Chihuahua, Chih.

La divulgación del video en el que una mujer aparentemente secuestrada por un comando, en el que señala -a partir, evidentemente, de un texto otorgado por los directores del mismo- que el alcalde de Madera, Jaime Torres, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, apoyan a un grupo del crimen organizado ha desatado una verdadera avalancha de reacciones y un mar de preocupaciones.

No es solamente lo generado por la desmesurada reacción del mandatario chihuahuense en contra de El Diario de Juárez, porque este medio lo difundió en sus plataformas digitales, y el posterior señalamiento, cuando se hizo eco de la gravísima acusación del ex vocero del gobierno de Javier Corral en Juárez, Luis Torres Cardona, en contra de la directora del periódico, Rocío Gallegos, y la todavía aún más preocupante acusación del actual vocero del gobierno de Chihuahua, Antonio Pinedo, al señalar al medio de “portavoz del crimen organizado”, lo que es, sin duda, un peligroso atentado en contra de una de las libertades más preciadas, la de expresión, la que están obligados, los funcionarios señalados, a proteger, preservar y respetar.

¿El problema es la difusión del video, o la gravedad de la situación prevaleciente en materia de seguridad pública, que parece deteriorarse a pasos acelerados?

Más de siete años atrás, justamente al inicio del gobierno de César Duarte, en los momentos de mayor algidez de la ola violenta, en octubre de 2010, fue secuestrado el abogado Mario González, hermano de la procuradora de Justicia en el gobierno recién terminado de José Reyes Baeza, Patricia González.

Pocos días después se divulgó un video en el que el abogado era interrogado por un sujeto en off. En ese interrogatorio, González se auto incrimina y señala a su hermana de pertenecer al grupo rival -La línea, identificada como el grupo armado del Cártel de Juárez-. La discusión sobre la pertinencia de la difusión de ese primer video fue menor a la desatada cuando se divulgó el tercero en el que Mario González es golpeado con saña.

La postura del gobierno de Duarte, en la voz de la Secretaria General de Gobierno, Graciela Ortiz, se atuvo a las más elementales reglas de la procuración de justicia. Después de expresar su solidaridad con la familia González Rodríguez, expresó que no se podía “emitir un juicio de valor sobre la veracidad o falsedad de la información contenida en el mencionado video, ya que en todo caso, cualquier dicho al respecto, deberá provenir de una investigación seria por parte de las autoridades competentes”.

Lo importante, dijo, “es que la ciudadanía tenga la certeza de que el Estado actuará con objetividad e imparcialidad para aplicar todo el rigor de la ley al sancionar cualquier delito y en contra de quien resulte responsable, sin importar si se trata de ex funcionarios públicos, ni el cargo o función que tuvieron”. (Nota de La Opción, 25/X/10).

Tales pronunciamientos se inscribieron en una verdadera oleada de opiniones en las que la preponderante era la de que deberían investigarse los hechos por las autoridades correspondientes, además de la pertinencia o no de la publicación del video.

No fueron pocos los medios de comunicación que así lo hicieron y en ningún caso fueron señalados de ser “portavoces” del crimen organizado y todos los actores -sobre todo los especialistas en Derecho- descartaron la validez jurídica de los dichos del abogado González, uno de los cuales consistía en la acusación de que Patricia González había ordenado el asesinato del periodista de El Diario, Armando (El Choco) Rodríguez, encargado de la fuente policiaca.

El material de aquella ocasión causó conmoción y abrió un debate entre los lectores de El Diario, en su versión digital, sobre si debía o no publicarse el video. El Diario decidió difundir la información porque el video está, sostuvo, “en varios foros en Internet, al que cualquier persona tiene acceso, y porque se consideró que el tema tiene interés público y noticioso”.

A su vez, el abogado Salvador Urbina Quiroz, presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación de Colegios de Abogados de México, declaró que “Estamos ante una situación muy grave y muy seria que las autoridades están obligadas legal y moralmente a investigar porque es una demanda ciudadana",. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 26/X/10).

Urbina sería asesinados años después de una larga y fructífera trayectoria como analista y litigante de Derecho penal.

El especialista afirmó que el video tenía un bajo nivel probatorio, debido porque provenía de “una fuente desconocida y porque el denunciante se encuentra secuestrado de modo que no existe forma de ratificar lo dicho”; además, sostuvo que la información debía ser examinada a detalle porque generaba “fuertes presunciones que, contrastadas con otros elementos de prueba, pueden fortalecerse plenamente”.

A su vez, el entonces vicepresidente de la Confederación Nacional de Abogados de México en la Zona Norte, Héctor González Mocken, el video era “una auto-incriminación, pero la declaración se hace bajo presión. Hace presumir que hay una tortura psicológica, entonces, para fines legales, el video no tiene validez. Sirve de investigación, pero sería muy irresponsable dar por hecho todo lo que se dice (en la filmación)”.

Ambos abogados sostuvieron en su momento que las investigaciones deberían hacerse de “oficio porque en el video se hacen acusaciones de la comisión de delitos graves como la vinculación con el grupo La Línea y la autoría de varios homicidios, entre ellos los de los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea, así como el de varios abogados, entre ellos el del priísta Miguel Etzel Maldonado”, por lo que, asentaron las declaraciones deberían “mover” a las autoridades gubernamentales a iniciar una investigación, para constatar si las acusaciones en contra de las personas “a las que se incrimina en la declaración de González Rodríguez son verdaderas o falsas”.

En el mismo sentido se pronunció el criminólogo Óscar Máynez, quien desestimó, también, la legalidad de las acusaciones contenidas en el video de marras.

Y, al igual que en el presente caso, Máynez sostuvo que a “simple vista en el video, el hermano de la ex procuradora no fue coercionado físicamente, pero es evidente que se encuentra bajo presión porque la declaración la hizo flanqueado por un comando fuertemente armado”, del mismo modo en que aparece la mujer del video en el que se incrimina al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“A pesar de que no se puede mandar llamar a rendir cuentas a la ex procuradora o al ex gobernador -José Reyes Baeza- por lo dicho en este video, tampoco se debe rechazar y desechar fácilmente, se debe investigar”, diría el investigador.

No fueron los únicos que se pronunciaron en tal sentido. Leticia Chavarría, integrante del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Social, indicó que a las autoridades les corresponde aclarar mediante una investigación exhaustiva, para que la verdad sea dada a conocer. “Las autoridades tienen la obligación de investigar, de agotar los recursos para lograr esclarecer si son reales las declaraciones que ahí (en el video) se manifiestan, ya sean falsas o verdaderas”. (Todas las citas fueron tomadas de la misma fuente).

Y, como ahora, Hernán Ortiz Quintana, antropólogo y director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), consideró que la única evidencia que se desprende con la divulgación de aquel video “es el nivel de impunidad que hay en la localidad… ¿Cómo se puede confiar en una declaración de una persona que se encuentra en esa circunstancia? (...) La única evidencia es de la impunidad que hay. Como es el caso de la ex procuradora, ni siquiera ellos se salvan”. (Ibídem).

En tanto, el experto en materia de ética periodística más importante de Latinoamérica, Javier Darío Restrepo, estableció que sin duda alguna este tipo de materiales -los videos- se deben presentar públicamente pero en contexto y con equilibrio porque, de lo contrario, socialmente se corren otros riesgos como la tergiversación de los hechos.

“El problema está en la forma, pero no hay duda, hay que presentarlos, es un camino muy equivocado ignorarlos porque cuando se ignora se abren otros medios y a veces no con la exactitud con la que el medio profesional lo haría, que es lo que plantea el periodismo ciudadano que los medios de comunicación estimulan”. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 13/II/12).

En contraste a la actual situación, la PGR y la Fiscalía del estado determinaron investigar el video: “...la PGR reafirma su responsabilidad de investigar la autenticidad de estos sucesos para mantener a la opinión pública informada de manera eficaz y oportuna y dar certidumbre jurídica a todos los ciudadanos en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional”. (Nota de Ricardo Espinoza, Norte de Ciudad Juárez, 26/X/10).

Interrogada al respecto, la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González, afirmó que “las imágenes se grabaron en uno de los cubículos adaptados por ella en las instalaciones de la hoy Fiscalía General de Chihuahua, lo cual hizo saber a su sucesor, Carlos Manuel Salas”. (Nota de Alfredo Méndez/Miroslava Breach/Rubén Villalpando, La Jornada, 26/X/10).

La abogada González arguyó que “policías infiltrados, que no logramos detectar en las corporaciones y trabajan para grupos criminales, prepararon todo para cuando yo estuviera afuera, dijo. Advirtió que torturaron sicológica y físicamente a su hermano -de quien hace años está alejada- para causarle un daño a ella, al ex gobernador José Reyes Baeza y al comandante de la zona militar de Chihuahua”. (Ibídem).

En otra declaración, Paty González aseveró que los “encapuchados armados que aparecen son policías en activo” y señaló que se trataba de una venganza por el buen trabajo que ella desempeñó contra el crimen. (Nota de El pueblo.com, 26/X/10).

Semanas después se sabría de la detención de varios policías a los que se señalaría como responsables del secuestro y asesinato del abogado González, así como el descubrimiento que algunas de las armas utilizadas en esa ejecución provenían del gobierno norteamericano, de la operación “Rápido y furioso”, cuyo objetivo era el de detectar las rutas del contrabando de armas, realizado por las bandas criminales mexicanas.

Efectivamente, terminaron en manos de integrantes de estas, pero sin el control del gobierno norteamericano que, para colmo, realizó tal operación sin el conocimiento del gobierno mexicano.

Seis años atrás, ante la aparición de los videos de Mario González, anotamos que “Por desgracia, los hechos de los últimos días nos llevan a pensar que estamos frente a una escalada (con todo lo que eso significa, resultado de refinados procesos de elaboración, pletóricos de prospectivas estratégicas y de ninguna manera resultado de la improvisación) de la ola violenta en la que los grupos criminales han entrado a la dinámica de demostrar, usando a la población civil, el alcance de su poder y de la penetración de sus mensajes en el seno de la sociedad, no para obtener consensos sociales, sino para llevarla al pasmo y a la inmovilización.

Así, es natural reflexionar acerca de la búsqueda de objetivos estratégicos en la difusión, tanto de los mensajes dejados en los cadáveres de infinidad de ejecutados, como en la transmisión de los videos, y entre éstos, de manera descollante, el del interrogatorio a Mario González Rodríguez.

La pretensión de los autores del secuestro y el interrogatorio, así como de su transmisión a través de la internet era -es- muy evidente: Ganar simpatías, o, por lo menos, llevar a la mente de quienes los vieran, el mensaje de que los responsables de una buena parte de la tragedia que sufrimos es el grupo conocido como La línea y la connivencia de las autoridades estatales de la pasada administración con ese grupo y, por consecuencia, que el grupo criminal que se les opone es el bueno”. (“El arte de la guerra en Chihuahua”, LJVF, El Diario, 31/X/10).

Ante la pretensión de los grupos criminales -tanto en este caso, como en el del asesinato de Miroslava Breach, en el que pretendieron implicar a Arturo Quintana “El 80”, como el presunto responsable- de confundir, de crear dudas en la sociedad -y en los grupos criminales contrarios-, una puntillosa revisión de los hechos puede llevar al esclarecimiento, por lo menos, de las falsedades de los videos, o cartulinas y mantas dejadas en distintos lugares de las ciudades, y en ocasiones, en el cuerpo de las víctimas fatales.

En aquella ocasión “El Diario-Juárez confrontó, con base en los archivos periodísticos, algunas de esas falsedades: En el interrogatorio a Mario Ángel González Rodríguez, éste aseguró que a los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea los mató ‘el comandante Chacón por instrucciones de la procuradora’. Importa destacar el homicidio del primero de éstos. De acuerdo con los archivos periodísticos, la persona que González Rodríguez identifica como ‘el comandante Chacón’ fue asesinado en febrero del 2008, nueve meses antes que el periodista Armando Rodríguez”.

Luego, en el video, Mario González aseguró que a Julio Porras, “presunto narcotraficante, lo mandó matar su hermana Patricia González, operativo en el que participaron Pedro Sánchez y Gonzalo González”, dos de los más señalados como de los mandos elevados del Cártel de Juárez, o de La Línea. Sin embargo, de acuerdo con el archivo periodístico, en octubre del 2008, Porras “fue detenido en Estados Unidos, está vivo y se encuentra en calidad de testigo protegido”.

Más errores, mentiras e imprecisiones. En el video, González afirma que a los integrantes de la comunidad de LeBaron los asesinó el Rikyn “Chavira”, cuando en realidad al que se le vincula a esos hechos es a Rikyn Escajeda, personaje detenido y acusado de esos homicidios, además de señalársele como uno de los jefes del crimen organizado en el Valle de Juárez.

Finalmente, al abogado Miguel Etzel Maldonado no lo asesinó un “comando de ministeriales” ordenado por la ex procuradora, como dice Mario González, sino una sola persona, que obedeció las órdenes, según las pesquisas hasta ahora efectuadas, por una persona relacionada “con La Línea”. (Nota del Staff, Diario, 26/X/10).

Ante una situación tan compleja, que implica el ejercicio, tanto de las libertades ciudadanas, como el de las tareas gubernamentales, especialmente las referentes a la procuración de justicia y la preservación de la seguridad pública y la libertad de expresión, Artículo 19 -la organización de periodistas-, en voz de su directora en México, Ana Cristina Ruelas, conminó al gobernador chihuahuense, Javier Corral, a asumir que las críticas e incluso “el discurso ofensivo” son parte de la democracia.

“Corral tiene que asumir que el discurso que le cuestiona, el discurso ofensivo y a veces hasta perturbador forma parte del debate democrático y él, como gobernador, tiene la oportunidad de utilizar los medios de comunicación social para fortalecer este debate, sin llegar al punto de intimidar o amenazar con demandar a periodistas y mucho menos utilizar el aparato del Estado para ir en contra de éste. Su posición como gobernador le obliga a garantizar el derecho a la libertad de expresión y esto significa reconocer que no todas las expresiones le tienen que ser favorables, así no funcionan las democracias y él no se puede aludir demócrata si no acepta la crítica, incluso la ofensa”. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario de Juárez, 11/XI/17).

A su vez, Balbina Flores, corresponsal en México de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, al abordar el señalamiento del vocero del gobierno estatal, Antonio Pinedo, cuando aseveró que El Diario, al difundir el video en el que acusan al gobernador Corral de proteger a un grupo criminal, se convertía en “portavoz del crimen organizado”, afirmó que “Hacer un señalamiento de este tipo desde una autoridad es muy peligroso, porque no sólo es un señalamiento, sino que se pone en riesgo a un medio y sobre todo en una zona donde se mueven muchos intereses no sólo políticos, sino del crimen organizado, y sabemos que no es un solo grupo sino varios”.

“Lo que dice es muy grave, casi que hay gente en El Diario involucrada con el crimen organizado. Lo único que hace es enrarecer más lo que está pasando en el tema de la violencia, además de propiciar que el mismo crimen organizado pueda atentar contra el mismo medio de comunicación o los reporteros”. (Ibídem).