El especialista en derecho penal, Everardo Moreno Cruz, explicó que en la Ley Nacional de Ejecución Penal art. 52, precisa los casos para realizar el traslado, y se incluye aquellos en el que se encuentre en riesgo la seguridad de la persona.

Al tomar la decisión de cancelar el traslado del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, a otro penal, el gobernador Javier Corral infringió la legislación nacional en materia de ejecución penal.

Así lo señaló el especialista en derecho penal, Everardo Moreno Cruz, quien apuntó que a partir de la petición que realizó el propio detenido para cambiar su lugar de internamiento bajo acusaciones de tortura, se cumplen con los requerimientos establecidos en la ley, por lo que el mandatario chihuahuense no estaba facultado para detenerlo.

En entrevista con El Financiero, el también coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM explicó que, más allá de cualquier argumento político de Corral, en los hechos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 52, precisa los casos para realizar el traslado, y se incluye aquellos en el que se encuentre en riesgo la seguridad de la persona.

“En este caso, el gobernador de Chihuahua está actuando de manera arbitraria. Independientemente de que la Fiscalía de Chihuahua solicitó el traslado, la ley señala que, en casos de excepción, para proteger la integridad de la persona o por razones especiales, se puede trasladar a un interno de un penal a otro”, apuntó.

Moreno Cruz comentó que este traslado no representaría una afectación para que la causa que se le sigue al priista Gutiérrez se lleve en el mismo lugar donde está integrada, pero sí garantizaría su seguridad, que es lo que demanda el detenido.

Señaló que, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, el proceso que se debió seguir para el traslado del exsecretario general adjunto del tricolor fue el de avisar al juez de la causa, quien tiene un plazo de 48 horas para calificar su legalidad, por lo que recae en el ámbito judicial y no en el gobernador el criterio para determinar el cambio de penal.
El académico apuntó que el gobierno federal puede hacer valer la legislación para proceder al traslado e indicó que la actuación arbitraria de Javier Corral le podría traer consecuencias, debido a que, en un momento determinado, se podría hacer valer el Código Penal Federal, en lo que se refiere al ejercicio indebido del servicio público o abuso de autoridad.