Chihuahua, Chih.

El próximo miércoles llega a su primer año la administración estatal encabezada por Javier Corral.

Lo hace en uno de los peores momentos de inseguridad que vive la entidad desde el 2013 pues, de continuar la ola homicida como hasta ahora, el presente año seguramente superará a aquel en el número de víctimas mortales y en los índices, pues la cifra rondará arriba de los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Imposible abstraerse de una realidad que a pasos agigantados se convierte en desesperante, angustiosa, ante la cual los desatinos son increíblemente mayores y en la cual los señalamientos del gobernador Corral hacia los alcaldes de Juárez y Chihuahua son sorprendentemente tajantes.

El gobernador acusó al alcalde Armando Cabada de no contar con el gobierno estatal, con la coordinación “esperada” y a la alcaldesa Maru Campos, sin mencionarla, le señaló que debiera hacer su tarea, pues, sostuvo, los patrullamientos de la ciudad debe hacerla la “policía municipal” y que a ellos -el gobierno estatal- les corresponde investigar.

Pero no menos sorpresivo es que los desmentidos a los señalamientos del mandatario provengan, en el caso de Juárez, del Fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, quien aseguró que “La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene una buena coordinación operativa con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 27/IX/17).

No hay motivo a la duda: “… sin esa intervención Estado-Municipio, no se tendrían los resultados actuales en materia de prevención y combate al delito”. (Ibídem).

Cosa semejante ocurrió en Chihuahua capital, en la que el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, se lamentó de la supuesta postura de la alcaldesa María Eugenia Campos, de no querer la presencia de la Policía Federal en la ciudad, a lo que el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya, dijo que “… nosotros trabajamos en coordinación con la Policía Federal, es tanta la coordinación que hay un policía federal en nuestras instalaciones del centro de mando…”. (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 29/IX/17).

A su vez, la alcaldesa Campos “pidió más presencia y participación de la policía estatal” y pidió a “los mandos estatales y federales que apoyen en las labores de patrullaje en la ciudad, en específico por los últimos acontecimientos violentos, ya que prácticamente han dejado sola a la DSPM”. (Nota de Juan Carlos Núñez, El Diario de Chihuahua, 29/IX/17).

No había que esperar mucho por la respuesta. El gobernador Corral pidió que la Policía Municipal haga “su papel de patrullaje preventivo en la ciudad, mientras que las corporaciones estatales harán el suyo en la investigación y persecución del delito, ya que sólo con la coordinación y que cada orden de gobierno haga el papel que le corresponde, es como se va a garantizar resultados en el tema de la seguridad pública… El patrullaje corresponde a la Policía Municipal, no es de la Policía Estatal, ni Ministerial la labor de patrullaje…”. (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 29/IX/17).

¿Y entonces?

Presto a descargarse de las indudables responsabilidades que tiene al frente de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en el estado, y de la procuración de justicia, el gobernador Corral pidió que se mida “con la misma vara (de la crítica) a la federación”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 29/IX/17).

“No solo se debe juzgar la violencia que se vive en Chihuahua, sino que, hay que medir con la misma vara lo que se vive a nivel federal y así ver si las exigencias deben ser las mismas”, se justificó ante el alud de críticas por la creciente inseguridad, y especialmente por las cada vez más preocupantes matanzas ocurridas en los días recientes.

Todo ello en el primer aniversario de su gobierno, enmarcado por la realización de dos actos escenográficos. Primero, al enviar al Secretario de Gobierno a entregar al Congreso del Estado un balance anual de las actividades realizadas en ese lapso, sin que ello forme parte de las obligaciones, ni del Congreso, ni del titular del Poder Ejecutivo, pues desde mediados de 2015 se reformó la Constitución de Chihuahua para que el gobernador rindiera sus informes en la primera sesión del Congreso, que debe realizarse el 1 de marzo, y luego, celebrar un acto auto-laudatario en Palacio de Gobierno.

Pero tal ejercicio se ve empañado por la falta de resultados de su gobierno, a grado tal que la calificación que sus coterráneos le otorgan apenas rebasa el 5, de una calificación del 1 al 10, de acuerdo con los resultados de encuestas efectuadas por el mismísimo gobierno estatal, en las que se les pidió a los ciudadanos evaluar el desempeño de Javier Corral.

La caída es monumental, luego de emerger como un candidato triunfador y someter al PRI a la peor de sus derrotas, los yerros, las incertidumbres, las mentiras de quien ocupa la silla principal de Palacio lo han llevado a la actual situación.

Suena particularmente fuerte señalarle a un gobernante -más a uno emergido de un poderoso impulso democrático- que miente, duele más por la investidura que posee, pero, sin duda, existen hechos que así lo demuestran:

Prometió que quitaría las fotomultas y en una de sus primeras entrevistas televisadas (a Canal 28, medio que tiene la exclusividad de tales ejercicios, de tal dimensión que se evoca, sin poderlo evitar, los años en que Televisa gozaba de tal “privilegio” con el presidente de la república) intentó convencernos de las “bondades” de tal medida.

Prometió que no habría cuotas de inscripción en las instituciones de educación superior. Las que dependen del gobierno estatal, particularmente el Colegio de Bachilleres, las elevaron.

Prometió que no subiría el precio del transporte público. A trasmano, en la oscuridad, responsabilizándose el Secretario Jáuregui por la decisión, lo aumentó.

Dijo en la campaña que no subirían los impuestos y pagos de los chihuahuenses. Todo lo relacionado con el uso de vehículos fue aumentado; vamos, ahora hasta la tarjeta de circulación se cobra.

Prometió que no habría decomisos de vehículos “chuecos” y hoy es noticia permanente.

Prometió que ya no habría convenios (contratos) con los medios de comunicación y ahora no solamente los ha pactado, sino que lo hace con la misma política que tanto le criticó a Duarte, sólo que ahora cambiaron a los beneficiarios y la continuidad en las “igualas” (cantidades entregadas a los medios de comunicación sin que exista la compra de un servicio tangible, mensurable, como serían el número de spots, de planas o de anuncios electrónicos en las páginas digitales) a varios de ellos y sin que menguara la intención de desacreditarlos a todos.

Prometió la instauración de una época de pleno respeto al Estado de Derecho y a la división de poderes y lo que hemos visto es exactamente lo contrario, igual que en el sexenio anterior.

Igual que Duarte, se empeñó en colocar en la Auditoría Superior del Estado a uno de sus allegados, para que le revisara las cuentas públicas, para lo cual removieron inescrupulosamente a quien la ocupaba, funcionario que era, indudablemente, uno de los más cercanos al ex gobernador Duarte.

Igual hizo en el Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que existían procedimientos legales, legítimos, para remover de la presidencia de ese organismo a quien fuera colocado por Duarte, hizo que se nombrara a un magistrado supuestamente dependiente de él. Ahora circulan los rumores que se pretende efectuar un nuevo cambio para consolidar el control del gobernante en el Poder Judicial.

Luego sobrevendría el episodio de Lucha Castro, impuesta como integrante del Consejo de la Judicatura, a pesar de que, como antes, en el gobierno anterior, seis o siete de los ahora magistrados, los impuestos por César Duarte para “oxigenar al Poder Judicial”, no reunían los requisitos necesarios para desempeñarse en tal posición.

¿Y el episodio del Instituto Chihuahuense de Transparencia, cuando removieron ilegalmente de la presidencia a Rodolfo Leyva, sólo porque éste no aceptó nombrar al esposo de la muy poderosa Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos como secretario del organismo?

¿Y la toma de Palacio por la “familia” panista?

Es de escándalo ¿Cómo creer que de la noche a la mañana, esposas, hermanos, cuñadas, sobrinos, tíos, concuños y padrinos de los más connotados integrantes del gobierno de los primeros niveles encontraran trabajo en el gobierno de Chihuahua?

Es difícil saber en este momento, con datos creíbles, el incremento del gasto corriente (salarios y prestaciones) en el gobierno de Chihuahua, pero de que se elevó, sin duda, sin que hubiese el menor gesto, al inicio de la administración, de aplicar una drástica disminución de los salarios de los funcionarios de esos niveles.

No hay diferencia con quienes ocupaban esos mismos lugares en el sexenio anterior.

Todo ello en medio de una explicable carencia de recursos económicos, merced a la monstruosa deuda heredada por Duarte a los siguientes seis gobernantes de Chihuahua y una deficiente procuración de justicia, no sólo en los que se refiere al caso de César Duarte que ¡Por fin! ya tiene la etiqueta de extraditable, pero que se advierte con mayores deficiencias en el caso del resto de exfuncionarios detenidos, cuyas causas parecen detenidas por alfileres, para no hablar de la inmensa responsabilidad que tiene el gobierno de Corral en la investigación de los homicidios.

Sí, se necesita la coordinación; sí la policía municipal tiene la responsabilidad de la prevención; sí, el combate al tráfico de drogas es del gobierno federal, pero la investigación de los homicidios es plena competencia del fuero común y hasta ahora lo que tenemos es una ineficiencia que causa terror, empezando por el caso de la periodista Miroslava Breach, seis meses después sin resultado alguno.

Para el olvido el año transcurrido.

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