¿Es un asunto que se puede resolver con la devolución de los más de 100 mil pesos del bono que el Secretario de Salud, Ernesto Avila Valdez, aceptó a fines del año anterior?

Es probable que hayan cometido, Avila y los más de 10 funcionarios que están en las mismas circunstancias, alguna falta administrativa o, incluso, penal, y que la simple devolución les sirviera de atenuante, pero la verdadera trascendencia de ese acto se ubica en la calificación ciudadana sobre el gobierno de Javier Corral.

Y más si, como sostiene el coordinador de los diputados panistas, Miguel La Torre, los ahorros no pueden utilizarse para gasto corriente, pues tal fue la justificación de los funcionarios para acceder al bono de marras.

Ya sabemos que los más leales seguidores -tanto de Corral, como del PAN- justificarán a como dé lugar lo que para muchos pudiera ser una falta leve -escandalosos que somos los periodistas, o los críticos del grupo gobernante o, peor aún, los priistas, "ardidos como están"- pero se engañan solos, lo realizado por el Dr. Avila incide exactamente en la línea de flotación política del grupo gobernante: Su credibilidad.

¿Cómo compaginar este hecho, cometido por uno de los integrantes del gabinete que mayor solvencia moral tenía, con la imposición del código de ética que sustituyó en los edificios públicos a la tradicional imagen del gobernante en turno?

¿Cómo justificarlo a la luz de las concepciones de Javier Corral -las previas a su llegada al gobierno de Chihuahua- acerca del régimen democrático que debe instalarse en México?

Imaginemos que una noticia cómo esta se diera en cualquier país con una mediana democracia desarrollada. Sería suficiente para que las fuerzas políticas, el partido gobernante incluido, exigieran la renuncia inmediata, o la destitución, del funcionario.

Vamos, lo lógico, lo normal sería que el mismo funcionario presentara su renuncia por el descrédito aportado al equipo gobernante del cual forma parte.

Ese es el fondo del asunto. La asunción de Javier Corral y sus compañeros al gobierno de Chihuahua significaba, en el imaginario popular, que las cosas se harían exactamente al revés que en el sexenio de César Duarte; que este tipo de excesos no podrían, no deberían, presentarse y que, en caso de darse, habría una conducta diametralmente distinta a la de aquel gobierno.

Y es que la falta es de una gravedad extrema (insistimos, no estrictamente desde el punto de vista legal), sino el de la ética del equipo gobernante: ¿Qué no fue, acaso, uno de los temas más sensibles del fin de año anterior la escasez de recursos económicos en el sector salud? No había ni para gasas; no había medicamentos, se decía a voz en cuello desde las oficinas de gobierno; se llevaron todo, hicieron mil y un negocios con la salud nos dijeron en todos los tonos...

Y cuando más fuertes eran las expresiones críticas de los nuevos gobernantes de esa área a sus antecesores, ¡Vóytelas que les cae un bono milenario!

¿Qué hicieron los angelitos? ¡Ah po's discutieron si lo tomaban o no y "convencieron" al titular de la Secretaría que lo tomaran!

¿Cómo saber si hubo premeditación en esa acción?

Sencillo, con la frase del doctor con la que intentó explicar, o justificar, su decisión -me dejé llevar- que ya se ganó el lugar de privilegio, como la del ex gobernador -a lo macho que no me fijé- y que, a querer y no, los iguala: La obtención de privilegios y prebendas de la función pública.

Preocupan esas acciones, pero más la conducta de quienes debieron ser los primeros en descalificarlas y sancionarlas, además de explicárselas a los chihuahuenses. El gobernador Corral debió hacerlo en primer lugar, la acción de sus funcionarios del sector salud es una enorme burla al código de ética que el mandatario mostró a la sociedad como el eje rector de la actuación de los integrantes del gobierno del amanecer.

No hay peor descalificación que lo ahora comentado; no proviene de sus adversarios políticos, tampoco de los medios de comunicación hostiles a su gobierno, o de quienes, simplemente, hacen -hacemos- su trabajo periodístico que es, por definición, crítico de la administración pública.

La descalificación procede de su equipo y el silencio abona a la desconfianza y desilusión ciudadana sobre el gobierno que apenas rebasa el medio año de ejercicio.

Vamos, cuestionado al respecto, el coordinador del gabinete, Gustavo Madero, "aconsejó" a los reporteros le preguntaran al Dr. Avila, que éste debía responder por tal hecho, en lugar de descalificar la acción y anunciar, como debía ser, una investigación a fin de determinar si habían cometido una falta, del carácter que fuera.

No, como si fueran del colegio Montessori -perdón por el uso de la figura, sabemos que tal técnica pedagógica tiene derroteros- en el cual cada quien hace lo que quiere.

Sabemos de la dificultad de la clase política para gobernar con personas lejanas a sus afectos, pero incluso en este aspecto deberían ser distintos -algo que parece, ya, como una simple aspiración ciudadana en el presente gobierno- y actuar con severidad extrema, o si se quiere, con el mayor de los rigores posibles con quienes están más cercanos a los afectos del gobernante y usar -en la mejor de las acepciones- circunstancias como las de ahora para ejemplificar con el resto de los servidores públicos, para sentar precedentes y prevenir futuras conductas, tan alejadas de la ética que soñamos fuera la que presidiera la actuación de los gobernantes.

Y no solo de los actuales, sino de todos.

Eso podría ser uno de los mejores legados del gobierno de Javier Corral, vistas las condiciones económicas de la administración estatal.

Para hacerlo sólo se requiere de voluntad política.

Efectuar tal reconversión es extremadamente urgente, no por las consecuencias político-electorales, que le interesan a muchos de sus compañeros, sino por la necesidad, para la sociedad chihuahuense, de contar con un buen gobierno, algo que se aprecia lejos de lo realizado hasta la fecha, en que cada semana se da pie a un nuevo asunto, no solo escandaloso, sino perjudicial para la sociedad chihuahuense.

No culmina aún el tema del Auditor del Estado -para los anales de la picaresca nacional, los dos que se dicen serlo, Armando Valenzuela e Ignacio Rodríguez, despachan ¡en el mismo edificio, el de la Auditoría!- y el tema de los bonos clandestinos o confidenciales ocupó, no solamente la atención, sino la indignación, de los chihuahuenses.