Chihuahua, Chih.
Podrá aparecer desmesurada la postura, fuera de tiempo, o quizá, para otros, parte del ‘complot’ de la oposición, ya sea política o mediática a la que tanto aluden los que hoy gobiernan.
Lo conducente, lo necesario para el desarrollo de la democracia en el país, es la cancelación inmediata de la elección judicial.
Vamos a un verdadero barranco, en el fondo encontraremos los restos, no sólo de la incipiente democracia que estábamos construyendo, sino, además, los restos de los poderes judiciales que construíamos en el país -desde 200 años atrás-, y de la transformación de éste, en un verdadero contrapeso del poder público, que en el caso de México, se traduce en contrapeso del poder presidencial.
Vamos a una elección en ausencia de todos los principios constitucionales propios de las elecciones en México, que hicieron posible la transición democrática y la alternativa partidaria, certeza, certidumbre, legalidad, equidad, independencia; imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Por si fuera poco, el diseño de lo elegido y la elección atenta contra la participación ciudadana.
En el caso de Juárez cada elector recibirá 5 boletas locales y las 6 federales.
En tanto, en Chihuahua, serán 7 boletas locales, 4 de los candidatos a jueces y 3 de magistraturas, además de las 6 federales.
¿Cuánto calcula que se tardará, en promedio, un elector?
El IEE calculó que en la elección local se tardaría 10 minutos.
Agréguele la votación federal ¿Otros 10?
Y se dará en medio de un inmenso activismo del partido gubernamental. Le servirá para intervenir abiertamente en la definición de muchos ganadores.
Durante varias décadas transitamos de la existencia de un gobierno federalista en lo formal y absolutamente centralista en lo real; luego, poco a poco, conforme el antiguo partido hegemónico, (el PRI) iba perdiendo poder y espacios, la sociedad se los arrancaba a cada paso, y en cada uno de ellos, construyendo las necesarias instituciones, organismos y cultura ciudadana necesaria para atemperar el enorme poder presidencial del viejo priísmo.
Hoy estamos en medio de una discusión, probablemente estéril, porque algunos de los beneficiados son destacados integrantes de la coalición gubernamental y por los términos usados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente, Ernesto Zedillo.
Más allá de esa, desde el punto de vista de la transición democrática, Zedillo efectuó dos profundas transformaciones: Por un lado, la reforma al poder judicial y por la otra, la reforma electoral de 1996, que profundizó las reformas previas. Se aprobaron por unanimidad.
Dotó de autonomía constitucional al IFE y creó el Tribunal Electoral para resolver las controversias electorales, órgano especializado del Poder Judicial; diseñó un esquema de financiamiento público equitativo para todos los partidos políticos, fiscalizado por el órgano electoral; una fórmula de acceso a medios de comunicación más equilibrada y se cambió la fórmula de representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que permitió que partidos minoritarios obtuvieran más representación.
Además, le otorgó al Distrito Federal un gobierno propio, y se creó la figura de los Consejeros Ciudadanos.
Dió pie, por primera ocasión en México, la existencia de elecciones competitivas y equitativas. Hasta ahora.
Por otra parte, la reforma Judicial de Zedillo -que dejó al alcance del presidente de la República (y hasta ahora), en turno, la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, transformó radicalmente al Poder Judicial Federal (PJF), estableciendo una serie de procedimientos para que los méritos, la capacidad y la experiencia, así como la carrera en el PJF, medidos a través de organismos internos, confiables y capaces, pudieran ir ordenando el acceso de los profesionales de la justicia y el derecho más capaces, más probados, más honrados, a los cargos de juzgadores.
Fue exitoso.
Hoy todo eso quedará echado por la borda.
Podrá haber, y los hay, una buena cantidad de profesionales del derecho que hoy buscan ganar la votación y acceder a uno de los cargos en el poder judicial, federal o de los estados.
Como en todos los grupos sociales, sin duda hay quienes no debieran estar en las listas de candidatos.
Pero el partido hegemónico en México metió a los profesionales del derecho, aspirantes a convertirse en juzgadores, a adquirir una categoría que nunca, en ninguna circunstancia, debieron tener: Los convirtieron en candidatos.
Y nuestro país tiene la suficiente experiencia ciudadana para saber qué significa eso.
Funcionarios sometidos a las presiones políticas, financieras, lícitas o ilícitas, para que acaten las directrices que los grupos empresariales, gubernamentales, políticos o delincuenciales. Que se dedican, ahora, a todas las actividades comerciales y empresariales inconcebibles.
Para ello requieren jueces a modo.
Se los ofreceremos en bandeja de plata.
Y si en el ámbito federal la construcción del poder judicial había avanzado a los niveles señalados líneas arriba, en la absoluta mayoría de los estados prevalecía, antes de esta reforma, -la de López Obrador- el viejo estado de cosas, en el que el gobernante en turno imponía, no sólo a los magistrados de los tribunales superiores de los estados y a la mayoría de los jueces.
Las experiencias en ese sentido, en Chihuahua, abundan. Crearon a los magistrados ‘oxigenadores’; y permitieron que fuera Chihuahua la entidad en la que, por primera ocasión, la SCJN destituía al presidente de un tribunal superior de una entidad, en tiempos de Javier Corral, o el de los exámenes aplicados por la Consejera de la Judicatura, en el mismo sexenio, Lucha Castro.
O en el actual, en el que la mayor parte de los ‘oxigenadores’, y otros, accedieron a una más que jugosa e inmerecida jubilación.
Y ahora estamos en medio de una campaña en la que se lanzó a profesionales del derecho a recorrer los domicilios de los presuntos votantes, sin más acompañamiento que sus parientes directos, algunos amigos y obligados a difundir su publicidad, sólo por las redes sociales.
Quienes han hecho campañas electorales, saben lo verdaderamente desmesurado de tal propósito.
El universo de los candidatos a magistrados en el estado de Chihuahua, son los más de 1 millón 300 mil existentes en el estado de Chihuahua, o el de los candidatos a jueces en Chihuahua, los 260 mil!
Eso, es imposible.
La 4T (la 4’R’) pretende “purificar” al poder judicial mediante un proceso electoral pervertido hasta las cachas, en el que su participación indebida, ilegal e inmoral ha dañado tal proceso.
Pretende usar el peor proceso ‘purificador’ del mundo, por lo menos en México, que son las elecciones!
Y todos los actores, protagónicos de morena, diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, efectuando “ asambleas informativas”, para organizar, ni modo que se queden solamente en la exposición de temas y de argumentos, a sus afiliados a que acudan a votar.
Para eso tienen de su lado al Tribunal Electoral de la Federación.
Y cuando aparecieron los primeros reportes de candidatos inelegibles, por sus antecedentes ligados al crimen, -entre ellos «Silvia Delgado, que en 2016 fue parte del equipo legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y que ahora aspira a jueza de lo penal en el Estado de Chihuahua»- la magistrada Molina de la Puente, ex integrante del Comité de Evaluación del PJ, fue la que mejor sintetizó las causas:
«… todas las reglas fueron fijadas por el Senado, no había forma de revisar cada una de las candidaturas por parte de ninguno de los comités, eran miles de candidaturas, pero ¿quién hizo esa esas reglas? fue el Senado, ¿Quién hizo la reforma constitucional? El partido en el poder, ¿quién hizo las reglas posteriores de cómo se iban conformando los comités, los tiempos y demás, que incluso incumplieron ellos mismos? fue el Senado, ¿Quién revisó las listas de los tres poderes para remitirlos al INE? El Senado». (Nota de Antonio López, El Universal, 24/4/25).
Por si fuera poco, el INE desechó más de 24 solicitudes de aspirantes a observadores debido a que estaban afiliados «a partidos políticos» y/o estaban vinculados «programas sociales gubernamentales». (Comunicado INE, 16/4/25).
¿De quién creen que son militantes la mayoría de ellos?
Cancelar la elección judicial es la única postura viable para darle viabilidad al país, democrática y económicamente.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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