Chihuahua., Chih

La gobernadora Maru Campos hizo una serie de pronunciamientos en su toma de posesión, que seguramente serán el eje central de su gestión.

Algunos de ellos, por ser de los asuntos más controversiales que atraviesan a la sociedad mexicana, levantaron -y levantarán- infinidad de discusiones y no pocas críticas. 

Imposible exigirle a cualquier persona que se despoje de sus concepciones ideológicas y políticas, mucho menos a quienes fueron elegidos a un puesto de elección popular pues seguramente una buena parte de quienes votaron por ellos lo decidieron con base en ese marco conceptual del nuevo gobernante.

Pero una y otros deberán tomar en cuenta la amplia diversidad de la sociedad chihuahuense, mostrada en los resultados electorales, que los obliga, por tanto, a gobernar en el marco de la misma, lo que equivale a llevar adelante, sí, sus pronunciamientos sobre la situación de la entidad, pero hacerlo sobre la base de lo que es común a todos.

Y esa característica es la otorgada por el marco legal, obligatorio para todos.

Por ello, los gobernantes, y no solo Maru Campos, están obligados a actuar dentro de un marco legal y jurídico, sino también, porque forma parte del legado que de a poco hemos ido construyendo, conforme a la experiencia acumulada en las distintas batallas y movimientos sociales emprendidos por los chihuahuenses en las últimas décadas, los que en algunos casos llegaron a obtener profundos cambios legales y en la asignación presupuestaria de los niveles federal y estatal, así como en la creación de diversas dependencias e instituciones.

Ahí podemos ubicar la creación de los organismos defensores de los derechos humanos, tanto los no gubernamentales, como los del Estado mexicano; el nuevo marco jurídico de los derechos de las mujeres; la abolición del anatocismo; la creación de los institutos de las mujeres, la de los organismos de transparencia, así como el de impulsar el derecho al acceso a la información pública (junto con los esfuerzos de muchos otros mexicanos); la libertad de matrimoniarse con la persona a la elección de cada uno; la creación de las fiscalías en contra de los delitos contra la familia y contra las mujeres, así como la contribución chihuahuense al logro de la despenalización del aborto, en el camino de obtener plenamente el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.

Bueno, en todos ellos hay toda una historia, de segmentos de la población de Chihuahua, que contribuyeron significativamente a cambiar el marco legal vigente, algunos de ellos elevadamente controversiales para otros sectores de la sociedad chihuahuense.

Bien harán los nuevos gobernantes no abonar a esa polarización, sin dejar de lado sus convicciones personales, las que, algunas de ellas, pertenecen estrictamente al ámbito personal, y gobernar en función de los enormes retos y rezagos existentes. No son pocos.

Hay dos tareas pendientes, en las que Maru expresó que su gobierno no se detendría mayormente, pero que no pueden soslayarse: 

La continuación de los procesos seguidos en contra del exgobernador César Duarte, asunto que, por ahora, está fuera del alcance de su gobierno pues se encuentra en manos de la justicia norteamericana, pero al que está obligada a asumir con la mayor imparcialidad posible, a fin de que los chihuahuenses quedemos lo más cerca posible de la verdad sobre ese lamentable -para muchos chihuahuenses- sexenio.

El segundo, es el esclarecimiento del manejo de los recursos puestos en manos del ex gobernador Javier Corral. 

No sólo dejó un batidero de obras inconclusas en las dos principales ciudades del estado, sino sobre el oscuro destino de miles de millones de pesos del presupuesto estatal, sin afirmar que los robó.

No, hay enormes vacíos en la información del destino de inmensas cantidades, cuyas cuentas no cuadran con las deudas, no solo las del gobierno del estado con la banca o los tenedores de bonos bursátiles de los fideicomisos carretero y fronterizo, sino también el de las deudas del gobierno estatal con distintas dependencias, organismos e instituciones -públicas y privadas-. 

Ya no se diga del adeudo a proveedores y el uso adelantado de las participaciones federales.

¿Qué le hicieron al dinero?

Está bien que esos dos temas no formen parte esencial de la actuación del gobierno de Chihuahua. 

Deberán dejarse en manos de la Fiscalía. 

Y de ésta sí deberán ser de las más importantes tareas, no por un ánimo revanchista, sino porque apropiarse de los recursos públicos, o administrarlos mal, sí son asuntos de los más importantes de la procuración de justicia, pues cualquiera que fuera el caso, finalmente redundan en una disminución de los recursos económicos que debieran emplearse en la satisfacción de demandas o servicios de los chihuahuenses.

Sí, tiene razón Maru Campos, ni perdón ni olvido, pero para los dos anteriores por igual, Duarte y Corral.

Hay un asunto en el que la administración campista sí está obligada a pintar su raya respecto de las dos anteriores: Los salarios de los más altos funcionarios y la finalización del derroche gubernamental.

Ambos, Duarte y Corral, cada uno en su estilo, son de los gobernantes emblemáticos del abuso y goce de los placeres otorgados por el ejercicio del poder. 

Maru está obligada a marcar un después.

Puede ser que disminuir los salarios de los más altos funcionarios no sea un ahorro significativo en el conjunto del presupuesto del gobierno estatal, pero hacerlo sí sería enviarle a los chihuahuenses el mensaje de de que se gobernará con la sensibilidad política que merecen.

¿Porqué no, por ejemplo, poner como el salario más alto de la administración pública estatal el salario -es decir, todos los ingresos recibidos en esa calidad- el percibido por los catedráticos de las universidades públicas de tiempo completo y con las mejores calificaciones (no nos referimos a las evaluaciones, sino a las prebendas obtenidas con base en su antigüedad, cursos, diplomados, maestrías, doctorados, etc.)?

¿Porqué deberán ganar más dinero que esos maestros universitarios los diputados de Chihuahua, o incluso los regidores de Juárez y Chihuahua?

Por otro lado ¿En dónde quedaron las rimbombantes declaraciones de los nuevos funcionarios públicos de Morena acerca de los “elevados salarios de los gobernantes”? ¿Dónde están aquellos pronunciamientos de disminuirse a la mitad sus percepciones?

Bueno, pues este es el momento de pronunciarse al respecto ya que el nuevo gobierno estatal deberá estar discutiendo el proyecto del presupuesto del año próximo y, también, a que Maru Campos -y otros gobernantes- se ha pronunciado por elaborar un presupuesto austero.

Unos y otros, panistas y morenistas, están obligados, lo hecho por las dos administraciones anteriores es indignante.

Pero esperamos propuestas serias y no vaciladas como la efectuada la semana anterior por Morena en el Congreso del Estado y aprobada por unanimidad: Propusieron una disminución del ¡10% en las percepciones de los primeros y segundos niveles de toda la administración pública estatal!

Para ello propusieron efectuar un “pacto de austeridad”. 

Es risible.

“El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, presentó una iniciativa de punto de acuerdo para la reducción de sueldos para diputados y funcionarios del Poder Legislativo y órganos descentralizados”. (Artículo de César Lozano/El Diario, 16 septiembre 2021).

El diputado del PAN, Luis Aguilar (ex Secretario de Desarrollo Social del gobierno de Javier Corral) adujo que la gobernadora “preparó una propuesta de ajustes” lo que precipitó la aprobación unánime de la propuesta del morenista, pero para unirla a la del Ejecutivo y ser procesada en la Junta de Coordinación Parlamentaria.

En ambas propuestas no está incluida la disminución de salarios del resto de los trabajadores y funcionarios de menor jerarquía burocrática.

La adopción de una rebaja considerable -en el sentido de lo propuesto líneas arriba, con la ventaja de que los salarios de los primeros niveles gubernamentales serían ingresos apetecibles a los profesionistas de elevadas calificaciones profesionales y académicas- sí podría generar a las arcas estatales ahorros significativos, por arriba del orden de los 50 millones de pesos anuales.

No son pocos.

Hacerlo de esa manera sí sería marcar un después.

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