Chihuahua, Chih.

En medio del pico más alto de la violencia, presente en la entidad desde inicios del 2016, y justamente cuando el país se introduce en una agria discusión, a causa de la presentación, primero, del Plan de Paz y Seguridad, propuesto por Andrés Manuel López Obrador y, segundo, la iniciativa legislativa, presentada por la legislatura de Morena en la Cámara de Diputados, que le da sustento legal al plan, la discusión en Chihuahua, a raíz de la desaparición y posterior asesinato del norteamericano, Patrick Braxton, y la conducta del gobierno de Javier Corral en este acontecimiento ha despertado más agrios comentarios.

Conocida la desaparición de Braxton, la respuesta gubernamental fue incomparablemente distinta a la asumida en los muy numerosos casos semejantes, ocurridos en los últimos meses.

Tan desproporcionada fue que motivó a que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, expresara que el despliegue que se hizo para localizar a Braxton “demostró que las autoridades reaccionan diferente si hay presión, además de la social”, por lo que se tiene que trabajar en mecanismos “que le den la misma importancia a todos los casos de desapariciones, ya que cada uno debe ser tratado con el mismo interés, ya que se trata de personas”. (Nota de Orlando Chávez, (El Diario de Chihuahua, 20/XI/18).

La exigencia de darle la misma importancia a todos los casos, y no solamente a aquellos en los que los gobernantes advierten posibilidades de que su imagen se perjudique, es un clamor creciente en la sociedad chihuahuense y obligó al Ombudsman a exigirle a la autoridad la aplicación de “criterios homologados en desapariciones”, porque, sostuvo, el asesinato de Braxton Andrews “demostró que cuando existe interés se pueden tener resultados”, pero, eso en cuanto a la búsqueda de los restos del norteamericano, pero de ninguna manera en lo que se refiere a la existencia de las mínimas condiciones de seguridad, que impidieran la presentación de casos como éste, pero que, en contraposición al esclarecimiento de otros casos y el hallazgo de infinidad de personas desaparecidas, prueba fehacientemente que existen dos varas para tratarlos, pues, a diferencia de otras familias, por lo menos, sostuvo Armendáriz, “en medio del dolor que enfrenta la familia Braxton, tienen la posibilidad de recuperar los restos del joven, algo que otras víctimas de las desapariciones no tienen”. (Ibídem).

Y hay diferencias, quizá se deba a las coincidencias que siempre ocurren, pero en la desaparición de Patrick Braxton y la eficacia mostrada por las autoridades contó extremadamente la participación de dos senadores norteamericanos, de manera semejante a lo ocurrido en un caso ocurrido más de una década atrás, cuando, con motivo de la desaparición y asesinato de la joven Vivis Rayas, fue acusada una pareja (Conocidos como “La Changa” y “La Cheyenne”) de haberlo hecho.

Debieron liberarlos, debido a que, primero, eran inocentes y, segundo, el padre de la joven acusada era el dirigente del Partido Republicano de su estado natal, en Estados Unidos.

La presión la sufrió el saliente gobernador, Patricio Martínez, y en el gobierno del entrante, José Reyes Baeza, fueron liberados, en lo que fue la excarcelación de todas las personas detenidas en el sexenio de Martínez, que eran, claramente, “chivos expiatorios” de los crímenes de mayor impacto ocurridos a fines de la última década el siglo pasado y los primeros años del presente.

La presión de la familia Braxton, como de los medios de comunicación y hasta la de los senadores de los Estados Unidos motivaron al montaje de un operativo de búsqueda de casi tres semanas, en el que, finalmente, concluyó con el hallazgo del cadáver, rodeado de infinidad de hechos a cual más de extraños, que no hacen más que reforzar la percepción ciudadana del posible imbricamiento de autoridades de distintos niveles de gobierno con el crimen organizado. Por desgracia.

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