Chihuahua, Chih.
¿Le cuento algo inaudito y me lo cree?
Por de quién viene, por suscitarse algo así en estos tiempos y porque se supone que un gobierno que pretende caracterizarse como “derechohumanista” no podría permitir este tipo de cosas. Sin embargo, en algo ya recurrente, hay personas víctimas de las omisiones del estado y éste, en el afán de no reconocer sus errores, las revictimiza una y otra vez.
Como Yesenia, que en marzo de 2015 llegó al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez en trabajo de parto, donde por fin tras 24 horas de espera fue ingresada y que tras una pésima valoración sufrió un desgarro que derivó en una fístula. Dada de alta, 3 días después, regresó 15 más tarde con fiebre, escalofríos, dolor vaginal, náuseas, vómito y dificultades para orinar, con un diagnóstico de infección en vías urinarias fue devuelta a casa.
Un par de días más tarde volvió con pus en la herida, fiebre y dolor intenso, a pesar de ello, se insistió en el diagnóstico. Tuvieron que pasar 24 días más para que el personal médico determinara un puerperio patológico tardío, complicándose con incontinencia fecal y comunicación recto-vaginal.
Su madre, al ver la gravedad de la situación la llevó a un hospital privado y ahí le informaron de la verdadera situación: el cuerpo de su hija estaba completamente infectado; las condiciones económicas que atravesaban la urgieron a trasladarla al Hospital General de Chihuahua.
Ahí le hicieron una colostomía y 15 días después le dieron de alta dejando pendiente una cirugía para cerrar la fístula. El procedimiento quirúrgico demoró 11 meses por carecer de la engrapadora necesaria para la intervención. La salud de la joven de 19 años se deterioró rápidamente en ese tiempo; la sepsis se hizo presente y tras una serie de complicaciones, el debilitado sistema inmunológico, el desgaste de sus órganos internos Yesenia falleció luego de haber exigido ser atendida 352 días por el mismo sistema de salud que la convirtió en una sistemática víctima de violencia obstétrica.
Su caso fue ampliamente conocido en la entidad, el “nuevo gobierno” de entonces -el de hoy- lo colocó en el mismo costal de todo el resto de agravios y asuntos pendientes cometidos por el duartismo, el que lleva la etiqueta: “esconder y olvidar”, mientras ondeaba la única bandera posible y carátula de la presente administración (ahora defenestrada por el comprobado escándalo al interior del Tribunal Superior de Justicia) el combate a la corrupción. No importaba, nada más, menos un caso, uno solo, de muerte materna por violencia obstétrica.
Guadalupe, madre de Yesenia consciente de que cualquier caso de muerte materna es perfectamente prevenible, pronto se vio inmersa en el periplo en que toda víctima que busca justicia tiene que recorrer: primero fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que interpuso un par de quejas, una contra el Hospital de la Mujer en Juárez y otra, contra el Hospital General, para ambos, la resolución fue que si bien, sí se había violentado su derecho a la salud pero que los elementos no eran suficientes para determinar la muerte materna.
La madre impugnó la decisión y logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinara que el personal médico no le otorgó a Yesenia la atención adecuada y omitió el diagnostico teniendo como consecuencia que no gozara de un tratamiento adecuado, además de que la Fiscalía de Chihuahua y la CEDH no habían investigado de modo adecuado.
Por eso la recomendación 28/2019 de la CNDH recomendó al gobernador Corral que junto a la Comisión de Atención Víctimas se realice reparación del daño a Guadalupe, a la pequeña Cristel y a la hermana de Yesenia, el estado también está obligado a las medidas de reparación y que sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.
Este suplicio que duró 3 años lo pudo vivir la decidida madre con el acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) quien con el litigio estratégico agotó favorablemente la ruta jurídica en medio de la permanente negativa del titular del ejecutivo en reconocer el caso y tratarlo como si nunca hubiera existido: jamás la recibió ni dio respuesta a ningún cuestionamiento sobre el caso.
Chihuahua, con los resultados documentados entre 2015 y 2017 alcanzó el cuarto nivel nacional de muerte materna, esto sobre todo por causas directas, lo que refiere a que se concitan durante el embarazo o en la etapa de cuarentena, todas prevenibles; estas representan una violación a los derechos humanos porque ocurren por fallas estructurales del sector salud y una cadena de omisiones con lamentable desenlace. Los municipios de mayor incidencia son Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Juárez y Chihuahua.
La de Yesenia resulta emblemática porque la serie de acciones constituidas como violencia obstétrica se dieron en un par de hospitales públicos que atienden al gran conglomerado de derechohabiencia estatal y eso habla del estándar de la atención brindada, porque lo que cabe cuestionarse son las normativas y protocolos de atención que se cruzan con deficiencias presupuestales y de capacidad hospitalaria. La negativa del gobernador Corral a dar vista y atención al caso se traduce también en cerrar la posibilidad de dar prioridad al cumplimiento cabal del derecho humano a la salud, no solo de mujeres, de todas las personas.
Equiparable con la tortura, los tratos crueles e inhumanos que recibió Yesenia son inaceptables en cualquier lugar del país porque es obligación del Estado mexicano garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y que se asegure de que el personal médico actúe bajo el marco de la ley en materia de atención del embarazo, parto y postparto.
Desde aquí me sumo al reclamo para que Guadalupe y a la pequeña Cristel hija de Yesenia, reciban la reparación del daño necesaria y que, desde ya, se implementen medidas que garanticen la no repetición.
marielacastroflores.blogspot.com
@MarieLouSalomé
