Chihuahua, Chih

“No se trataría de dar voz a los pueblos indígenas y escuchar sus opiniones, sino de garantizar que esa voz y esas opiniones tengan el peso que les debe corresponder en la toma de decisiones”: Guillermo Bonfil Batalla, Antropólogo Mexicano (1935-1991), ex director del INAH y Autor del “México Profundo”.

En los últimos días, el debate local y nacional ha estado copado por el eventual derrotero del INE y el proyecto de reforma electoral enviado al Congreso de la Unión por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Empero, el día de ayer, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, mandó al Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa –en forma de decreto- que propone la transformación de la Comisión de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI), en la Secretaría de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, dándole, así, al indigenismo una mayor prioridad dentro del organigrama de la administración local.

A este respecto, debo decir que, en teoría, me parece una muy buena propuesta. Durante muchos años, la cuestión indígena en el estado de Chihuahua ha estado relegada a un segundo plano, no obstante la importancia que detenta, tanto histórica como culturalmente. Y la propuesta estatal buscaría romper con este cartabón, por lo menos en el papel, pues de la intencionalidad a la operatividad existe un largo y sinuoso sendero. 

 

Resulta importante decir que ha habido intentos relevantes en el pasado por remontar esta situación. 

La creación de la otrora Coordinación Estatal de la Tarahumara, durante el sexenio del ex gobernador Fernando Baeza (1986-1992) fue con esa motivación: la atención a la población indígena a partir de una dependencia del gobierno chihuahuense. 

Durante sus casi treinta años de existencia, la Coordinadora (como era denominada) tuvo luces y sombras: si bien en un inicio se visualizó una visión más integradora, semejante a la que tuvo el extinto Instituto Nacional Indigenista (INI, hoy IMPI), con el tiempo estos afanes se pervirtieron: la dependencia terminó siendo dirigida por políticos, muchos de los cuales tenían poco conocimiento de las causas y la población a atender, llegando a priorizar el asistencialismo y la cuestión electoral. 

De tal suerte que la dependencia que tuvo un interesante origen y que buscaba una visión holística del desarrollo regional, terminó siendo un organismo descentralizado más, al servicio del aparato burocrático. 

Esto fue más notorio durante el gobierno de César Duarte, en el cual, aunque hubo una intencionalidad inicial de modificar algunas cosas (de ahí que la Coordinación cambiara su domicilio de Chihuahua a Guachochi), terminó pervirtiéndose con las prácticas mencionadas con antelación. 

Con esto no digo que la entrega de despensas o cobijas fuera innecesario, ya que es algo sumamente pertinente, más en esta región; pero otros puntos de la ley orgánica, que llevaron a la creación del organismo en 1987, fueron soslayados o llegaron a tener un bajo perfil, en detrimento del quehacer inmediato y de la impronta de los resultados rápidos.

Quizás debido a los antecedentes anteriores, el ex gobernador Javier Corral (2016-2021) decretó la desaparición de la Coordinación y su transformación en la Comisión de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI). 

Ahí, hubo varios cambios importantes. Para empezar, no fue nominado un político para dirigirla, sino una socióloga con amplio conocimiento del quehacer indígena, debido a su participación en ONGs y en luchas sociales; me refiero a María Teresa “Pety” Guerrero, quien ocupó dicho encargo durante toda la administración de Corral. 

Durante la gestión pasada, se retomó el concepto de desarrollo tal y como la ley orgánica de la extinta Coordinadora parecía haberlo consagrado. 

Se dejó del lado el mero asistencialismo y se hicieron consultas y asambleas comunitarias con diversas comunidades de la Sierra Tarahumara. Y, lo que es mejor, durante dicha gestión, la COEPI pasó a ver a los 4 grupos indígenas que habitan en el estado de Chihuahua: ralámulis, ódamis, guarijíos y pimas. 

Esto porque, hasta la gestión de Duarte, la gestión gubernamental había focalizado sus baterías en la atención de los tarahumaras (ralámulis) que son la etnia mayoritaria en la serranía y en el estado; pero habían dejado de lado la atención a los otros grupos que habitan en la entidad. 

Ello entrañó un gran avance que reconoció la pluralidad cultural del estado por vez primera, haciendo sujetos de derechos a las distintas etnias originarias de la entidad chihuahuense. Es importante destacar que el ex gobernador Corral envió una propuesta de ley indígena al final su administración (la cual, según El Diario de Chihuahua, contaba con el aval de la entonces titular de la COEPI, Pety Guerrero), la cual buscaba consagrar los derechos indígenas y transitar al reconocimiento de los mismos. 

Empero, por el tardío envío de la misma, al cierre de su gestión, la legislación quedó archivada, no obstante lo relevante de su propuesta, que hubiese merecido una discusión a profundidad (estas temáticas son complejas, como se puede visualizar).

Por otra parte, con la propuesta de ayer, la gobernadora María Eugenia Campos pretende dar un giro de 180 grados. 

Quizás viendo la compleja situación que se enfrenta en la serranía chihuahuense, no sólo en cuestiones de pobreza, sino en cuanto a seguridad y falta de oportunidades, la titular del ejecutivo estatal ha propuesto que la COEPI sea elevada al rango de Secretaría de Estado. 

Como mencioné al inicio de la presente colaboración, me parece una excelente propuesta. Los pueblos indígenas del estado merecen ser sujetos de derecho y tener una alta prioridad dentro de las políticas estatales, y la proposición de Campos discurre en esa materia. 

Máxime, cuando señala que busca darle vuelta al asistencialismo, dejando entrever, la dependencia en ciernes buscaría visualizar la problemática intrínseca a la Sierra Tarahumara, de una manera integral y no inmediata. Resulta valioso que se haya dado este golpe de timón luego del primer año de gobierno; el diagnóstico es claro: en la Sierra Tarahumara subyacen problemáticas actuales y ancestrales, las cuales encontrarán solución a través del concurso estatal. 

Y si esta es la manera de llevarlo a cabo, me parece perfecto. Sólo que, habría que apuntalar una cuestión: la extinta Coordinadora Estatal de la Tarahumara nació con una misión semejante y naufragó en los estertores del duartismo. 

Espero que, en esta ocasión, la eventual Secretaría de las Comunidades y los Pueblos Indígenas se trace metas a largo plazo que trasciendan el ámbito electoral. 

Sería una tristeza que “la historia se repitiera como farsa” (parafraseando a Marx). 

Empero, viendo el diagnóstico inicial, creo que la dependencia en ciernes puede tener un derrotero exitoso y no surgir como un “niño muerto”. Personalmente, le doy el beneficio de la duda. 

Ojalá todas las fracciones del Congreso apoyen esta iniciativa de la gobernadora. El bienestar del estado debe estar más allá de pugnas intestinas, colores o distingos partidistas, considero.