Chihuahua, Chih.

El gobierno de Maru Campos afrontará el próximo 20 de julio uno de sus más importantes retos, si es que gobernar Chihuahua no es un increíble reto, de por sí.

Ese día vence el plazo otorgado a los concesionarios del transporte público urbano concedido por la administración estatal para que presenten los camiones, ya sean nuevos, cumplan con el requisito de una antigüedad no mayor a los 10 años, o comprueben la adquisición mediante la orden de compra validada por la agencia distribuidora, o de lo contrario les serán canceladas las concesiones.

En ese plazo deberán sustituir todas las unidades con más de 10 años de antigüedad y contar con unidades nuevas, para las que el FIDEAPECH les habrá otorgado un programa de «financiamiento de anticipos para compras de unidades nuevas y otorgamiento de concesiones por 10 años a quienes adquieran unidades nuevas».

La Subsecretaría de Transporte contará, además, con un plazo de 6 meses, para realizar la evaluación del porcentaje de cumplimiento en la modernización de las unidades.

Maru empeñó la credibilidad de su gobierno en esta medida, a fin de autorizarles la elevación de las tarifas de la prestación del servicio a 12 pesos en las rutas alimentadoras y a 10 pesos en la Troncal, con un descuento del 50% para estudiantes, adultos mayores, discapacitados y etnias. 

Con toda seguridad habrá algunos incumplidos que recurrirán a la vía de los amparos para oponerse a la medida y seguir gozando de las tarifas acordadas a principios de abril del presente año.

¿Cuántos recurrirán a ello? Imposible saberlo, pero la derrota jurídica es cierta pues, al no cumplir sus unidades con lo señalado en la Ley del Transporte, los tribunales acreditarían que el gobierno estatal estaría efectuando actos dentro de sus facultades.

El problema estriba en saber qué tanto las autoridades se mantendrán en esa postura.

La elevación de las tarifas fue recibida con una notoria inconformidad por los usuarios.

Y si los otros problemas por los que atraviesa la actual administración no son menores -la inseguridad y la crisis de las finanzas públicas- el del transporte público urbano acarrea uno mayor, el del enfrentamiento al grupo de concesionarios mayores de este servicio, los que tradicionalmente han puesto contra la pared a todos los gobernantes anteriores.

Ahora bien, hay otro hecho cierto, el de que las tarifas, son notoriamente inferiores, no sólo por la inflación del presente año, sino porque acarrean un retraso considerable, pues desde el 2017 no se actualizan, pero la elevación de abril conllevaba -como en ocasiones anteriores- la aceptación y compromiso de los concesionarios a modernizar sus camiones y mejorar ostensiblemente el servicio.

Y esa modernización debe incluir, y no hay argumento válido, el servicio prestado a la industria maquiladora, en el que ofrecen, quizá, los camiones en peor estado y los modelos más atrasados.

Hasta ahora el argumento de que «no es negocio» les ha redituado a los empresarios, ante el cual salta el contrargumento válido de que si no fuera negocio, no estarían en él; así que o modernizan, o modernizan, de lo contrario, no sólo ellos, también Maru Campos estarán en un dilema: Si no hay modernización, pero sí la elevación de las tarifas, entonces, a lo mejor, y sólo como una hipótesis, aparecería la alternativa de prestar el servicio, así sea parcialmente, por medio de la reasignación de rutas para que el gobierno asuma algunas de ellas.

Hay otra opción, expuesta sobre todo por la diputación de Morena, la de subsidiar parte de la tarifa al público. 

Implicaría que los empresarios sigan recibiendo las tarifas actuales, pero obligaría al gobierno del estado a efectuar una revisión de la capacidad de las finanzas estatales para concretarla. De todos modos implicaría la modernización de los camiones y la eventual cancelación de las concesiones a los incumplidos.

Lo que ahora discutimos revela la magnitud del problema de la movilidad urbana pues más del 90% de las concesiones se concentran en Chihuahua y Ciudad Juárez, ciudades en las que el promedio de vehículos se acerca a dos por cada habitante ante la inexistencia de un adecuado sistema de transporte, sobre todo cuando las cifras de personas trasladadas por este sistema se comparan con las de otras ciudades.

Según Inegi, los sistemas de transporte público de la ciudad de Pachuca trasladaron a 1.5 millones de personas en julio de 2022, con una población aproximada de 400 mil habitantes.

A su vez, en el mismo mes, el sistema de transporte público de la ciudad de Querétaro transportó a 241.7 mil personas, con una población aproximada de 1 millón 100 mil personas, que podría explicarse porque un muy elevado porcentaje de la mano de obra es trasladado en transporte contratado por las empresas.

En tanto, en ese mismo mes, en la ciudad de Chihuahua se trasladaron 697.8 mil personas.

En comparación, en Juárez (2020), sólo el 9% de la población usaba el transporte urbano (camiones) para ir al trabajo, por el 16% que se trasladaba en camión de la maquiladora y casi la mitad (46.6%) usaba vehículo propio. (Información de Plan Estratégico de Juárez, A.C., 2021. Informe de Movilidad en Juárez 2021).

El gobierno de Maru Campos le apostó a todo lo alto. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, dentro del eje programático «número tres denominado “Ordenamiento territorial moderno y sustentable”, la nueva administración estatal se comprometió a alcanzar el objetivo de implementar (sic) un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos de la entidad». 

«Para ello, se prevé la estrategia de mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público, para lo cual se contemplan las líneas de acción consistentes en mejorar la calidad del transporte público en términos de servicio, seguridad, puntualidad y disponibilidad; así como contar con una flotilla de transporte público renovado».

Al momento de hacer una evaluación del avance en la compra de unidades nuevas, a 10 días del vencimiento del plazo, aparecieron los peores presagios: 

En la ciudad de Chihuahua «circulan 55 camiones nuevos, de los poco más de 500 circulantes», declaró Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno. Además, informó que son «más de 180 los camiones nuevos que ya fueron adquiridos y de los cuales se está a la espera de que los concesionarios reciban las unidades». (Nota de Fernando Reyes, El Heraldo de Chihuahua, 5 de julio 2023).

Por otra parte, según este mismo funcionario, se encuentran en trámite otros «30 créditos con el Fideicomiso Estatal Para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech)», los que consisten en un préstamo de 250 mil pesos para pagar el enganche. (Ibídem).

¡Menudo problema tienen los gobernantes de Chihuahua!

En la segunda parte del gobierno de César Duarte se incubó un importantísimo factor de su derrota en 2016, el del transporte en la ciudad de Chihuahua.

Creó el Vive Bus, cambió radicalmente las rutas hasta entonces existentes, estableció el pago por tarjeta -en las cuales, con frecuencia, desaparecían pequeños montos «5, 10, 20 pesos» que la gente acusó se los robaban-, el servicio empeoró terriblemente y la gente se desquitó en las urnas en 2016. 

Todos estos factores fueron parte importante de la derrota priista en 2016, no sólo por la corrupción que tanto explotó el candidato Javier Corral.

La inconformidad de la gente de la capital «contagió» a los de otras ciudades y se volvió imparable el rechazo a la continuidad del “duartismo”.

Y es que las autoridades estatales «identificaron los problemas “más sentidos” de los usuarios del servicio, entre los que ubicaron «el incumplimiento de horarios, rutas incompletas o bien el corte de lo que se denomina como “última vuelta”, lo cual ocasiona, además de las molestias naturales, tiempos de espera superiores a los 40 minutos y generan un gasto extra a los usuarios, quienes en ocasiones, se ven en la necesidad de pagar un taxi o bien caminar largas distancias durante la noche» y sin mencionar el escaso número de unidades asignadas a un importante número de rutas, lo que alarga las horas de traslado de miles de chihuahuenses y juarenses. (Comunicado Gobierno del Estado, 5/IV/23).

Más allá de los plazos a los concesionarios ¿Podrán revertir semejantes condiciones del transporte urbano de las urbes chihuahuenses?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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