Chihuahua, Chih.

Justo antes de que llegaran los días de guardar, maliciosamente se generó de nuevo la polémica sobre la tan llevada y traída Ley de Participación Ciudadana, esa, la que se había trabajado casi por seis años de parte de la sociedad civil. A mediados del mes que recién concluye, el titular del ejecutivo emitió su propio proyecto de iniciativa que coincidió con la reactivación de las mesas técnicas de trabajo en el congreso para nuevamente revisar el dictamen que de golpe y porrazo se habían cancelado de modo previo luego de que se desarrollaran por alrededor un año.

Las distintas fracciones parlamentarias discutieron sobre propuestas que enriquecieron o vaciaron de sentido y propósito lo que varias organizaciones habían construido como propuesta de fortalecimiento en aras una mayor y mejor participación social que nos garantizara la vía de involucrarnos en las formas de hacer gobierno y ahora sí, decir que tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero no, ni al gobernador ni legisladores, a excepción de Leticia Ortega de Morena y Héctor Vega Nevárez del Partido del Trabajo pareciera importarles la representación que ostentan.

El Partido Acción Nacional que ya demostró no querer involucrarse en controversias para no perder respaldo de su instituto político o someterse a juicios populares que les restaran bonos en un futuro como fue visto en las recientes comparecencias de funcionarios del gabinete y el gabinete ampliado de la semana anterior en las que no estuvieron presentes la gran mayoría, suponemos, para no ver vista comprometida su reelección. El PRI que en su tradición de operar elecciones y ejercer la administración pública, en la que no diferencia entre lo que es el partido y el ejercicio público, tampoco desea llevar adelante iniciativas que modifiquen su actuar en la manera que le permite ser casta privilegiada, seguir enriqueciéndose del erario y las relaciones que los poderes del estado otorgan cuando se ejerce el poder.

Por eso la dilación en las discusiones y en aprobar el sentir ciudadano a sabiendas que esto otorgaría herramientas para la rendición de cuentas efectiva que permitan evaluar de modo constante el desempeño de funcionarios públicos y representantes legislativos.

A pesar de que ciudadanía organizada presionó y vigiló, de los dictámenes que se trabajaron fue de todos excluida la revocación de mandato; el argumento fue, sobre todo del revolucionario institucional en voz de Rocío Grisel Sáenz Ramírez, que este podría revertirse y ser "mal utilizado" con fines políticos. Cabe entonces la pregunta, ¿qué es más político que la sociedad involucrándose en su gobierno, evaluando a quien lo ejerce? También de su parte y su fracción la negativa contundente hacía los cabildos abiertos. De ese tamaño es el miedo, de verse evidenciados(as) en su ineptitud.

Ante eso, la urgencia por blindarse y seguir sesionando de modo discrecional. Lo que nos hace suponer, que se seguirá en la lógica de beneficiar a ciertos sectores o actores y que se entrará en remiendo solo si el acto cae en escándalo mediático.

Soy reiterativa en el "suponer" porque no otrogan explicaciones de nada aun siendo su obligación.

Lo malo del asunto y la perversidad compleja radica en limitar a la sociedad en su comprensión de lo que es e implica la real participación ciudadana.

La revocación de mandato, los cabildos abiertos, el referéndum y la consulta ciudadana si bien son figuras que por cierto, fueron votadas una a una y sometidas a porcentajes inalcanzables para cualquier persona u organización, son solo lo más emblemático de los ejercicios de participación. Por ejemplo, ¿podemos imaginarnos en el actual estado de las cosas, elegir en que se va a gastar nuestro dinero y a que rubros darles prioridad? A eso se le llama Presupuestos Participativos y ya son realidad en diversas sociedades que se han tomado bastante en serio esto de participar.

¿De qué va tomarse en serio la participación? En no desechar la posibilidad de ser parte de comités de organización cuando es necesaria nuestra presencia. Hace apenas unas semanas, el Sistema Estatal Anticorrupción fue instalado en medio de una crisis de legitimidad de la que ni el mismo gobernador hace acuse de recibo. Nadie da la cara por ese comité y se sabe que al igual se pretende hacer con la ley que le da título a esta participación, ya que será mera figura de ornato por inoperante y de nula aplicación.

Pero no va de eso.

Ni es justo ni lo merecemos.

Las pugnas democráticas y nuestro sistema de instituciones, justicia y leyes han ido evolucionando y perfeccionándose de acuerdo al avance de las sociedades y los momentos históricos que les acuden y aún se puede mejorar lo que tenemos, porque precisamente hoy, nos encontramos en el umbral de poder utilizar la mejor herramienta de todas: el voto.

Hagámosla valer para quien se niega a vernos como personas plenas de derechos políticos dispuestas a ejércelos.



Marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé