Juárez, Chih.

El largo relato de las tropelías e irregularidades descritas por prácticamente todos los integrantes del gabinete estatal, a través de las conferencias de prensa realizadas a lo largo de casi dos semanas, devela el verdadero desastre en que se encuentra el gobierno de Chihuahua, y el enorme desapego del ex gobernador César Duarte y sus colaboradores al marco legal, a la sana administración y a la sociedad chihuahuense.

No es la única información estremecedora, de los informes presentados se infiere -además de que en muchos casos ofrecieron datos concretos- la comisión de infinidad de faltas administrativas y de posibles delitos penales.

Quienes ahora gobiernan Chihuahua tienen ante sí descomunales retos. Tanto los que ellos mismos se impusieron, al ofrecerle a los chihuahuenses la aplicación de la ley para sancionar las corruptelas, así como el indignado reclamo de la mayoría de la población de castigar a quienes gobernaron tan mal a la entidad, es de una tal magnitud que por momentos muchos ciudadanos incurren en la desesperación por no ver el inicio de los procesos judiciales de quienes ante nuestros ojos cometieron infinidad de abusos.

Ni la autoridad deberá dejar correr el tiempo sin iniciarlos, ni la sociedad, por apresurar a los gobernantes, podrá exigir, ya, en los momentos que vivimos, la presentación de las denuncias que suponemos deberán hacer.

Una cosa deberá tenerse presente, el marco legal existente ofrece infinidad de recovecos para evitar que los gobernantes corruptos sean sancionados; además, la comisión de corruptelas y delitos en la administración pública suelen tener la connivencia de los integrantes de los poderes judiciales.

Afortunadamente este último aspecto -por lo menos en el ámbito federal- ha entrado en una tendencia contraria, -si se quiere melindrosa-, esto es, la de aplicar la ley con independencia de los titulares de los poderes ejecutivo estatales y el federal, lo que ha abierto algunas rendijas para que la sociedad tenga derecho a una cierta esperanza de que se aplique la justicia en estos casos.

De ahí la importancia de que las acusaciones se hagan con todo apego a la ley, sustentadas en infinidad de pruebas y evidencias que impidan la liberación de los presuntos responsables de ilícitos cometidos en la función pública.

Es lo peor que le puede ocurrir a la sociedad chihuahuense; algo que ocurre con mucha frecuencia, por desgracia, en el ámbito del derecho penal, que merced a las fallas en la presentación de los cargos en contra de presuntos responsables, son liberados por falta de pruebas, o por la inconsistencia de ellas, gracias al deficiente trabajo de no pocos fiscales.

Tal fenómeno no deberá presentarse en las acusaciones en contra de los funcionarios de la anterior administración estatal que hubiesen incurrido en la comisión de diversos delitos.

El gobierno de Javier Corral tiene esa enorme responsabilidad. No puede fallar en ella, su promesa de llevarlos a la cárcel fue, y probablemente no haya duda en ello, el factor principal para llevarlo a la silla principal de Palacio de Gobierno.

Desgraciadamente, uno de los primeros eventos -el de la remoción de Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia-, no abona en el sentido descrito líneas arriba, no tanto por el sentido de darle al tribunal la autonomía de la que ha carecido, sino por la violentación del marco legal existente con la burda intromisión de un poder -el legislativo- sobre otro -el judicial- igual que se hacía y se hizo antes.

La actuación del nuevo grupo gobernante deberá, no solamente ser justa, sino aparentarlo; deberá ceñirse estrictamente al marco legal, de tal modo que no haya margen a las diversas interpretaciones en las acusaciones que hará; está obligado; no será fácil hacerlo, el anterior tuvo 5 meses para intentar borrar los vestigios de las irregularidades.

Otro asunto a cambiar es el de los estratosféricos salarios de los funcionarios de los primeros niveles; ya lo abordaremos antes de que aprueben los presupuestos del año próximo.