Chihuahua, Chih.

Le asiste parte de la razón política al dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, en función de los pasos previos realizados por el grupo gobernante en Chihuahua, cuando se opone a la aprobación de la iniciativa de la Ley de Fiscalización.

De aprobarse constituirá una especie de culminación del proceso seguido por el gobernador Javier Corral para alzarse con el control de todos los poderes en Chihuahua.

Tiene razón Bazán, en cuanto a que se fortalecerá la preeminencia del gobierno de Chihuahua, pero no en cuanto a la bondad de las reformas realizadas a fin de contar con los organismos y los procesos más sanos para la fiscalización de los recursos públicos.

El pero aparece ahí en donde lo anterior debe ponerse al arbitrio de las fuerzas políticas existentes y peor si alguna de ellas obtiene mayoría absoluta en los órganos legislativos, ya fuere por el triunfo en las urnas, o por la “adquisición”, en el camino, de los grupos parlamentarios necesarios para tenerla.

Eso es lo que ocurrió en la pasada legislatura y al parecer es lo que está ocurriendo en la actual.

El PAN, en aquella legislatura, logró sumar a su grupo los votos de casi todos los partidos -con la excepción de Morena- para alcanzar la mayoría necesaria para nombrar al Auditor Superior del Estado. Veintiséis votos alcanzó Héctor Alberto Acosta Félix para convertirse en el titular.

Su elección era contra el tiempo, se hizo apenas una semana antes de que terminara aquella legislatura, y como es la marca de la casa del actual gobierno, por aquello de las leyes hechas a propósito para que beneficien a determinado personaje, se le concedió que tomara posesión de su cargo hasta el 1o. de diciembre del año anterior, para que pudiera terminar un encargo federal que desempeñaba en aquel momento.

Tal decisión volvió totalmente explicable la prisa, ya en ese momento se sabía que en la actual legislatura el PAN no tendría mayoría, que sería la primera minoría y aún no tenían la seguridad de acopiar el apoyo de diputados de otros partidos para sus fines y propuestas.

Que Morena y sus aliados constituían una fuerza importante.

Esas reflexiones eran las que se podían hacer a fines de agosto del año anterior, por ello, el gobernador urgió al apresuramiento del nombramiento, urgía hacerlo para uno de los “confiables” de Palacio.

La prisa tenía, además, otro atractivo: De acuerdo con distintos ordenamientos, en especial el de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso de Chihuahua estaba obligado a aprobar la Ley de Fiscalización, que homologara lo ya vigente en el país, en especial dos aspectos, el de la autonomía casi total de la dependencia, aderezado con otro, el de que la Auditoría Superior del Estado, al igual que la de la federación, podría aplicar sanciones administrativas y dar “vista” a la Fiscalía General para el inicio de las respectivas sanciones penales, sin tener que pasar por la aprobación del Congreso del Estado.

Y este paso, siendo uno de los más aplaudibles en el largo proceso de tratar de despartidizar la fiscalización de los recursos públicos, se convierte, si cae en manos de las inescrupulosas manos de la clase política no dispuesta a ceder el control sobre el total del gobierno, en un más que preocupante fenómeno de avasallamiento de la aspiración ciudadana por ocupar estos espacios, que darían posibilidad a una mayor vigilancia societaria sobre la “cosa” pública.

No sobra reiterarlo. El gobernador Corral sale debiendo en este sentido, luego de una trayectoria -en la Ciudad de México- que hacía pensar en un gobierno más orientado en aquel sentido.

El control de Corral es prácticamente total: Congreso del Estado, Tribunal Superior de Justicia, Instituto Chihuahuense de Transparencia y Auditoría Superior del Estado.

Además, una ex secretaria de su gabinete es la presidenta estatal de su partido.

La cereza en el pastel estriba en que, de aprobarse la Ley de Fiscalización, le otorgará a la Auditoría una gran autonomía, lo que de suyo sería extremadamente positivo, si no fuera porque el Auditor Superior del Estado forma parte del equipo más cercano del ex secretario de Gobierno de Francisco Barrio, Eduardo Romero, y que en el senado trabajara de cerca con Corral.

El colmo fue que en el panel de “especialistas” designador de la terna, de la cual emergió Acosta Félix, se encontraba Eduardo Romero.

De ahí la argumentación cuestionadora del dirigente del PRI, Omar Bazán, en el sentido que por esta ley el gobernador Corral determinará las sanciones y los posibles sancionados, así como los exculpados de cualquier desarreglo administrativo que pudieran realizar y la Auditoría encontrar.

Lo más preocupante: Que el auditado -gobierno del estado- haya influido determinantemente en la designación del auditor.

El problema para Bazán es que recurre a rechazar la propuesta y argumenta a favor de lo que hasta ahora se ha hecho en la fiscalización: Que la Auditoría fiscalice las cuentas públicas y someta al Congreso del Estado la aprobación de los resultados de las auditorías, así como las posibles sanciones en contra de los responsables de las irregularidades encontradas, las que siempre han estado sujetas a las negociaciones entre los grupos parlamentarios.

Una cosa deberemos reconocerle a Corral -cosa que han hecho prácticamente todos sus antecesores- y es que, contra los pronósticos y a pesar de cabildear personalmente muy poco, ha logrado construir las mayorías que necesita en el Congreso del Estado, en los momentos clave, y para las cosas que más ha necesitado.

No sólo eso, como no lo recuerda el teclador que haya sucedido en el pasado, las legislaturas del sexenio de Corral son las que más se han distinguido por aprobar reformas legislativas a modo, de acuerdo a las necesidades de alguno de sus colaboradores, para que sean agraciados con algún cargo público.

El Auditor Héctor Acosta no cumplía con el requisito de la residencia en el estado, no obstante ser originario de Chihuahua, así decía la ley. Igual que en otros casos, los legisladores aprobaron una reforma que modificaba tal impedimento para Acosta Félix, quien había sido un antiguo colaborador de Eduardo Romero, desde antes de que éste ocupara la Secretaría General de Gobierno con Francisco Barrio.

Acosta lo acompañó, como su más cercano en todos los cargos ocupados en la administración federal de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, entre los cuales se encuentra la Secretaría de la Función Pública federal.

Puede ser un hombre capaz y honesto, su problema, y el del grupo gobernante es que tantas maniobras, todas en el mismo sentido, hacen dudar de la potencial probidad, no sólo de este funcionario, sino del grupo al que pertenece y el modo en que accede a la ASE.

De la mano de Romero, o de Barrio, el Auditor ocupó la Coordinación de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua (Barrio era el gobernador y Romero, Secretario); asesor del Presidente Municipal de Juárez (¿Gustavo Elizondo o Alfredo Delgado el alcalde panista de ese período?).

Luego sería asesor del Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; y coordinador de asesores del Secretario de la Función Pública (Claro, Romero el Secretario, en tiempos de Fox). A partir de ahí ha ocupado la titularidad de los Órganos Internos de Control de la Comisión Federal de Competencia; Secretaría de Energía y encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Comisión Reguladora de Energía; Pemex Petroquímica; Instituto Mexicano del Seguro Social; y Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública.

De ahí podemos colegir que experiencia y capacidad las tiene, el problema serán sus filias políticas y sus antecedentes.

Es probable que sus defensores argumenten que tendrá plena independencia respecto del gobernador Corral, pero eso no guardaría correlación con lo que se ha hecho hasta ahora en el gobierno del “amanecer”; del estudio de sus antecedentes no se desprende una actuación imparcial o neutral en el servicio público, cosa necesaria, indispensable, para ocupar un cargo de esa naturaleza.

Porque eso es lo necesario, que quienes ocupen los puestos públicos encargados de la fiscalización del ejercicio del presupuesto, de garantizar la transparencia en los asuntos públicos, de los organismos electorales, de los de derechos humanos y otros, necesariamente ciudadanizados, fueran ciudadanos ajenos a los partidos políticos, de preferencia durante toda su vida.

Pero si al que se nombra tiene como antecedentes estrictamente cargos relacionados con quienes ahora gobiernan, flaco favor le hacen a la sociedad que dicen querer servir.

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