparaba el total de los daños.

¿Coincidencia?

Es más grave porque, primero, el gobernador señaló al reportero como delincuente -a pesar de que Gabriel Venzor es el encargado de la fuente policíaca y, como tal, ha reporteado infinidad de actos en los que Corral ha estado presente, y al que le ha tomado, también, un sinnúmero de fotografías y videos- de tal modo que los gritos e insultos que le profirió no tenían sustento.

Segundo, porque, sabiendo tal cosa, ordenó que lo revisaran, al reportero y al aparato fotográfico -¡chéquenlo al cabrón, es narco!, dijo- y, tercero, porque al identificarse éste era suficiente para detener cualquier intento de acceder al celular.

Tercero, porque aún habiendo comprobado la identificación del reportero, sus guardias no devolvieron el celular -cosa que no sucedía todavía 7 días después del incidente- tiempo que aprovecharon para acceder a la información que contenía, propiedad del reportero, o de la empresa para la que labora, lo que configura claramente un delito contra el ejercicio periodístico, claramente tipificado como del orden penal.

Más aún, en el curso de la conferencia de prensa del día posterior, el gobernador Corral afirmó que los domicilios contenidos en la credencial de elector y la licencia de conducir eran distintos, de dos municipios diferentes, lo que es una descomunal mentira pues las licencias de conductor NO EXHIBEN EL DOMICILIO de las personas.

En el colmo de la exasperación, el gobernador llamó al resto de los medios a no dejarse “engañar”, o “engatusar” al tomar como fuente de sus informaciones a este medio, pues puede poner en cuestionamiento la acuciosidad del profesionalismo de los periodistas.

El episodio le sirvió para remarcar que su gobierno acabó con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos para pagarle a la prensa, cosa que no tiene sustento con la realidad y sin que se haya hecho realidad una de sus promesas, que era la de emitir regulaciones en ese sentido y que, dados sus antecedentes en la materia, se esperaba fueran de avanzada democrática.

El incidente ha servido para allegarnos al estado de ánimo del gobernante y a su ya muy escasa tolerancia hacia la crítica.

Más aún, nos devela con toda nitidez los grados de falsedades a los que está dispuesto llegar el mandatario con tal de hacer prevalecer sus puntos de vista, sin importarle las consecuencias directas, sobre las personas, que les acarrearán la errática forma de actuar del gobernador Corral, que en el presente caso lo puede llevar a afrontar cargos de índole penal derivados de los graves ataques al ejercicio periodístico cometidos por Corral y su equipo de seguridad.

¿Qué mal le pueden hacer las fotografías que pudiese haber tomado Gabriel Venzor? Las respuestas sólo nos llevarán a que el ánimo del gobernante está muy exaltado.

En la conferencia de prensa mintió varias veces, aseveró que a nadie ha echado de las canchas (ciertamente, él personalmente, no) o que él, reserva su cancha, “como lo hace cualquier jugador en la deportiva”, cosa que nadie hace, solamente sus guardias para él.

El gobernador hablaba, hablaba, argumentaba y buscaba los asentimientos de quienes lo aclamaban en la conferencia de prensa, pero, tanto el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, como el Coordinador de Comunicación Social, Manuel Castillo, permanecían impertérritos.

Molesto porque otro reportero de La Opción insistía -¿Y el Iphone, cuándo lo devuelven?-, se levantó, dio por terminada la conferencia de prensa y sólo alcanzó a escucharse una frase, “es puro rollo, gobernador…”.

Justamente cuando eso ocurría, y se revelaba que Chihuahua ocupa el último lugar en percepción de seguridad en el país pues el 94% de los chihuahuenses lo reprueban, según la empresa Arias, se daba a conocer por la defensoría del ex Secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, aspectos, además de novedosos, extremadamente inquietantes del desempeño del gobierno de Javier Corral en las causas de los denominados “Expedientes X”.

Los “criterios de oportunidad” usados para fincarle cargos al gobernador César Duarte, a Marcelo González Tachiquín y a otros han sido develados en toda su magnitud por la defensa de González Tachiquín como un verdadero monumento a la impunidad y a la aplicación más que discrecional de la justicia por el gobierno del Nuevo Amanecer.

Ilustra gráficamente como el gobernador Corral y el Fiscal Peniche han manipulado los denominados “Expedientes X” y, también, la podredumbre del Poder Judicial del Estado, pues un buen número de jueces han actuado al “contentillo” del gobernador Corral.

El abogado Héctor Villasana, defensor de González Tachiquín, declaró que durante meses, luego de presentar diversos amparos, finalmente logró que los jueces ordenaran a la Fiscalía le fueran entregados los documentos en los que se sustenta la expedición de los “criterios de oportunidad” otorgados a varios de los exfuncionarios duartistas, entre ellos, señaladamente, al ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y al ex General de Gobierno, Mario Trevizo.

Esta figura ha sido conocida popularmente como la de los “testigos protegidos”.

La ley establece que los beneficiarios de los criterios de oportunidad deberán ser indiciados como probables responsables de la comisión del delito; luego, el de que ese delito se castigue con una menor pena que el cometido por la (s) personas a las que va a acusar, como vía para que las autoridades prejudiciales y judiciales no ejerzan acción penal en su contra y, tercero, que hagan los pagos necesarios para acreditar que repararon el daño.

Pero la ley dice que para que pueda hacerse válido el no ejercicio de la acción penal en contra del “testigo protegido”, la persona señalada por éste deberá ser encontrada culpable de los cargos en los que aportó pruebas y dichos, de lo contrario, po’s no.

¡Híjole! Pueden pasar años. De ese modo, la espada del gobierno penderá sobre los testigos protegidos.

Pero resulta que, primero, por ninguna parte aparecen los procesos judiciales que se les siguen a Jaime Herrera y Mario Trevizo; segundo, los delitos de los que se acusa a César Duarte son del mismo rango de los que se acusa a Herrera y Trevizo -por señalar a los funcionarios que aparecen en las causas que se le siguen a Marcelo González- y, finalmente, la Secretaría de Hacienda no ha logrado acreditar que se hayan hecho los pagos reparadores de los daños patrimoniales sufridos por el Estado de Chihuahua.

No habla de oídas Villasana, en entrevista radiofónica (Aserto, 4/XII/19) mostró los documentos en los que el Fiscal Peniche le aseguró al juez que el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, ya había reparado el daño pero en la audiencia judicial, a pregunta expresa del juez, el agente del Ministerio Público reconoció que no se habían hecho los pagos correspondientes.

Ante semejantes revelaciones, la defensa de González Tachiquín ha exigido tener acceso a los documentos mediante los que la Fiscalía General accedió a que se les otorgaran los “criterios de oportunidad” a los ex funcionarios de Duarte, lo que dará pie a que sean conocidos los nombres, los compromisos y las mentiras vertidas por el Nuevo Amanecer acerca del monto de lo recuperado en la denominada “Operación Justicia”, pues en algunas causas seguidas en contra de los ex funcionarios los montos señalados ascienden a cientos de millones de pesos.

De ser así, y de prosperar las denuncias de Gabriel Venzor, al gobernador Corral le esperan muy ingratos tiempos al concluir su mandato; deberá enfrentar las acusaciones derivadas de los “Expedientes X” y las señaladas por el reportero, de ataques a las vías de comunicación,  abuso de autoridad, así como por el robo del celular y las de los ataques a la libertad de expresión.

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