La madrugada del 11 de diciembre de 2013, en vísperas del Día de la Guadalupana, 53 senadores del PRI, 35 del PAN y siete del PVEM aprobaron la reforma constitucional en materia energética y de energía, con el voto en contra de 28 senadores de PRD, PT y sólo dos votos en contra del PAN, el del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y Ernesto Rufo ex gobernador de Baja California.



Con el Senado cercado por las manifestaciones, los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más 22 artículos transitorios que, entre otras cosas, autorizaron la participación privada, nacional y extranjera, mediante el otorgamiento de “permisos” del Ejecutivo federal en derivados del petróleo, incluyendo las gasolinas.



El gran operador de la reforma fue el senador hidalguense del PRI David Penchyna, junto con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien prácticamente legisló los aspectos más delicados de esa reforma constitucional.



La madrugada del 1 de enero de 2017, el país amaneció con un nuevo incremento a los combustibles que el algunos casos superó el 20 por ciento después de varios meses en que estuvo subiendo paulatinamente y de varias promesas de que “se acabaron los gasolinazos” “no habrá incremento a los combustibles” y otras mentiras más del presidente de la república Enrique Peña Nieto.



El descontento social es grande, no sólo por lo que representa este incremento sino por las mentiras y los abusos de un Gobierno que pretendió con “reformas estructurales” sacadas de la manga engañarnos para ceder los bienes y las riquezas de nuestro país al mejor postor.



Por desgracia, el Gobierno federal empieza el año con el pie izquierdo, y con el instrumento de la SHCP nos obsequia un jugoso incremento a los combustibles. El mayor incremento que se haya dado en esta Administración, aunque recordemos que en la Administración panista también hubo incrementos sustanciosos.



Desde hace algunos años, los “pactos” establecidos por los partidos políticos y el Fobierno federal han llevado a la clase media baja a sufrir las consecuencias de sus actos. Las reformas estructurales no han servido para dar certeza de ningún tipo a los mexicanos, sólo sirvieron para decirle al mundo que somos un país que nos sometemos a los designios de los grandes intereses internacionales y que estamos por el neoliberalismo económico dentro de la llamada “economía de la muerte” en esta sociedad de consumo.



Seguramente a partir de este mes que inicia, veremos los efectos inflacionarios que tal medida produce. Se prevé, según varios analistas financieros, que la inflación llegue al 5 por ciento a mitad del año y el crecimiento del Producto Interno Bruto disminuirá entre el 1.2 y 1.5 por ciento.



Para muchos resulta una verdadera burla el hecho de que a unos días de haber anunciado un incremento al salario mínimo de siete pesos diarios, “liberen” los precios de los combustibles llevándonos a efectos inflacionarios que se verán reflejados en el consumo de la canasta básica que cada vez se ve más disminuida ante pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Otro factor sin duda lo representa el incremento del dólar o la devaluación del peso, valor que no ha podido sostener el Gobierno federal con esta política económica basada en la “liberación” donde lo único libre es el maltrato económico hacia el pueblo.



La deficiente operación política y la exasperante precariedad económica por parte de las autoridades amenaza con generar desbordes de malestar social que ya se asoman vigorosamente y para disminuir esa posibilidad sólo existe el camino del viraje en el modelo de desarrollo económico impulsado por la clase política que actualmente nos gobierna para dejar entrar al respeto por la soberanía nacional y el impulso verdadero a la tan buscada “justicia social”.



De lo contrario, seguramente veremos el “México en llamas” que no quisiéramos ver.







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