La asunción de Javier Corral y del total de los alcaldes y diputados locales es el inicio de lo que debiera ser una especie de revulsivo de la clase política chihuahuense, semejante en prácticamente todos los aspectos al resto de ella en el ámbito nacional.

Es, también la oportunidad de la sociedad chihuahuense de reestrenarse en el uso de una herramienta que, para desgracia de los mexicanos, poco ha influido para mejorar la actuación de los funcionarios públicos, podríamos decir que, incluso, en sentido contrario a lo que buscábamos al impulsar la realización de elecciones limpias, competidas, dirigidas por ciudadanos ajenos a los partidos y al gobierno.

Contrariamente a lo que se pensaba en la primera ocasión en que se dio la alternancia partidaria en Chihuahua, ahora no basta solamente con ésta; aprendimos que cambiar de partido en el gobierno no es suficiente, que el desempeño de los alternantes es determinante para el desarrollo de la democracia y que ésta no puede circunscribirse a un mero hecho aislado, expresión de un estado de ánimo de los electores, o del rechazo a unos ú otros actores políticos para que al siguiente proceso electoral se castigue a quienes gobernaron para entregarles a otros la estafeta, que lo harán de manera semejante a los anteriores.

El relevo gubernamental encabezado por Javier Corral tiene esas metas, no porque se las hayan fijado los nuevos gobernantes, sino porque es el reclamo generalizado de la sociedad chihuahuense.

¿Qué plan de gobierno deben concretar?

Uno muy simple: Hacer exactamente lo contrario que sus antecesores, por supuesto que en algunos renglones -muy pocos, por cierto- en los que hubo aciertos, continuar en ese mismo sentido.

Por desgracia son muchos más los aspectos criticables, del desempeño de los que se fueron, que no hay aspecto de la función pública que no deba recibir una inmediata reconstrucción.

Hay uno generalizado, que cruza a toda la administración anterior, el de la presunta comisión de innumerables corruptelas, de cuyas evidencias apenas empezamos a asomarnos, como el del faltante de los recursos económicos federales esquilmados a la Universidad Autónoma de Chihuahua; el déficit presupuestal del presente año, calculado en 7 mil 200 millones de pesos; los lujosos departamentos encontrados en sendas oficinas de gobierno; los faltantes en el pago de diversos programas sociales y el hallazgo de maquinaria estatal en “ranchos de políticos”, denunciada por el Secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez.

Derivado de la falta de contrapesos, al interior y al exterior del gobierno, César Duarte gobernó como quiso, sus deseos, así fueran en sentido contrario a lo lógico, se cumplieron; la falta de respeto a la división de poderes cruzó a toda la estructura de gobierno, había que hacer las cosas porque así lo había determinado el señor gobernador.

Ejemplo emblemático de tal conducta fue lo realizado con el transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, en el nombramiento de las consejeras del Instituto Chihuahuense de la Transparencia; en el de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; en la remoción de jueces y magistrados a su antojo, la plena subordinación de la mayoría parlamentaria en las dos legislaturas, en el nombramiento de los candidatos de su partido, sin cortapisa alguna en la elección del 2013, en la contratación de deuda, tanto la directa, como la de corto plazo y la de los fideicomisos, especialmente el carretero, para solventar -con cargo a los ingresos, a muy largos plazos- el presupuesto deficitario.

Y ese es otro de los aspectos más negativos de esa administración, la de gobernar sin tomar en cuenta los topes de los ingresos y llevando la deuda a los límites de los ingresos estatales.

Lo peor, y de eso nos enteraremos en las próximas semanas, es que el endeudamiento, además de que presumiblemente se haya empleado en muchas corruptelas, fue empleado en el gasto corriente del gobierno, esto es, para pagar salarios de maestros, personal médico y de seguridad pública y, claro, para financiar el elevado tren de vida de la alta burocracia.

Sirva, para percatarnos de lo anterior, que la nueva administración ordenó se detuvieran los vehículos del sector salud adjudicados a los funcionarios y empleados para su uso personal -el del traslado a sus casas-. Son alrededor de ¡500 vehículos cuyos gastos ahora pueden ahorrarse, además de venderse!

Si calculamos en mil 500 pesos mensuales el gasto de gasolina, el ahorro, tan sólo por este rubro, es de alrededor de 800 mil pesos por mes ¡Ah, y además, el pago de choferes, llantas, servicios, etc!

Lo realizado en el ámbito de la justicia es terrible. Llevar a la desintegración al Tribunal Superior del Estado y ubicar en en él a un grupo de nuevos magistrados sin los merecimientos necesarios, puede llevar a una profundidad mayor el desastre en la aplicación de justicia en la entidad.

La transparencia será reclamo permanente y el gobierno de Corral deberá actuar en consecuencia. Informar al detalle del estado de las finanzas estatales será crucial, de los concesionarios del transporte urbano, de los proveedores del gobierno estatal, de los contratistas y los montos y obras realizadas, de la plantilla de funcionarios, asistentes, secretarios y prebendas de todos ellos.

De manera ejemplar nos deberán informar del estado en que se encuentran las dependencias encargadas de la salud, así como de los contratos efectuados con los proveedores de ellas, pues durante todo el sexenio anterior las denuncias por las corruptelas cometidas en ese sector fueron permanentes.

Y si los anteriores fueron asuntos que mostraron la ineficiencia del grupo gobernante anterior, además de los continuos señalamientos de corrupción, en materia de seguridad pública hay verdaderas sorpresas. Si bien disminuyeron sensiblemente la mayoría de los índices delictivos, el de los homicidios mantuvo un preocupante nivel, superior, incluso al del sexenio anterior.

En este tema el gobierno de Javier deberá afrontarlo con nuevas estratagemas y nuevos enfoques.



PREGUNTENLE A NICOLAS

Poco después de la mitad del gobierno de César Duarte y enmedio de la disputa por la sucesión, el director de Pensiones Civiles, Marcelo González Tachiquín adquirió, -otra vez, ya que al inicio del sexenio se había desempeñado como secretario particular de Duarte- una renovada confianza del ballezano, de tal grado que concitó la mal querencia del entonces Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, que a cada pregunta de los reporteros sobre asuntos del gobierno, respondía diciendo que le preguntaran a “Tachiquín”.

Así, ante la nueva y más severa oleada sangrienta después de la presentada entre 2008 y 2011, en la que en los primeros 10 días de la nueva administración estatal el número de ejecuciones supera las 60 víctimas, en lo que es un preocupante inicio ¿Qué cosas en seguridad pública pueden cambiar en tan sólo unos cuantos días como para que una idílica situación -que nos decía el ex gobernador Duarte existía en Chihuahua durante su gobierno- cambie tan radicalmente?

Durante las últimas semanas de ese gobierno hubo una escalada en el número de homicidios, que incrementó la diferencia existente entre los presentados en el sexenio de Reyes Baeza y el recién terminado. En el gobierno de Duarte se presentaron 15 mil 185 homicidios, un 17% más que en el anterior (12 mil 978), lo que echa por tierra parte de las presunciones del ex gobernador, quien siempre se jactó de haber superado el clima de inseguridad prevaleciente en la entidad.

No se puede negar que así haya ocurrido frente a lo peor de la oleada, ocurrida en la parte final del gobierno de Baeza y los dos primeros años del de Duarte, pero la sangría continuó, sin la espectacularidad y el dolor de aquella ola, pero de manera continua, tanto, que llegó a superarla.

Hoy estamos frente a una creciente semejante. Si se extrapolaran los datos, con un promedio de 6 ejecuciones por día, si se anualizara tal estadística, nuevamente regresaríamos a los niveles del 2008, 2009 y 2012, con más de 2 mil ejecuciones en un año.

De ese tamaño es el peligro que hoy arrostramos y el que no puede medirse solamente, como de hecho algunos voceros del pasado empiezan a catalogar, como el fracaso de la nueva administración gubernamental.

No, las raíces de lo que hoy sufrimos deben buscarse en el gobierno anterior y en las políticas de seguridad pública aplicadas. Y en ese sentido, qué bueno que Jorge González Nicolás haya sido designado responsable de la seguridad pública municipal de Juárez y que, con ese carácter, y el de haber sido el fiscal anterior, pudiera informar sobre la actual situación.

Algo ocurrió durante la transmisión del mando gubernamental que posibilitó la aparición de varios grupos de sicarios en las principales ciudades de Chihuahua. Lo ocurrido en la Tarahumara no sorprende (¿Cómo estaremos como para que eso suceda?) pues la aparición de convoyes de sicarios asesinando y quemando vehículos, casas y gente, fue un hecho cotidiano a lo largo de los últimos seis años.

Por eso, además, de la aplicación de las necesarias medidas de seguridad que deben aplicarse en estos casos, el Congreso de Chihuahua debiera llamar al ex fiscal a fin de preguntarle un sinnúmero de cosas sobre la seguridad pública del estado, antes de que, nuevamente, el baño de sangre sea incontrolable, como en el pasado reciente.