Chihuahua, Chih.

El nombramiento de la morenista Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH), a fines de 2019, se convirtió en el emblemático  del modo con el que el presidente López Obrador concibe el ejercicio del poder, sin cortapisas, sin contrapesos, en el que los órganos autónomos deban funcionar según los dictados del inquilino de Palacio Nacional.

El organismo derechohumanista por antonomasia  se convirtió en una especie de oficialía partes para el oficialismo, en lo que fue su mayor aportación a la 4T: Haber avalado la profundización de la militarización en la seguridad pública, hasta esconder los ojos y los instrumentos a su alcance para consentir la inundación militar de la función pública federal, y no sólo en el ámbito policíaco.

Por supuesto que, como sucede en prácticamente todos los grupos políticos, se considera (en público, aunque frecuentemente se niegue en privado) que el compañero (a) designada «tiene los méritos suficientes, sin que para ello le obste su pertenencia política» y que, por tanto, ejercerá la responsabilidad de manera ejemplar.

Tal escenario es, notoriamente con más frecuencia    que la deseada, mayoritariamente contrario.

Con la presidenta de la CNDH no había espacio para equivocarse, era del conocimiento generalizado, en la academia, en la política y en los círculos derechohumanistas que llegaría trabajar por la causa presidencialista prácticamente sin desmayo.

Frente a ese escenario ¿Cómo es posible que un actor político -juarense- del primer nivel en la última década y media, Javier González Mocken, haya decidido postularse como aspirante a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos?

Presidente municipal suplente, alcalde interino en la parte final del gobierno de Enrique Serrano, luego aspirante a la alcaldía, por Morena, y ser derrotado por quien, ahora, también es morenista -Armando Cabada-, para, a continuación, buscarla por el PAN. Derrotado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar, fue acogido por la gobernadora Maru Campos en la Secretaría de Educación.

Renunciaría a ese cargo a principios de enero de 2023. Larga trayectoria pública tiene como fondo su militancia en el PRI durante casi medio siglo. 

Hoy pretende ser el ombudsman chihuahuense bajo el gobierno del cual formó parte a niveles tan importantes.

Debiera, parafraseando a Martí, haber un mínimo de contención en el mundo (en Chihuahua), tanto en el aspirante, como en quienes tienen la principal responsabilidad pública en la entidad, y en muchos morenistas, pues la aprobación de la lista de los aspirantes (entre ellas la de González Mocken) fue por unanimidad en la Junta de Coordinación Política del Congreso, en la cual participan, también, los representantes de Morena.

La aspiración, legítima por todo lo demás, es de contar con un ombudsman ajeno a los grupos políticos presentes en el momento, con una clara independencia, política y social del grupo gobernante, con el conocimiento del marco legal en el que debe actuar, la experiencia necesaria en la materia y conocedor de la legislación estatal, nacional e internacional de la aplicación y la defensa de los derechos humanos.

Y, con ello, dejar de lado la larga historia en la que las fuerzas políticas capturaban los organismos autónomos.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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