Chihuahua, Chih.

No, no se está oreando la vida pública del país, al contrario, estamos entrando a una especie de callejón oscuro en el que las fuerzas políticas y sociales se han desatado violentamente.

En esa vorágine, quienes conducen al país y al estado parecieran ir a contracorriente de lo que pudieran ser las principales preocupaciones de la mayoría de la gente.

Mientras el presidente López Obrador obtiene calificaciones aprobatorias del 56-58% de la gente, que encubren las que le otorgan en la mayoría de los asuntos públicos, en los que sale reprobado y sólo lo aprueban en la materia de educación, el gobernador Corral se encamina al término de su gestión caracterizada por una más que ineficiente política financiera y en una más que deplorable labor en la seguridad pública.

Y lo anterior, sin tomar en cuenta las gestiones de ambos en la conducta frente a la pandemia.

Además, como ocurre de manera permanente en las últimas dos décadas, la clase política, ajena a su entorno (salvo en los períodos electorales) se abstrae de la realidad y se enfrasca en duras luchas palaciegas por el control de las Cámaras, en el ámbito nacional y el estatal, sin que haya el menor respeto a las endebles regulaciones existentes, diseñadas para un régimen en el que solo existía una fuerza política y que panistas y morenistas no hah sido capaces de rediseñar. Solo se amoldan a esas viejas reglas, si los benefician, de lo contrario, casi hacen saltar en mil pedazos los recintos legislativos en una vergonzosa vendimia legislativa.

Y en esa inercia, la violación al marco legal se va convirtiendo en una especie de divisa a cumplir.

¿En qué se basa la Conagua para haber extraído decenas de millones de agua de las presas de Chihuahua para cumplir, en la versión del gobierno federal, los compromisos del Tratado de Aguas?

En nada, en la fuerza de la Guardia Nacional, enfrentados, ahora, gobierno y fuerza militar, a vasto movimiento popular, cuyas características rebasa el concepto simplista de que, para serlo, requiere estar integrado exclusivamente por individuos de las capas sociales más desfavorecidas de la sociedad.

¿En base a qué los diputados panistas se apropian de los órganos de gobierno del Congreso del Estado? En su fuerza exclusivamente. Ah! Pero también por la inexplicable aquiescencia de la mayoría de los legisladores locales de Morena que, en lugar de aportarle lustre a su causa -como se esperaba-, terminarán como uno de los peores grupos parlamentarios de izquierda en Chihuahua. ¡Y vaya que la competencia estaba muy reñida!

Incapaz de armar una denuncia sólida -si es que existían elementos- en contra del equipo duartista, el gobernador Corral ha optado por la vía de ordenar detenciones y resoluciones judiciales ajenas al marco legal existente.

¿En base a qué la mayoría de los ex funcionarios duartistas permanecen encarcelados, a pesar de todas las opiniones jurídicas que sostienen que, de acuerdo con los supuestos delitos imputados, todos deberían cursar sus procesos en libertad? 

¿No es una vergüenza para los miembros del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que sólo hasta que uno de los “prisioneros X” murió, pudieron los jueces del corralato resolver que podían seguir en prisión domiciliaria sus procesos?

¿Cómo puede reclamar al presidente López Obrador que el INE resuelva que en los estados de Coahuila e Hidalgo, en los que habrá elecciones, no se transmitan las conferencias mañaneras? 

¿A quién pretende engañar el presidente?

Del mismo modo, ¿Cómo se puede argumentar que se está en contra de enjuiciar a los presidentes y al mismo tiempo, en todos los espacios a los que tiene acceso, el presidente impulsa la consulta popular para que se les enjuicie?

¿Cómo puede haber semejante abandono de la conducta republicana? Si un exmandatario incurrió en la comisión de delitos, la Fiscalía General de la República está obligada a actuar de conformidad con la ley.

Si algunas de las dependencias y/o funcionarios del Poder Ejecutivo acceden a evidencias de las corruptelas del pasado, están obligadas a actuar, independientemente de las querencias del presidente. Se deben enjuiciar y para eso no necesita someterlas a consulta popular.

Igualmente, ¿Con base en qué facultades puede el INE hacer una encuesta para que Morena designe a sus dirigentes? ¿Con base en qué ordenamientos legales pudo el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ordenar que el partido en el gobierno elija a sus dirigentes de ese modo?

¿Sólo porque el presidente López Obrador así lo opinó?

¿Cómo puede el presidente de México incurrir en graves violaciones al marco legal con sus spots hablando del evangelio? ¿Dónde quedó el espíritu juarista?

¡Y todavía se enoja el presidente porque el INE, haciendo uso de sus facultades, ordena que no se difundan más esos spots!

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF