Chihuahua, Chih.

No obstante el fracaso de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia, Claudia Sheinbaum pretende darle una vuelta más a la tuerca de la militarización a la seguridad pública.

Claudia no sólo no puso distancia -hasta ahora- entre ella y el presidente López Obrador, sino que, incluso, respaldó la permanente iniciativa del tabasqueño por entregarle a las fuerzas armadas el total de la seguridad pública del país.

Dijo que seguirá «fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión». (Nota de Zedric Raziel, El País, 24/6/24).

Pretende entregarle al ejército la total responsabilidad de la seguridad pública. Será el eslabón final de lo que los presidentes mexicanos han intentado desde los lejanos tiempos del priista Luis Echeverría (1970-1976).

Todos -los priistas Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y el morenista López Obrador- le han añadido vueltas a la tuerca de la militarización de la seguridad pública.

Claudia Sheinbaum pretende dar el paso final, a pesar del más que evidente fracaso de tal estrategia, especialmente en el combate al crimen organizado. El que, conforme a los tiempos, se ha complejizado al incorporar nuevos ataques a las más diversas áreas productivas y sociales, y hasta en las migratorias.

En tal estrategia se abandonó cualquier enfoque de la visión de izquierda que pudiera aplicarse en tan complicado problema. 

AMLO aplicó la más regresiva de tales estrategias: Militarizar no sólo la seguridad pública, sino un más que abundante cúmulo de actividades de la administración pública.

Pero no es militarización, responden los morenistas.

Es de tal profundidad la regresión que sólo falta nombren a un militar como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para que ‘resuelva’ la profunda crisis de ese deporte.

Para que le aprobaran a AMLO, al inicio de su mandato, su propuesta, matizó de «civilidad» la creación de la Guardia Nacional. Al establecer que la GN debería quedar bajo un mando civil, el presidente obtuvo la aprobación por unanimidad.

Y, como en el caso de Fernández Noroña, no honró su palabra: 

En distintos momentos y con variantes intentó se aprobara a trasmano traspasarla a los mandos militares. 

Para evitarlo fue fundamental la postura de la mayoría de los actuales ministros de la Corte a los que acusó de «conservadores».

Tremenda paradoja: El presidente supuestamente izquierdista propone una reforma regresiva, conservadora; la Corte la rechaza y el mandatario los tacha de «conservadores».

La resolución de la SCJN respondió a una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores que impugnaron las reformas legales aprobadas en 2022, las que, en opinión de la Corte violaban el Artículo 21 de la Constitución, que establece que las funciones de seguridad pública deben estar separadas de las labores de defensa nacional.

La GN fracasó en la principal de sus responsabilidades, marcada constitucionalmente: En la prevención del delito y la disuasión del crimen, así como en la investigación de delitos.

Tiene la facultad primordial de actuar en la prevención del delito y llevar a cabo acciones para disuadir la criminalidad y colaborar en la investigación de delitos, principalmente aquellos relacionados con el crimen organizado y la delincuencia de alto impacto.

Los números son tajantes. La GN, en el combate a la incidencia delictiva, es un fracaso.

Cantaleta repetida por todos los que llegaron a la presidencia en este más de medio siglo, fue la de que los homicidios son responsabilidad del fuero común (de los gobiernos estatales).

En este sentido, Chihuahua es un buen ejemplo de tal fracaso, no solo porque, desafortunadamente, por lo menos desde principios de siglo ocupa, persistentemente, ocupa uno de los primeros lugares en homicidios, y porque su colindancia con los EU la hace una de las principales rutas en el tráfico de drogas, mercancías, vehículos, personas y migrantes.

Bueno, los homicidios sí son del fuero común, pero resulta que un elevado porcentaje de ellos le son atribuidos al crimen organizado (por varias razones, la de que los efectúan integrantes de bandas criminales, por el uso de armas exclusivas del uso del ejército, etc.) y, por lo tanto, de acuerdo con nuestras leyes -que todavía no cambian- deben pasar al fuero federal.

No son pocas, de acuerdo con diversas fuentes, un porcentaje considerable de los homicidios está vinculado con actividades delictivas de grupos criminales. Por ejemplo, en el histórico de 2008 a 2011, se reportó que aproximadamente el 58% de los homicidios dolosos en Chihuahua estaban relacionados con la delincuencia organizada. 

(1,16 mil 456 homicidios en Chihuahua desde 2008: Fiscalía estatal](https://www.animalpolitico.com/2011/11/16-mil-456-homicidios-en-chihuahua-desde-2008-fiscalia-estatal).

Luego, «El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que el 30% de los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, está relacionado al tráfico de personas… (y) que entre el 85 y el 90% de los homicidios dolosos ocurridos en Chihuahua están vinculados a las actividades de la delincuencia organizada». (Nota de FERNANDO REYES, El Heraldo de Chihuahua: 2023-09-12).

De la importancia del tráfico de armas da cuenta el hecho de que del total de los homicidios dolosos del 2023, mil 119 (67.6%) se efectuaron con armas de fuego.

Y a pesar de todas las acciones, federales y estatales, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional con 819 homicidios de enero a mayo. 

«Van 100 muertes violentas más que en mismo periodo del 2023… (además) Diez estados del país -entre ellos Chihuahua, que contabilizó 819 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, más de 100 que el mismo periodo del año anterior, concentran el 65% de las ejecuciones en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador…». (La redacción, El Diario, 2024-06-03).

Además, la consultora TeResearch dio a conocer que entre 2018 y lo que va de 2024, el estado de Chihuahua registró 14 mil 452 asesinatos, de los más de 185 mil que se han acumulado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador… (Ibídem).

Desde 2010, el estado de Chihuahua ha experimentado fluctuaciones significativas en los homicidios dolosos:

En 2010 se registraron más de 4,100 homicidios dolosos; en 2011 alrededor de 3,200; entre 2012 y 2014 hubo una tendencia a la baja, con un promedio de 2 mil a 2 mil 500 anuales; pero en 2015 y 2016 se registraron incrementos nuevamente, alcanzando cifras cercanas a los 2,500 a 2,700 homicidios.

En 2017-2019 la violencia repuntó, con alrededor de 3 mil homicidios anuales; 2020 cerró con aproximadamente 3,500 homicidios, según datos de INEGI. Entre 2021 y 2023 la tendencia continuó fluctuando. En 2022 se registraron cerca de 2,300 homicidios, y en 2023, el primer cuatrimestre ya había superado las cifras del año anterior.

Cosa semejante ocurre en el país.

Si tomamos como base el indicador más ilustrativo de la violencia en un país, el del número de homicidios por cada 100 mil habitantes, en el actual sexenio fue, en 2018 de 29; en 2019, 27; 2020, 27; 2021, 26; 2022, 25.2 y en 2023, 23.3.

No hay una baja sensible respecto de los elevados índices que el gobierno de Peña Nieto tuvo en los años 2017 y 2018, que fueron menores a los que INEGI reportó en 2023 (23.3) pues en 2013, el año completo del priista, fue de 19, en tanto que sólo en 2011 el índice de homicidios fue superior al de 2023, pues llegó a 24.

También se puede asentar que sólo tres años -2010, 2011 y 2012- se presentaron índices de homicidios semejantes a los del 2023, sin duda el año que muestra cifras parecidas a las peores del calderonato.

Así, la multimentada disminución «en la tendencia», argumentada por el presidente, no hay tal pues el índice en el sexenio se mantuvo por encima de la más alta de casi todos los años del sexenio de Peña Nieto y el de Calderón.

Con un agravante. En 2018 la Policía Federal contaba con 37 mil 293 elementos y ahora la GN cuenta con 130 mil, tres veces más y el sexenio terminará -antes de las cifras finales que INEGI informará a mediados del 2024- con 200 mil homicidios.

¿Cómo puede alguien ufanarse de esto?

-o-

ACLARACION.- Asistentes de la síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, nos informan que los gastos de su viaje no fueron a costa del erario municipal. En septiembre del año pasado, los regidores y ella viajaron a España a recibir unos cursos de capacitación.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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