Chihuahua, Chih.
Si una herencia dejó la denominada “Transición a la Democracia” fue el hecho de que las directivas de los Congresos (Estatal y Federal) han experimentado una volatilidad y una rotación de cuadros extrema, llegando a ser, en algunos casos, exagerada, pues han implicado negociaciones que sólo pueden durar un año, llegando a tener, incluso, un semestre como fecha de caducidad.
Señalo que este arreglo se dio a partir de la transición, debido a que, a partir de ese recambio y dicho tránsito de un estado autoritario y monolítico, a uno con pluralidad y multiplicidad de participantes, los cargos dejaron de ser de larga data, tornándose en efímeros en la mayoría de los casos.
Si, hasta 1997, el requisito era tener alfiles del partido oficial en los parlamentos; a partir de ese año, imperó, como requerimiento, el criterio de representatividad.
Hasta la década de 1990, unas cuantas figuras del Poder Legislativo gozaban de un poder real. El viejo Presidente de la Gran Comisión, si bien contaba con un relativo poder dentro del Congreso, era un personaje cuya hegemonía se encontraba subordinada al ejecutivo en turno, como bien han tenido en esgrimir diversos estudiosos del denominado “Viejo régimen”.
En cambio, para el decenio en mención, se gestó un cambio en la narrativa. Si hasta entonces, los parlamentos provinciales o nacionales eran monolitos o baluartes de la inmovilidad de viejo régimen; la nueva etapa de la política nacional habría de caracterizarse por lo opuesto: por ser una especie de constelación de fuerzas políticas, probablemente antitéticas, pero que, bajo cuyo manto podría habitar el espíritu de la democracia.
Ejemplo de esto es que, si hasta los 90s sólo existió la consabida “Presidencia de la Gran Comisión” como figura preponderante; para la siguiente fueron surgieron, cual astros, la Junta de Coordinación Política y los coordinadores parlamentarios; figuras relevantes que han ayudado a configurar un complejo andamiaje dentro del complicado quehacer político legislativo (no exento de controversias, por cierto).
Aunque idealmente esto sonaba muy bonito, pronto pudo verse (durante los gobiernos de la primera transición) que, como suele ocurrir en la política nacional, este tipo de arreglos idealistas, llevaron a la conformación de cotos de poder, y a la rebatinga por los mismos, en aras de tener una porción del pastel presupuestario.
Aunado a ello, únicamente los grandes partidos de entonces (PRI, PAN, PRD) participaban en la repartición del suculento pastel, pues a los institutos pequeños, en ocasiones sólo recibían migajas del mismo (alguna vicepresidencia o secretaría del Congreso), mientras, otros más desafortunados, no obtenían absolutamente nada, a la hora de repartirse los codiciados premios.
Aunque suene increíble, esta dinámica no ha desaparecido al calor del curso de la 4T. A pesar de que MORENA y aliados obtuvieron la mayoría en ambas cámaras, en las elecciones del 2018, los arreglos anteriores, donde se disponía que la presidencia de las mismas debía ser rotativa entre los partidos con mayor presencia en el Congreso, siguen vigentes.
Ello llevó a que MORENA y aliados hayan tenido que compartir su poderío con la oposición, en un escenario en el cual su presencia no es equivalente, como antaño. De hecho, al calor de estas discusiones, el diputado -y entonces Presidente de la Cámara Baja- Porfirio Muñoz Ledo, dejó entrever, en el contexto de los reacomodos, lo anacrónico y obsoletos que resultaban estos arreglos del viejo régimen, cuando se tenía a la 4T como asidero.
Personalmente, considero que tales configuraciones tienen ventajas y desventajas.
La ventaja es que, al tener que cohabitar con opositores en algunos de los poderes (no obstante su predominio numérico), la coalición gobernante se ve obligada a tener una postura más institucional, prescindiendo de criterios viscerales (como, mayormente, ha ocurrido hasta ahora).
La desventaja, empero, es que estas configuraciones legaloides, fuerzan a construir escenarios que no se plantearon en el escenario postelectoral. De tal suerte que, este año, el PRI está en pos de ocupar la Presidencia de la Cámara de Diputados, no obstante su exigua presencia en el Congreso (a comparación de antaño, cuando era, literalmente el partidazo).
Sin embargo, esta pretensión priista ha generado, incluso, convulsiones en el seno de la coalición gobernante, pues el PT esgrime que le cedieron diputados a MORENA, en aras de que consiguiera la mayoría calificada en el Congreso. Pero, comentan, numéricamente tienen una bancada superior a la tricolor, hecho que, baste decir, en un principio fue un argumento verídico; mas, con el paso del tiempo y los conocidos reacomodos, la misma se fue reconfigurando, y ahora los números parecen no mentir, y al parecer, la cereza del pastel será tricolor (veremos).
Mientras tanto, en el Congreso del Estado de Chihuahua, se han constituido discusiones equivalentes. El año pasado, la discusión fue que, por ser una de las bancadas mayoritarias, a la bancada de MORENA le correspondería la Presidencia del mismo. No obstante, luego de largas discusiones y diferendos, la misma terminó en manos del PANAL (partido marginal), mientras a MORENA terminaron tocándole migajas, dentro de la propia mesa directiva y el conocido organigrama.
Al día de hoy, la historia se repite, pero parece que, de manera semejante a como ocurre a nivel nacional, las discrepancias parecen estarse generando en el partido gobernante.
Ello, porque, una parte del PAN, desea que Blanca Gámez repita como Presidenta del Congreso. Sin embargo, una porción de la fracción blanquiazul está en desacuerdo con dicha moción, proponiendo, parte de la misma, la nominación de Rocío González para ocupar esta posición.
Y ahora, aunque parezca raro, parece haber un mayor consenso en el sentido de que a MORENA le correspondería -por criterios numéricos- la Junta de Coordinación Política del Congreso, misma que actualmente es ocupada por el blanquiazul (vía las consabidas rotaciones).
En la Federación, en tanto, han surgido los nombres de Dulce María Sauri y Gerardo Fernández Noroña, como probables ungidos de sus partidos (PRI, PT) para la Presidencia del Congreso de la Unión, representando, ambos, posiciones antitéticas y completamente diferentes de hacer política, huelga aclarar.
A este respecto, considero que Blanca Gámez debería volver a ser nombrada Presidenta del Congreso del Estado, pues, en su encargo anterior, demostró destrezas y capacidad de diálogo con el resto de las fracciones y la sociedad, además de abanderar una propuesta progresista dentro de la bancada oficial.
En el mismo tenor, pienso que Dulce María Sauri debería ser la sucesora de Laura Rojas, pues es una mujer progresista, que ha demostrado capacidad de diálogo, y con una larga trayectoria legislativa y política. Noroña también tiene una trayectoria análoga; pero su radicalismo y su visceralidad, contribuirán a poner al Poder Legislativo Nacional al filo de la navaja, hecho que, siento, no es el deseable en estos momentos.
Los escenarios que vivimos son imperfectos.
Pero son resultado de las reformas llevadas a cabo en los tiempos recientes. Si se quieren modificar, deberíamos entrar al debate planteado por Porfirio Muñoz Ledo.
¿Estaremos dispuestos a ello? Lo dejo de tarea a los lectores.
