Chihuahua, Chih.

Las consecuencias del pasado proceso electoral serán de larga data y de una enorme profundidad. Algunas de ellas impactarán de inmediato y otras no podrán apreciarse a cabalidad en los primeros meses posteriores.

Repercutirán, a querer y no, en casi toda la vida política de los mexicanos.

Es de tal magnitud el marrazo electoral propinado al sistema de partidos que los grupos gobernantes deberán efectuar, rápidamente, muy sesudas reflexiones. Por lo menos 17 gobernadores estarán obligados a pactar los presupuestos del 2019 con las bancadas de Morena pues en ese número de entidades triunfó el partido de López Obrador.

Por supuesto, no será lo único que tendrán que solicitarle les aprueben a los legisladores de izquierda.

Nunca había sucedido tal fenómeno, había ocurrido, sí, en el ámbito federal desde 1997, pero en los congresos estatales había sido un hecho aislado.

A ese número de legislaturas de oposición morenista se le agregarán alrededor de 3 a 4 más en las que, como la de Chihuahua, el partido del cual emergió el gobernante no obtiene mayoría legislativa, sino que serán primera minoría y, como aquí, una minoría muy pareja con Morena.

Ese hecho, más allá de lo ocurrido en el ámbito federal, debería llevar a los grupos gobernantes a reaccionar de manera absolutamente distinta a la previa pues perdieron las elecciones, que fueron, indudablemente, referendistas sobre el gobierno de Peña Nieto y el PRIAN, pero que también llevaron su carga de evaluación sobre los gobiernos locales.

Tal reflexión, se cree, debería haber sido la que presidiera la postura del gobierno de Chihuahua en el conflicto de la caseta Sacramento. Se puede agregar que debiera ser siempre la que se tuviera en los conflictos sociales, y no la que llevó a la actual administración estatal a confrontarse con los ejidatarios de Sacramento y los usuarios de la caseta ahí ubicada, a las afueras de la capital del estado; a reprimirlos, detener a una docena de vecinos de la caseta, entre los que iban hombres de la tercera edad y un adolescente de 15 años.

El conflicto tiene orígenes hasta ridículos.

Desde la instalación de la caseta de peaje de la carretera Chihuahua-Juárez, el gobierno estatal pactó no cobrarle a los vecinos (en aquellos años, 1988, prácticamente puros ejidatarios) el peaje. La razón es obvia, muchos de ellos debe efectuar viajes a la capital (ubicada a 30 kilómetros), otros trabajan en la ciudad.

Con el paso de los años la población alrededor de la caseta creció y más personas solicitaron ser incluidas en tal prestación que, otra vez obviamente, es de justicia incluir.

Pero a alguien se le ocurrió cambiar las reglas de tal acuerdo ¿Para qué?

Luego vino una larga temporada de discusiones entre representantes de los vecinos y el gobierno. El rompimiento de negociaciones, su restablecimiento y, finalmente, el acuerdo de elaborar un padrón.

Luego, en versión de los vecinos, el gobierno incumplió con el padrón y las credenciales, aquellos abren una brecha para eludir la caseta, el gobierno le pone gruesos barrotes de acero enterrados y bloques en ella. Los vecinos los quitan y llegan los policías reprimiendo, golpeando y deteniendo a la docena de personas.

Conocidos los hechos por la opinión pública, se abre la brecha y los vecinos transitan por ella.

Para justificar la acción, el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, alegó que se habían presentado “abusos” por parte de los vecinos, de ahí el operativo policial.

Explicación por demás chambona que esconde, en realidad, el verdadero motivo del conflicto, la pretensión gubernamental de echar abajo la exención del pago de peaje a los vecinos de Sacramento.

¿Alguien les puede decir a los ocupantes del Palacio de Gobierno que perdieron las elecciones, que la realidad política es otra, muy distinta a la del 30 de junio?

¿Alguien les podrá aconsejar que deberán actuar con mucha más sensibilidad política que la previa? ¿Que deberán reconvertirse?

¿Que antes de lanzar policías contra la gente deberán ser extremadamente tercos en buscar la negociación, el acuerdo, el convencimiento?

Sacramento es, solamente, una probadita; ojalá fuera el ejemplo del cambio de actitud del grupo gobernante en Chihuahua… hasta ahora.

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