Chihuahua, Chih.

En un sorprendente giro político, el presidente López Obrador aceptó rectificar su propuesta, no la de la creación de la Guardia Nacional, como cuerpo central en la preservación de la seguridad pública, sino en el mando que tendrá.

Será un mando civil.

La postura del gobierno de la 4a.T, de abrir una intensa discusión en la Cámara de Diputados, a través de la realización de las “Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional”, en la que participaron -hasta el viernes a mediodía- varios gobernadores, alcaldes, dirigentes de organizaciones derechohumanistas (tanto como gubernamentales y no gubernamentales), de organismos internacionales y en la parte final con la presencia de los titulares de las dependencias federales relacionadas con la seguridad pública, rindió sorpresivos dividendos.

El principal de ellos ha sido, hasta ahora, el de la exposición de un sinfín de posturas, de actores políticos de distinta procedencia partidaria, en lo que fue una descarnada descripción de la extrema situación que guarda la seguridad pública en el país.

Si bien la gravedad de la crisis de inseguridad origina, a diario, motivos para espantarse, condolerse y preocuparse hondamente, escuchar a los gobernadores y alcaldes, muchos de los cuales se encuentran al frente de las poblaciones con los más altos índices delictivos en el país, fue estremecedor pues ilustró de otra manera la profundidad de la crisis por la que atraviesa el país ya que prácticamente todos, de una manera o de otra, denotaron su impotencia ante la magnitud de la crisis.

Deberá anotarse que la totalidad de los gobernantes y legisladores emanados de los partidos de oposición expresaron su oposición, no a la creación de la Guardia Nacional, sino a la pretensión, de la iniciativa de Morena, de dejar en manos de los militares la conducción del nuevo cuerpo policiaco.

Pero no solamente ellos, la totalidad de los funcionarios y activistas derechohumanistas manifestaron abiertamente su oposición a ese modelo, que va a contrapelo de lo que la sociedad, mundialmente, está haciendo.

Y esa tendencia la manifestó de manera mas clara Jan Jarab, Representante en México de la ONU en materia de Derechos Humanos, quien apeló a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Alvarado”, para ofrecer una de las argumentaciones más sólidas en contra de la iniciativa lopezobradorista.

Jarab arguye que la CIDH reafirmó “que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que cuando deban ser usadas, su intervención deberá ser:

“Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.

Tales parámetros, dice uno de los peritos más calificados en el mundo en materia de seguridad pública y derechos humanos, no se cumplían en la propuesta pues “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. Dicha actividad se concibe preponderante, no subordinada; principal y no complementaria. Tampoco está debidamente regulada ni es fiscalizada apropiadamente”.

Y pone énfasis en cuatro aspectos, derivados de la vigilancia efectuada en el país:

“Primero, que el Dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado.

Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles…

Tercero, la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma.

Y cuarto, la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado, por lo que ésta no parece la forma idónea de lograr seguridad”.

Del mismo modo que lo habían expresado diversas voces, el funcionario de la Naciones Unidas manifestó su preocupación por “la pretensión de consagrar” aquel modelo en la Constitución.

Ahora bien, siendo plausible la decisión gubernamental de aceptar la modificación en el mando, la discusión no termina ahí, por el contrario, la propuesta de López Obrador implica una profunda reforma al sistema prejudicial y al total de las fuerzas implicadas en la seguridad pública, así como en el modelo de policía que deberá construirse en el corto plazo.

Uno de esos aspectos es el relativo a si la GN tendrá competencia para investigar delitos, ahora reservada al ministerio público, y que abriría la posibilidad para que los elementos de las fuerzas armadas quedasen sin el control de la autoridad civil “y sin que los integrantes de las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos”.

Y eso tiene una importancia capital pues tal y como lo establece la propuesta (estaremos a la espera de las necesarias modificaciones que deberá recibir, como producto de la reversión anunciada por el presidente), cuando los elementos de la GN cometieran algún ilícito en el ejercicio de las funciones de ese cuerpo, serían del conocimiento y competencia de la autoridad judicial civil, pero que abre la posibilidad de que cuando no fuera así, entonces algunos posibles ilícitos, que no encuadraran en aquel supuesto, se deduce, serían conocidos por la autoridad judicial militar.

De ese modo estarían bajo la dualidad de ambas competencias, lo que significaría que en la práctica estarían bajo la jurisdicción militar, algo contrapuesto a todos los estándares internacionales que, como lo hemos asentado, se contraponen a la plena vigencia en el respeto a los derechos humanos, lo que en opinión de la ONU y de los especialistas en estos temas, sería abonarle a un proceso de “militarización”, totalmente regresivo.

Otro aspecto, tercamente abordado por Edgardo Buscaglia, uno de los mejores peritos en el estudio del crimen organizado y las maneras de enfrentarlo, es el de que la propuesta no establece los necesarios mecanismos de control político que debiesen estar a cargo del Poder Legislativo, como el debido contrapeso a las actividades de las dependencias del Ejecutivo, más en esta materia, que contiene el agravante de incorporar de la noche a la mañana a decenas de miles de elementos de las fuerzas armadas a las tareas policiales.

Y no bastan los argumentos de que la principal incorporación sería la de los integrantes de las policías militar y naval y que esa participación es garantía en el combate al crimen, más si se toma en cuenta un aspecto poco enfatizado en estos días de graves problemas en el abasto de combustibles a medio país, y es que las instalaciones de Pemex han sido resguardadas, de mucho tiempo atrás, precisamente por esos destacamentos militares, de ahí que el extraordinario señalamiento realizado por López Obrador en contra del General brigadier del Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fungía como Subdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, por lo que era el encargado de la seguridad de Pemex, deba ubicarse en el rumbo de que la corrupción en el robo de combustibles no sólo apunte al bando civil.

Inmersos en un escenario poco propicio al libre aireamiento de las ideas y posturas, expresar lo anterior no implica, ni el linchamiento de las fuerzas armadas, ni la exculpación en las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de ellas, así como los no pocos episodios en los que los más altos mandos militares hicieron caso omiso de los señalamientos, de los no menos numerosos organismos derechohumanistas -de todo tipo- realizados a lo largo de más de una década.

Así como se aplaude la decisión del gobierno de López Obrador de lanzarse en contra de la corrupción en Pemex, y de recular en el caso de la GN, hechos en los que, evidentemente, ha cometido errores, también deberá insistirse en que uno de los principales legados de su gobierno será el de cambiar, positivamente, el entramado legal e institucional, para que no dependa de la calidad moral del mandatario en turno la puesta en vigor de tal o cual medida.

A eso está obligado el gobierno de la 4a. Transformación.

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