El caso ‘Nachito’ fue más que suficiente para exhibir la nula autonomía política del Poder legislativo de Chihuahua ante la perniciosa intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos de la incumbencia exclusiva del Congreso Local (la designación del Auditor Superior del Estado); pero que dada su trascendencia política, el Ejecutivo Estatal no puede ser ajeno por completo a estas decisiones legislativas.

En esta ocasión, para justificar su intromisión institucional, Javier Corral tuvo un pretexto perfecto: la certificación expedida por el aún Secretario Ejecutivo del IEE, Guillermo Sierra, en la cual hizo constar -de manera perversa- que ‘Nachito’ no había sido postulado como candidato en los comicios locales del 2016.

Así, aduciendo como motivo la posterior ‘fe de erratas’ expedida por este mismo funcionario electoral, y haciendo uso indebido del veto ejecutivo, el Gobernador se negó a publicar el decreto mediante el cual el Congreso designó al Auditor Superior, alegando la evidente inelegibilidad de ‘Nachito’.

El daño colateral de este entuerto político, lo fue el enroque forzado del nuevo líder parlamentario del PAN: Jesús Villarreal reemplaza a Miguel la Torre; lo cual, debilitará a la fracción panista, con los subsiguientes enroques en los puestos administrativos que habían sido autorizados por el depuesto coordinador panista.

Adicionalmente, deben señalarse las notas periodísticas que hacían referencia a la renuncia tardía de ‘Nachito’, como consecuencia de una supuesta orden de aprehensión girada en su contra por un ‘Juez de Consigna’. De ser cierta esta circunstancia fáctica, habría que admitir que durante el gobierno de Javier Corral el indebido ejercicio de la función pública estará sujeta al escrutinio del Derecho Penal; sin importar la militancia política de los presuntos responsables.

En este contexto, resulta evidente que el caso ‘Nachito’ exhibe ante la opinión pública no solo las miserias -personales y políticas- de los personajes que detentan actualmente el poder público; sino también, la inexistencia de protocolos jurídico-políticos que garanticen una plena división de podres.

En efecto, la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo es un ordenamiento legal que ni consolida la función legislativa, ni prevé defensa alguna frente a los demás poderes del Estado; lo anterior, ya que no establece procedimientos que garanticen la toma de decisiones inmediatas y oportunas ante cualquier eventualidad política que conlleve una indebida intromisión por parte del Poder Ejecutivo.

Sin duda alguna, el caso ‘Nachito’ constituye una crisis institucional que no solo daña la imagen del Poder legislativo ante la ciudadanía chihuahuense, sino además, exhibe la inmoralidad del gobierno corralista.

Digámoslo con palabras del jurista español Andrés Morey: “el primer rasgo de la crisis de las instituciones políticas actuales es la pérdida de legitimidad democrática. Esta se caracteriza por la falta de confianza política de los ciudadanos en las mismas, lo que afecta a sus resultados y a la aceptación de la democracia… La confianza en las instituciones es el indicador central del sentimiento básico de los ciudadanos sobre su sistema político y sus gobernantes”.



“La insatisfacción y la pérdida de confianza reducen la credibilidad de los Gobiernos y de las instituciones públicas, limitan las nuevas iniciativas públicas o sociales, generan dudas sobre la equidad, infunden sospechas de corrupción y de comportamientos antidemocráticos, aumentan la ineficacia de la Administración pública y alejan la participación ciudadana”.

Coincido plenamente con este jurista español cuando afirma que “el resultado en muchas democracias avanzadas es desilusión, frustración, apatía, alienación y alejamiento creciente de las instituciones políticas y de sus integrantes, así como la aparición de grupos antisistema, muchos de ellos antidemocráticos”. Criterio que, sin duda alguna, resulta aplicable al gobierno de Javier Corral.



FE DE ERRATAS:

El oficio aclaratorio -a través de un escrito de ‘fe de erratas’- mediante el cual el Secretario Ejecutivo del IEE pretende corregir la constancia expedida por él mismo, en la que acreditaba que ‘Nachito’ no fue postulado en los comicios locales del 2016 como candidato a un cargo de elección popular, acredita a plenitud la conducta dolosa de este funcionario electoral.

Lo anterior es así, en virtud de que para cualquier estudiante de Derecho, es de su conocimiento que una fe de erratas “no puede tener el alcance de modificar el texto originalmente aprobado por el órgano emisor, ya que se constriñe a la mera divulgación de las correcciones de algunos errores de estilo o redacción contenidos en los propios preceptos que se enmiendan”.

En efecto, las correcciones que se realizan a un escrito determinado (ya sea un decreto legislativo, una orden ejecutiva o un simple oficio administrativo) mediante una fe de erratas “no tienen por qué diferir del texto originalmente aprobado, y mucho menos se podrá, mediante este mecanismo, subsanar las deficiencias u omisiones que éste presente”.

El escrito ‘aclaratorio’ del Lic. Guillermo Sierra, en su carácter de Secretario Ejecutivo del IEE, no se trata de una fe de erratas como lo pretende hacer creer; sino más bien, el reconocimiento tácito de una acción dolosa concertada con la única intención de favorecer a ‘Nachito’. En los próximos días, será presentada una queja administrativa para acreditarlo.