Chihuahua, Chih.

En los años 2003 y 2009, EL DIARIO publicó dos artículos periodísticos de mi autoría, en los que denuncié la descarada complacencia del Gobierno Estatal para favorecer los mezquinos intereses de los concesionarios del servicio de transporte público urbano, en especial, en los municipios de Juárez y Chihuahua.

En ocasiones, cuando una problemática social es añeja, porque no se resuelve con el correr de los años, la crítica periodística se limita a una simple reproducción de los artículos publicados en aquellos años, con la correspondiente actualización de datos.

Recordemos que años atrás, EL DIARIO publicó varios reportajes en los que se acreditó la ostentosa vida de los concesionarios del transporte urbano: propietarios de residencias de lujo y vehículos de reciente modelo, con ingresos suficientes para educar a sus hijos en universidades privadas y hasta viajar al extranjero.

Además, constituye un hecho notorio que parte de las jugosas ganancias de los concesionarios de transporte urbano se destinan a cubrir los gastos de campaña del partido político en el poder. Y vaya Usted a saber, amable lector, cuantos exfuncionarios son concesionarios (con prestanombres) de este servicio público.

Demos un breve repaso a legislación en materia de transporte público urbano: La Ley de Transporte -aprobada en 1994 durante los primeros años del gobierno de Francisco Barrio- considera el transporte de pasajeros como un servicio público que debe satisfacerse de manera continua, uniforme, regular y permanente.

Asimismo, esta Ley establece que el servicio de transporte urbano podrá prestarse directamente por el Estado o por conducto de particulares “mediante el otorgamiento de concesiones, procurando el servicio adecuado y el mejor aprovechamiento de las vías de comunicación en beneficio de la sociedad”.

En cuanto a las características de los camiones, la Ley ordena que las unidades de transporte que se utilicen para el servicio colectivo de pasajeros “serán de modelo no anterior a 10 años y los automóviles de alquiler (taxis) a siete años, de fabricación nacional o internados legalmente al país.”

A pesar de ello, la evidencia cotidiana nos confirma que los camiones urbanos, son unidades chatarras. Y para ‘modernizarlos’, lo que hacen los concesionarios es cambiarle el cofre por otro de un modelo más reciente. En cuanto a los taxis, aún circulan cientos de unidades de modelos anteriores al 2010.

Pero lo viejo de las unidades es lo de menos; habría que destacar las pésimas condiciones en que prestan el servicio: destartaladas, asientos rasgados, vidrios rotos, asas oxidadas, sucios y muchos con olores fétidos… y pare usted de contar.

Por otra parte, la expedición de concesiones autoriza a los concesionarios a prestar el servicio como una especie de “monopolio fáctico”; lo anterior, ya que los ‘clientes’ están imposibilitados para obligar a la empresa concesionaria “a cumplir los parámetros de continuidad, calidad, eficiencia en la prestación del servicio”.

En consecuencia, resulta urgente legislar para introducir los “modelos de servicio público que emplean la calidad como principio”, erradicando así, la noción de que los usuarios sean tan solo ‘receptores del servicio’.

En otras palabras, debe erradicarse el concepto clientelar del servicio y mudar al de ‘ciudadanos-usuarios’, con plena autorización para exigir el cumplimiento de los parámetros de continuidad y calidad del servicio.

Así como también, para exigir que las unidades del transporte público sean unidades climatizadas, con asientos cómodos, con un máximo permisible de pasajeros. Y que las rutas cuenten con horarios preestablecidos y transferencia sin costo adicional.

A mi parecer, están dadas las condiciones para que el Gobierno del Estado revoque las concesiones y asuma directamente la prestación del servicio público de transporte urbano. Por desgracia, a Javier Corral (a) “El Inútil” le tiene sin cuidado la dignidad y el respeto de los chihuahuenses.