Hace relativamente poco tiempo varias feministas que nos dedicamos al análisis político y la investigación comenzamos a documentar un fenómeno de manera rigurosa que comenzó a convertirse en tendencia irrevocable en cada proceso electoral y se extendía a las dinámicas de la conformación de las estructuras de los partidos políticos y el sistema político nacional. Lo comenzamos a denominar “violencia política”.
Comenzar a configurar el fenómeno como tal desde medios de comunicación, la academia, espacios universitarios y de militancia se antojaba toda una cruzada; ya veníamos de una lucha que con sus muy diversos claroscuro, aún la consideramos necesaria y no satisfecha: la paridad electoral. Para la anterior como para la causa que le da título a esta colaboración, nos hemos conseguido un andamiaje jurídico y un entramado institucional que nos haría suponer que la mesa está servida; sin embargo no es así. Aun tratamos de empujar la obligada modificación a los paradigmas que nos permitan transformar culturalmente la percepción de la participación de las mujeres en la política.
Una semana atrás se conmemoraron los primeros 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se le atribuye a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos cuando fue diputada plurinominal por el PRD en la cámara de diputados que a la par de un intenso trabajo de gestión e interlocución del resto de diputadas interesadas en el tema y feministas se logró la aprobación de la ley que tuvo como antesala foros y una ardua investigación que posteriormente se publicó con la finalidad de convertir la problemática en tema de agenda pública y así constatar la importancia que requería que las mujeres tuviéramos una ley específica que contribuyera al entendimiento colectivo sobre como la violencia nos afecta a las mujeres de manera diferenciada.
Pues bien, la violencia política si bien es reciente en términos documentales y metodológicos -porque existe desde que socialmente nos organizamos en gobierno- su discusión legislativa para la integración en dicha ley como modalidad apenas se está realizando en las entidades federativas. Para el estado de Chihuahua, fue la fracción parlamentaria de MORENA quien presentó la iniciativa para tipificar esta modalidad de violencia contra las mujeres como parte de la violencia de género. Al intento le faltó preámbulo aunque por fortuna ya se convirtió en discusión por ser tema de la agenda feminista.
Si bien la diputada Leticia Ortega Márquez ofreció una exposición de motivos poco robusta alcanza para plantear de qué va esto, quiénes se ven afectadas y cuáles son los alcances del no-reconocimiento del agravio; de entre lo anterior cabe resaltar: “Desde que las mujeres tuvieron el pleno reconocimiento de sus derechos político-electorales, han encontrado una serie de limitantes para ejercerlos. En los últimos años, por ejemplo, se han presentado situaciones en donde ha imperado la violencia hacia las mujeres activas en la política, situación que ha llamado la atención de las autoridades electorales, quienes han sido testigos de hechos que van desde asesinatos, hasta amenazas para que renuncien a los cargos para las que fueron electas…”
Para cerrar dicha exposición, habla de la consecución de la armonización legislativa a las convenciones y tratados internacionales, de hecho, acude a "Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres" de Bolivia porque por desgracia, poco se ha escrito de manera formal en los países con realidades y contextos similares al nuestro como para que nos sirvieran de precedente.
Y ya en lo fino, para entendernos, ¿a qué me refiero con la necesidad de legislar para que la violencia política sea reconocida como una modalidad más de la violencia de género?
A tener el suelo parejo.
A no tener que enfrentarnos a una tercera o cuarta jornada si deseamos militar en organizaciones o partidos políticos, a socializar las discusiones políticas o politizar el trabajo de crianza y de cuidados, a tener posibilidad de ascender en los institutos políticos con líneas de pensamiento y acciones con agenda propia que vean por las necesidades específicas de las mujeres y atiendan las formas en que nos afectan. A que gobernar y ejercer poder no se cifre estrictamente en masculino, porque no se trata únicamente de paridad electoral, también de poder acceder en las mejores condiciones a los cargos de elección pública. Y a referirme a “mejores condiciones” digo a ejercer o tener acceso con toda dignidad.
Existe quien puede y tiene capacidad de llegar y si el resto no lo hace es porque se tienen que librar una serie de condiciones adversas que al sobreponerse dentro de las esferas públicas y políticas se llega a ser reconocida como mujer que “merece respeto y es digna de admiración”; el problema es que dichas condiciones son una serie de agresiones y violencias que se tienen que soportar generalmente en silencio y sin herramientas institucionales para enfrentarlas y ninguna mujer si desea incidir políticamente debería padecerlas.
Por eso urge el reconocimiento de la violencia política y su legislación, precisamente para comenzar a hacernos de dichas herramientas. Quien no esté de acuerdo, quizá debería explicar por qué está en contra de que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos sin ser violentadas.
A veces me da por pensar que los acérrimos enemigos de la paridad electoral y de la participación política de las mujeres lo son porque una vez que se hayan derribado las barreras que nos han sido impuestas entonces seremos nosotras quienes mostremos mayor y mejor capacidad para gobernar.
Usted ¿qué piensa?
@MarieLouSalomé
marielacastroflores.blogspot.mx
