Chihuahua, Chih.
Pintar las casetas de cobro de color azul fue, una de las ocurrencias iniciales de Javier Corral para que los chihuahuenses se identificaran con el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’. Pero inquieto, como lo es el gobernador, con el correr de los días optó -sin pudor ni vergüenza- por ‘pintar’ de azul también a los funcionarios públicos de las instituciones estatales (En el Poder Judicial incrustó a ‘Lucha’ Castro y en la UPN-ECH designó a Victoria Chavira).
Estas dos féminas, a pesar de ser reconocidas mujeres en el ámbito de los derechos humanos y de la educación, respectivamente; son dos personajes leales e incondicionales al gobernador ‘azul’ y que, por desgracia, son representativos de la imposición (amiguismo político) y de la arbitrariedad en el ejercicio de los cargos públicos.
En efecto, ‘Lucha’ Castro en su papel de ‘Atila’ de los magistrados y jueces; goza y disfruta la encomienda ejecutiva de ser el ‘terror de los jueces’. A su vez, Victoria Chavira, la aun Rectora de la UPN-ECH, exhibe sus miserias políticas al pretender colocar a más personajes azulados en los cargos de directores y del personal académico y administrativo de esta institución educativa, sin importarle violentar el principio del debido proceso.
Por desgracia, la Ley de la UPN-ECH es un ejemplo más de legislación anacrónica que aprueben los gobernantes en turno, con el único afán de tener el control político de sus directivos y son importarles, claro está, la autonomía de este centro universitario. Acreditemos esta afirmación:
Hoy en día, la UPN-ECH es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado y adscrito a la Secretaría de Educación y Deporte. Obviamente, el Rector es designado de manera unilateral y discrecional por el Gobernador, de entre una terna que le propone la Junta Directiva. El cargo de Rector es de cuatro años con la opción de ser ratificado, en una sola ocasión.
En lo relativo al gobierno de la UPN-ECH, la Ley consigna una aberración mayúscula que, por sí misma, anula la autonomía de este centro de educación superior. La máxima autoridad es la Junta Directiva, integrada por siete miembros: a) El Secretario de Educación y Deporte, quien la preside; b) El Secretario de Hacienda; c) A convocatoria del Gobernador, un representante de la UPN federal; d) A convocatoria del Gobernador, dos representantes de Instituciones Educativas no gubernamentales de nivel superior; y V. A convocatoria del Gobernador, dos miembros distinguidos del Sector Académico.
¿Qué le parece, amable lector? El máximo órgano deliberativo de la UPN-ECH controlado por una mayoría de ‘representantes’ designados por el Gobernador. Y eso no es todo, cinco de ellos son personajes externos y ajenos a la Universidad Pedagógica. Yo me pregunto: ¿Y la autonomía universitaria?
Y por si esto fuera poco, la vulneración al principio de la autonomía de los centros de estudios superiores es inconcebible en lo relativo a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la UPN-ECH: La Ley establece un órgano de vigilancia a través de un Comisario Público, quien es designado por el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las facultades y obligaciones del Comisario Público serán las previstas en las leyes aplicables respecto a la SFP. ¿A quién diablos se le ocurrió semejante aberración legislativa?
Lo anterior, es un claro ejemplo del desconocimiento (o desprecio) de los legisladores locales en materia de responsabilidad administrativa. En la Ley se plasma la siguiente ‘joya’ de técnica legislativa: “El Comisario Público evaluará el desempeño general de la UPN-ECH; realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, y en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la SFP le asigne”. A mi parecer, el Rector es poca cosa, comparado con el Comisario Público.
