Chihuahua, Chih.

Planteada la discusión al amparo de la caravana de Javier Corral, el traslado de Alejandro Gutiérrez -el operador financiero del Comité Nacional del PRI- a un penal federal, es la viva imagen de las peores características de la mayoría de la clase política.

La controversia la escenifican dos de los actores principales del momento: El Secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Ambos le han mentido al país, casi sin atenuantes, y los dos incurren en una gravísima violación a la Constitución General de México, a los Códigos Penal, al de Procedimientos Penales y al debido proceso de cualquier imputado.

¿De dónde acá el secretario de Gobernación o el gobernador de una entidad sacan facultades para mover de un penal a otro a una persona sometida a juicio?

¿De dónde acá el Secretario de Gobernación puede pasar por encima de los derechos de un ciudadano? ¿Y lo mismo, el gobernador Corral?

Ambos funcionarios, y eso es lo grave, olvidan que Gutiérrez está bajo la jurisdicción de un juez de la ciudad de Chihuahua, lugar en donde se cometió el presunto ilícito y, por tanto, el acusado deberá ser encarcelado en un penal de esta ciudad, a menos que le solicite al juez que está “viendo” su causa, el traslado a uno de la ciudad de residencia, como lo señala el artículo 18 Constitucional.

Es decir, que los dos violan la división de poderes, transgreden la autonomía del Poder Judicial y se convierten, ambos, en representativos de lo que tanto han repudiado en sus anteriores cargos públicos, el de legisladores, en el que tanto exigieron que fuera respetada la autonomía y tanto abogaron por el cumplimiento del Estado de Derecho.

Se les olvida una de las máximas del “filósofo” de Rubio, Artemio Iglesias, quien decía, refiriéndose a las tareas electorales, que la “gente no son manzanas, para que las muevan como quieren, de un cajón a otro”.

¿En qué manos estamos que dos experimentados políticos, con una luenga carrera parlamentaria, se olvidan de reglas tan elementales de los derechos de los imputados y de los acusados?

Vamos, que sus equipos, en los que deben participar destacados jurisconsultos, olviden lo mismo y no sean capaces de asesorarlos y decirles que el asunto del traslado de Alejandro Gutiérrez están en manos del juez de su caso y, también, en la voluntad del detenido que, quizá, quisiera cursar su juicio ¡en Saltillo!

¿Cuál es la razón por la que “olvidan” semejantes reglas jurídicas?

Por una sola razón, la que argumentara recientemente Ignacio Manjarrez, expresidente de Coparmex Chihuahua y responsable nacional de este organismo patronal en materia de seguridad pública, que dijera que en Chihuahua no hay una división de poderes.

¡Vóytelas!

Bueno, pues le agregamos que tampoco en el país y el caso de Gutiérrez es viva muestra.

Más aún, el episodio muestra otra faceta que en el pasado no habíamos visto de manera tan tajante: La revelación de tantos acuerdos, pactados en el curso de las reuniones sostenidas entre ambos personajes, y ahora tan salvajemente violentados, hechos públicos y mandados al -perdonen la expresión- diablo por los dos.

¿Cómo creerles en adelante a quienes jugarán papeles tan importantes en el futuro inmediato -en el caso de Navarrete- y durante los próximos, por lo menos, cuatro próximos años?

Navarrete pidió el traslado del reo -por obvias razones, y alegando tortura en contra de él-; Corral accedió a ello, por eso un funcionario menor de la Fiscalía de Chihuahua expidió el documento; luego, Corral algo intuyó o supo y dio marcha atrás a la orden, no sin antes lanzar verdaderos obuses mediáticos en contra del gobierno federal que pretende, dijo, extender el “manto de impunidad y corrupción”, frases respondidas puntualmente por el titular de Gobernación, quien dijo saber de la existencia de “indicios” de tortura a Alejandro Gutiérrez y afirmó que Corral “no puede negociar políticamente” con el tema.

¡Increíble! Nunca había visto que un par de integrantes de la clase política mexicana faltaran tan flagrantemente a lo que es una regla de oro de cualquier negociación política seria: No cumplir los acuerdos pactados.

¡Ahora sí que estamos en una crisis de desfondamiento del régimen político!!

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