Chihuahua, Chih.

Nunca se va, ahí está, no nos deja, reaparece sólo para recordarnos que ese es un signo característico de la enorme debilidad institucional del país y de las gigantescas carencias en materia de procuración de justicia, fenómenos ante los cuales la incidencia criminal, la impunidad delictiva y la colusión oficial y policial son caras de lo mismo.

El último episodio de tal estado de cosas en la policía municipal de Juárez nos lo ofrecieron dos espectáculos dantescos, el del video en el cual unos policías municipales torturaban a un detenido, supuesto sicario, y luego el asesinato del elemento que, supuestamente, hizo circular las imágenes, esto último descartado por la fiscalía zona norte, sin embargo, la coincidencia de los hechos; además de los rumores en la dependencia llevan a pensar en lo contrario.

Pero lo anterior ocurrió en los días en los que las fuerzas criminales desataron una intensa cacería en contra de los policías estatales, incluso hasta en los centros de mando de la corporación. En todas partes, a toda hora, cuyo mensaje es diáfano y estremecedor: No tendrán reposo, ni protección en lugar alguno.

Todo lo anterior ya nos había ocurrido, la sociedad juarense ya conoce esta película de auténtico terror, sólo que ahora existe una enorme diferencia: A de la oleada 2008-2011 las fuerzas federales brillan por su ausencia.

Si en esos años quienes encabezaron las prácticas de tortura fueron las fuerzas militares, ahora son los polimunicipales.

Los resultados son los mismos: Se eleva el número de casos de personas torturadas, no se eleva el de los casos resueltos, al contrario, el involucramiento de policías con la delincuencia aumenta, por tanto, crece el número de hechos de sangre, de enfrentamientos, tanto, que empieza a afectar al resto de la sociedad en dos aspectos, centrales para la vida de la comunidad, el de que en los enfrentamientos caen víctimas no involucradas, ni en los hechos ni en las causas directas de las ejecuciones y, porque se eleva la incidencia delictiva de otros delitos, los cometidos por las bandas criminales en busca de mayores y crecientes fuentes de financiamiento ante los requerimientos de la guerra desatada.

Ante ello, la tortura aplicada por elementos policíacos es sólo una parte del problema, es su principal evidencia, porque pone bajo la luz pública, la salvaje colusión policial con las fuerzas del crimen organizado y el hecho de que estén involucrados altos mandos de la corporación, necesariamente debiera llevar a la autoridad municipal, primero, a poner un hasta aquí e iniciar una verdadera investigación y depuración de la fuerza municipal, sin duda fuertemente infiltrada por las bandas criminales, al grado que algunos de sus elementos fueron capaces de cometer los dos hechos criminales, centrales del comentario de hoy, la tortura y grabación al detenido y el asesinato de Miguel Ángel Salas López, segundo comandante del grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que, sin duda, devela un mar de corruptelas sin par al interior de la corporación.

Tal estado de cosas no puede dejarse de lado, debe iniciarse, de inmediato, una revisión de toda la fuerza policíaca municipal para aplicar todas las medidas correctivas necesarias, además de las sanciones a quienes hayan incurrido en alguna acción irregular.

Hacerlo es de la mayor urgencia, lo ocurrido en Acapulco recientemente no está tan lejano de nosotros, la intervención de las fuerzas militares, sustituyendo a la policía no es, en sí, negativo, lo malo es que refleja el grado de podredumbre a lo que llega una corporación municipal como para que sea relevada de sus funciones.

Lo anterior cobra vigencia, también, para las fuerzas estatales acantonadas en Juárez, los ataques sufridos por sus elementos, con saldos de varios heridos y muertos, es reflejo de la gravedad de la inseguridad en la entidad, ante lo cual, cuesta dolor decirlo, se advierte cuán poco se hace en esta materia.

El pasmo gubernamental da terror.

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