En la Ley de Ingresos del 2017, se precisa el monto de ingresos estimados por la cantidad de 58 mil millones de pesos. De los cuales, 39 mil millones corresponden a participaciones y aportaciones federales, y 12 mil millones a ingresos estatales propios; es decir, tan solo el 30% del ingreso total anual deriva de impuestos, derechos y multas que el gobierno estatal capta de manera directa.



Semejante situación financiera obliga, año tras año, a los gobiernos estatales a mendingar al Gobierno federal recursos que les permita cubrir, cuando menos, sus elementales gastos operativos (gasto corriente). Por ello, resulta comprensible que Javier Corral pregone, de manera insistente y lastimera, la dificultad para elaborar un presupuesto que permita hacer frente a las necesidades más elementales de la población ante “la situación de falta de liquidez, déficit y compromisos financieros futuros heredados por la anterior Administración”.



En ocasiones anteriores, hemos reproducido el alegato central del Ejecutivo estatal: “Chihuahua requiere una restructuración política económica, social y presupuestal que le permita elevar la competitividad, crear infraestructura y proveer a la población de condiciones de empleo y salarios que le permitan salir de la pobreza y acceder a una mejor calidad de vida”.



Para tal efecto, Javier Corral asume que el Presupuesto de Egresos del 2017 “contiene el firme compromiso de establecer un plan de austeridad que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit con el que se da inicio a la presente administración. Esto será posible por un lado, generando ahorros en el gasto y sobre todo con una mejor eficiencia en el control y seguimiento del gasto, y por otro buscando maneras innovadoras de obtener recursos adicionales”.



En consecuencia, el objetivo de la política fiscal del 2017 será fortalecer los ingresos locales, en base a la eficiencia recaudatoria, la detección de omisos, ampliación de la base de contribuyentes, programas de para incrementar el ingreso por adeudos fiscales e incrementar el uso de medios alternos de pago para generar economías en la recaudación de contribuciones estatales.



Así las cosas, la política tributaria estatal tratará de implementar los siguientes cuatro ejes básicos presupuestales: a) Control estricto sobre el gasto; b) Revisión de las funciones de los organismos descentralizados y seguimiento y control sobre su gasto; c) Venta, monetización y otras acciones sobre los activos del gobierno que generen flujo; y e) Generación de nuevos proyectos que provean de ingresos adicionales; y f) Re-estructuración de los pasivos bancarios de largo plazo.



Respecto al estricto control el gasto público, desde el mes de noviembre pasado, Javier Corral anunció una serie de medidas para contrarrestar el déficit presupuestal de más de 7 mil millones de pesos. A través del ‘Decreto de Austeridad’ -pendiente de darse a conocer a la opinión pública- se implementarán “una serie de medidas y recortes” en las que se incluyen, entre otros, el despido de miles de burócratas y el cierre de las cajas chicas.



En cuanto a la generación de nuevos ingresos, Javier Corral tiene planeado establecer ‘proyectos innovadores’ para la obtención de recursos adicionales como la creación de una ‘lotería estatal’, en la cual se intentará involucrar a toda la sociedad, y los recursos obtenidos tendrán “fines preestablecidos muy claros y con un alto impacto social” (¿?).



Sin embargo, resulta evidente que la ‘austeridad corralista’ se limita a la reducción de meros gastos operativos. En otras palabras, no son políticas públicas novedosas y trascendentales; sino más bien, simples medidas ahorrativas coyunturales, de cuyo éxito depende que la nueva Administración estatal pueda construir una que otra obra pública. Lo anterior, porque les resulta urgente justificarse, mediática y políticamente, ante la sociedad chihuahuense.