Chihuahua, Chih.
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La extinción de fideicomisos y el recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) que proponen el presidente López Obrador y los diputados de su partido es una venganza política, que afecta los derechos laborales de 55 mil 800 trabajadores y pone en riesgo la operación de juzgados y tribunales federales en todo el país, afectando con ello el acceso a la justicia de los mexicanos.
Lo anterior porque el recorte de 35% que pretende el Presidente obligaría a desaparecer 63% de los 449 juzgados de distrito; 60 % de los 300 tribunales colegiados y a prescindir del 35% de los trabajadores, circunstancias que impedirían el acceso efectivo a la justicia de los mexicanos que establece el artículo 17 constitucional.
Contrario a lo que afirman el presidente Lopez Obrador, su partido y sus diputados, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no son solo los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Poder Judicial de la Federación lo integramos 55 mil 800 mil servidores públicos, entre ellos se encuentran los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Magistrados del Tribunal Electoral, los jueces y los magistrados.
Somos casi 56 mil personas, que trabajamos los 365 días del año en juzgados, tribunales y unidades administrativas en todo el país para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y la protección de sus derechos frente a los abusos de las autoridades.
¿Para qué sirve el Poder Judicial de la Federación?
El presidente preguntó en su conferencia mañanera ¿para qué sirve el Poder Judicial Federal? Esta es nuestra respuesta:
El Poder Judicial de la Federación sirve para defender la Constitución y proteger a las personas del abuso de otras autoridades. Esa es su función.
Sirve para ordenar a las autoridades que otorguen a los ciudadanos los servicios que se niegan a darles, como el acceso a vacunas, a tratamientos médicos, a servicios de salud, de energía eléctrica, de agua, de educación.
Sirve para que las personas no sean privadas de su libertad de manera arbitraria y sin fundamento.
Sirve para brindar asesoría, representación legal y defensa a personas en reclusión, hablantes de lengua indígena, mujeres y familias de víctimas de feminicidio que carecen de recursos para pagar una defensa o representación legal adecuada. Ese trabajo lo realizan 862 defensores públicos y 280 asesores jurídicos, además de personal de apoyo, que atienden más de 60 mil asuntos cada año.
Sirve para evitar que las personas sean molestadas o despojadas de sus bienes, sino mediante un procedimiento justo en el que sean escuchadas y vencidas.
Sirve para resolver conflictos laborales, siempre con la obligación de velar por los derechos de la clase trabajadora.
Sirve para proteger por los derechos de las infancias en procesos judiciales en los que se litiga la patria potestad, la obligación de darles alimentos, educación y un entorno libre de violencia.
Sirve para vigilar que otras autoridades no realicen actos de discriminación contra las personas.
Es decir, el Poder Judicial de la Federación defiende los derechos de todos los mexicanos, sin distinción de partidos o creencias. El Poder Judicial de la Federación defiende a la gente. PARA ESO SIRVE.
Esta defensa de los derechos de los ciudadanos se realiza en 941 órganos jurisdiccionales y 555 órganos y/o unidades administrativas en todo el país, que solo durante 2022 recibieron y resolvieron más de un millón 300 mil asuntos, y se estima que en los últimos diez años se han resuelto MÁS DE 12 MILLONES DE JUICIOS, sin contar los procesos civiles y penales del orden federal, y son las siguientes:
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
▪ Pleno
▪ Primera Sala
▪ Segunda Sala
▪ 32 órganos y/ o unidades administrativas
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
▪ Sala Superior
▪ 5 Salas Regionales
▪ Sala Especializada
▪ 31 órganos administrativos y/ o unidades administrativas
Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
▪ 270 Tribunales Colegiados de Circuito (TCC)
▪ 39 Tribunales Colegiados de Apelación (TCA)
▪ 449 Juzgados de Distrito (JD)
▪ 41 Centros de Justicia Penal Federal (CJPF)
▪ 1 Centro Nacional de Justicia Especializado (CNJE)
▪ 93 Tribunales Laborales Federales (TLF)
▪ 8 Plenos Regionales de Circuito (PC), especializados en las materias penal, administrativa, civil y de trabajo.
▪ 492 órganos y/ o unidades administrativas
El presidente dice que somos una cúpula dorada con sueldos millonarios y que defendemos privilegios. Eso es mentira. Somos trabajadores especializados con una estricta formación. Para laborar en los juzgados, tribunales o en la Suprema Corte debemos tener, cuando menos, la licenciatura en Derecho, y estamos en capacitación y actualización permanente porque así lo exige la función que desempeñamos.
Es importante precisar que, por ley, no podemos realizar ningún otro trabajo remunerado ajeno a nuestras funciones en el PJF, las cuales exigen dedicación a tiempo completo. En caso contrario, podemos ser sancionados y sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa e incluso de tipo penal.
Además, la impartición de justicia está sujeta a plazos que deben cumplirse y es nuestra responsabilidad hacerlo. Por esta razón, en el PJF se labora en días inhábiles, como los feriados y fines de semana, con jornadas que en muchas ocasiones se alargan por un día completo.
Es por estas razones, y por el grado de responsabilidad que significa resolver sobre la libertad de las personas, sus propiedades, sus bienes y sus familias que requerimos un salario digno, el cual, contrario a lo que afirma el presidente no es un ingreso millonario ni un privilegio, sino que corresponde al grado de responsabilidad que se nos exige. Nuestros sueldos son públicos y nuestras prestaciones también. No ocultamos nada, ni son fruto de la corrupción, sino derechos adquiridos gracias al buen manejo del presupuesto del PJF, que ha tomado previsiones para garantizar a sus trabajadores una remuneración digna.
Los trabajadores también contribuimos para la integración de algunas de estas prestaciones con aportaciones propias, que se nos descuentan vía nómina, como es el seguro de retiro y el de gastos médicos mayores, una prestación que, por otra parte, también tienen los diputados federales, por lo que no entendemos por qué quieren eliminarla, reduciendo nuestros derechos.
También queremos aclarar que algunas de las prestaciones que se han atribuido a los Ministros son exclusivas de los trabajadores, y en apoyo a nuestra economía, porque, repetimos, la mayoría de nosotros no tiene sueldos millonarios como afirma el presidente.
La prestación para la compra de anteojos es para el personal operativo, no para jueces, magistrados y ministros, y solo cubre una parte del costo de los anteojos, que se adquieren bajo estricta prescripción médica.
El apoyo para vestuario es también exclusivo para el personal de menos ingresos, pues por el trabajo que desempeñamos se nos exige una buena presentación, y tampoco es un gasto millonario, pues no rebasa los cinco mil pesos por servidor público.
Sobre el gasto en utensilios de cocina, debemos aclarar que en algunos de los circuitos se ha logrado la instalación de comedores para los trabajadores, no como un privilegio, sino por la necesidad del servicio, que nos obliga a no alejarnos de los centros de trabajo para estar atentos a la llegada de promociones, nuevos asuntos y de personas que requieren nuestros servicios. El comedor no es un regalo, tiene un costo para los trabajadores.
Además de quienes realizamos funciones relacionadas con la impartición de justicia, también hay entre nosotros, los casi 56 mil trabajadores del PJF, compañeros de administración, de intendencia y los que dan seguridad a nuestras instalaciones, para garantizar también la integridad física de quienes acuden a ellas. Esos compañeros trabajadores también realizan actividades esenciales para la función de impartición de justicia. Ellos tampoco tienen sueldos millonarios y reciben las mismas prestaciones que hemos referido.
Ante lo reiterados ataques del presidente de la República en nuestra contra desde el inicio de su gestión, hemos sido prudentes y respetuosos, pero ya no podemos seguir guardando silencio ni cruzarnos de brazos .
El presidente quiere debilitar al Poder Judicial para tener sentencias a modo. Quere hacerlo asfixiándolo presupuestalmente, y no le importa afectar nuestros derechos y atacar nuestro trabajo y prestigio para lograrlo. Tampoco le importa que el recorte implique la desaparición de órganos de impartición de justicia y el despido de más de 15 mil trabajadores, cuyas familias resultarían afectadas.
Por todo lo expuesto, estamos aquí para decirle al Presidente: El Poder Judicial de la Federación no son 11 Ministros. Somos casi 56 mil trabajadores que estamos defendiendo nuestros derechos a un sueldo digno, a prestaciones mínimas, y a realizar nuestro trabajo sin presiones ni amenazas, como ordenan la Constitución, nuestras leyes y los tratados internacionales firmados por México y que obligan al Estado mexicano a garantizar la autonomía e independencia judicial.
Estamos aquí para exigir respeto a nuestro trabajo, a nuestros derechos y un alto a ataques al Poder Judicial de la Federación y a sus trabajadores.
No somos enviados ni manipulados por nadie.
En Chihuahua, hay 12 juzgados de distrito, 7 Tribunales colegiados, 2 Centros de Justicia Penal Federal y 3 Juzgados Laborales Federales y 2 administraciones (Chihuahua y Cd. Juárez) que emplean a más de 2000 mil personas directamente y generan ingresos indirectos.
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